La Comisión Chilena de Derechos Humanos (Cchdh) aseguró este martes que apoya la nueva propuesta constitucional de Chile, e instó a los ciudadanos a participar en el referendo previsto para el próximo 4 de septiembre.
A través de un comunicado, la organización no gubernamental reconoció los aciertos del proyecto de Carta Magna, donde los derechos humanos constituyen el fundamento del texto legal, que engloba garantías para todos los chilenos.
“El texto recoge los estándares internacionales de derechos humanos en materia de derechos laborales (derecho a huelga y negociación colectiva) y reconocimiento y derechos de los pueblos originarios, según las disposiciones de los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de los Pueblos Indígenas de la Organización de Naciones Unidas (ONU), suscritos y ratificados por Chile”, apunta la Cchdh en el informe público.
Declaración pública sobre el contenido de la propuesta de nueva constitución. pic.twitter.com/7RomkEtTLq
— Comisión Chilena de Derechos Humanos (@ComisionChilena) August 2, 2022
De esta manera, el país suramericano contará con una Ley de Leyes avanzada en correspondencia con los estándares globales relativos a los derechos humanos. en este sentido, la Cchdh resalta que la constitución dotará a los chilenos el privilegio de contar con una Defensoría de Pueblo, el Derecho a la Memoria, y aportará al Estado el deber de hacer cumplir y respetar los valores de justicia, verdad, reparación de daños, así como la garantía de no incurrir en las violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar en el pasado.
A partir de los anteriores fundamentos, el documento enfatiza en la importancia de que los chilenos asistan a las urnas.
“En consecuencia, siendo los derechos humanos un mínimo ético civilizatorio, cuyo respeto, debida protección y garantía deben ser la base fundante de toda convivencia democrática, constituye un deber ético concurrir a las urnas y aprobar el texto constitucional”, subrayó la organización.
La declaración de la Cchdh se emitió tras conocerse el lunes los resultados de un sondeo aplicado por Plaza Pública Cadem, que asegura que sólo el 38 por ciento de los chilenos aprueba el proyecto de Constitución que aspira a sustituir la vigente desde 1980, que fuera aprobada por la Junta Militar del entonces dictador Augusto Pinochet.
Nuestra Institución ha promovido desde su fundación, el establecimiento de una sociedad democrática que se funde en el respeto y garantía de los derechos humanos consagrados en las distintas fuentes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
El contenido de la propuesta de Nueva Constitución que será plebiscitada el próximo 4 de septiembre, -elaborada por una Convención Constitucional elegida democráticamente y dotada de plena legitimidad-, no hizo sino poner al día al Estado de Chile en el cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas producto de la suscripción y ratificación de los tratados internacionales de derechos humanos.
En efecto, el nuevo texto constitucional no hace sino aplicar el principio de Derecho Internacional pacta sunt servanda (lo pactado obliga), y adecúa la principal Ley del ordenamiento jurídico interno a la normativa internacional de Derechos Humanos a la que Chile se encuentra obligado.
Los derechos humanos pasan a ser el eje articulador del texto constitucional, y su respeto, debida protección y garantía, la columna vertebral del nuevo pacto social que se propone. Se establece de manera transversal y obligatoria el que todos los órganos y Poderes del Estado deben realizar su función con estricto apego al respeto de los derechos humanos.
El texto recoge los estándares internacionales de derechos humanos en materia de derechos laborales (derecho a huelga y negociación colectiva) y reconocimiento y derechos de los pueblos originarios, según las disposiciones de los Convenios de la OIT y la Declaración de los Pueblos Indígenas de la ONU, suscritos y ratificados por Chile. En materia de derechos sociales, no sólo los consagra formalmente sino establece la obligación de respetarlos y garantizarlos, según lo prescrito en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, poniendo término al Estado subsidiario y dando paso a un Estado Social y Democrático de Derecho. Además, consagra el derecho humano al agua, enfrenta debidamente el cambio climático estableciendo los derechos de la Naturaleza y su correspondiente Defensoría, avanza sustancialmente en materia de igualdad de género y las diversidades sexuales, resguarda debidamente los derechos de los adultos mayores y de los niños, niñas y adolescentes, junto con adecuar su texto a la Convención sobre Discapacidad.
Además, desconcentra el poder político, avanza hacia una efectiva descentralización y establece mecanismos que garanticen la participación de la ciudadana en la toma de decisiones, sentando las bases de una democracia participativa. Crea una nueva institucionalidad de Derechos Humanos, instituyendo la Defensoría del Pueblo, dejando atrás al Instituto Nacional de Derechos Humanos, el que se encuentra en una crisis terminal. Consagra el Derecho a la Memoria como un derecho humano y establece el deber permanente del Estado de hacer verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición por las violaciones a los derechos humanos pasadas y futuras.
El nuevo texto constitucional propuesto, se hace cargo así de las demandas mayoritarias expresadas durante el estallido social de octubre de 2019, a través de legítimas protestas de la ciudadanía que hicieron posible el proceso constituyente en curso.
En consecuencia, siendo los derechos humanos un mínimo ético civilizatorio, cuyo respeto, debida protección y garantía deben ser la base fundante de toda convivencia democrática, constituye un deber ético concurrir a las urnas y aprobar el texto constitucional el próximo 4 de septiembre. No hacerlo, retrasará la urgente paz social que el país mayoritariamente aspira, impedirá poner término a la transición a la Democracia, y al mismo tiempo, significará que el Estado de Chile seguirá incumpliendo sus obligaciones en materia de derechos humanos, incurriendo en responsabilidad internacional.
