Fue en una entrevista en el diario El País de España publicada el pasado 3 de junio que Joel Hernández, Relator para Chile de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), afirmó -entre otras cosas- que en nuestro país “no hay presos políticos”.
“La palabra presos políticos tiene una connotación específica: son personas que se encuentran detenidas en razón de sus opiniones políticas, religiosas y a las que se coarta su libertad en razón de ese posicionamiento personal (…) No hemos detectado que haya personas detenidas por el mero hecho de participar en la protesta (…) La CIDH no considera que existan presos políticos del estallido social”, fue específicamente lo que señaló.
Junto con ello, Hernández sostuvo que solo “cerca de 400 personas fueron afectadas, la mayoría con lesiones oculares”, durante la revuelta de octubre de 2019 por accionar de agentes del Estado.
Estas declaraciones han sido respondidas enfáticamente en nuestro país por abogados, defensores y organizaciones de DDHH, y familiares de víctimas de las violaciones a los Derechos Humanos, algunos de los cuales han pedido la remoción de Joel Hernández como Relator para Chile de la CIDH.
Por ejemplo, el abogado y coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Claudio Nash, sostuvo en entrevista con la radio de esa casa de estudios que Hernández “vuelve a confundir prisión política con presos de conciencia”.
Respecto a la cantidad de personas afectadas en el estallido social -400, según el Relator de la CIDH-, Nash enfatiza que “eso es un profundo error”. “Las denuncias ante el Ministerio Público son 10 mil 796. De estas, cerca de 500 solo corresponden a lesiones oculares, pero también existen denuncias vinculadas con tortura, con vejámenes sexuales, con detenciones ilegales y arbitrarias, e incluso situaciones que afectaron a niños, niñas y adolescentes, por lo tanto, la magnitud, el contexto de las violaciones, es más grave”.
Ante este escenario, el académico plantea que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “tiene que revisar su relación con Chile y eso implica cambiar al Relator respecto de Chile, ya que el Comisionado Hernández no está dando cuenta de mínimos aceptables desde el punto de vista de la legitimidad del control internacional respecto de lo que sucede en Chile”.
La misma posición expresaron en una columna en Radio Universidad de Chile los integrantes de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta y Yuri Vásquez, quienes sostienen que las afirmaciones de Hernández “revelan no solo un grave desconocimiento de la normativa internacional aplicable, sino también evidencian una grave contradicción con lo señalado por los informes emanados de los propios órganos del sistema interamericano del cual él forma parte”.
En ese sentido, explican que “la única definición normativa sobre prisión política en derecho internacional es la Resolución 1900 del 3/10/2012, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa”, que entre las condiciones para que una persona privada de libertad sea considerada como ‘preso político’ menciona lo siguiente: “b) si la detención ha sido impuesta por razones puramente políticas, sin conexión con cualquier delito; c) si, por motivos políticos, la duración o las condiciones de la detención están claramente fuera de proporción con el delito por el cual la persona ha sido declarada culpable, o presuntamente responsable; d) si, por motivos políticos, él o ella son detenidos en forma discriminatoria en comparación con otras personas; o, e) si la detención es el resultado de procedimientos que fueron claramente injustos y ésta parece estar relacionada con motivos políticos de las autoridades”.
En tanto, un total de 83 agrupaciones, movimientos, presos políticos, corporaciones, asambleas, abogados, observatorios, brigadas de salud y familiares de víctimas de la represión, entre otros, firmaron una carta dirigida a las autoridades chilenas y de la aludida Comisión, en la que igualmente rechazan lo afirmado por Joel Hernández.
En la misiva se vuelve a insistir en que “la propia Fiscalía Nacional certifica la existencia de al menos 10.796 denuncias de víctimas de delitos originados en violencia institucional y solo la Fundación Movimiento Salud en Resistencia aportó a la Fiscalía Centro Norte fichas por atenciones de, al menos, 1400 víctimas”.
“Estas declaraciones son preocupantes, peligrosas y contrarias a los principios básicos de los DDHH y el rol de la CIDH”, añaden los firmantes, enfatizando que “en Chile sí hay presos políticos”. “Las diversas absoluciones pronunciadas por los tribunales respecto de jóvenes que permanecieron años privados de libertad evidencian que su extensa prisión se debió al hecho de que estaban participando de la protesta social, hecho que no menciona el Relator”, argumentan al respecto.
En esa misma línea, en la carta se menciona también la Resolución 1900 del Consejo Europeo citada anteriormente, destacando sobre aquello que “la duración desproporcionada y discriminatoria de las prisiones preventivas, el gobierno como querellante, métodos ilegales de investigación, torturas y malos tratos en la detención, son algunas de las situaciones que se comprueban en el caso chileno”.
“Las afirmaciones de Hernández no solo son contrarias a la realidad de la criminalización de la protesta en Chile, sino que contrarias a los estándares básicos en DDHH”, concluyen, advirtiendo que “no participaremos de ninguna propuesta de mecanismo conjunto con la CIDH, mientras él permanezca en ese cargo”.
Fuente de la nota: La Voz de los Que Sobran
La carta completa, a continuación:
CARTA ABIERTA A LAS AUTORIDADES CHILENAS Y A LA CIDH ANTE LAS DECLARACIONES DEL COMISIONADO JOEL HERNÁNDEZ GARCÍA, RELATOR PARA CHILE
Señores y Señoras:
Gabriel Boric, Presidente de la República;
Marcela Ríos, Ministra de Justicia
Representantes de DDHH:
Tania Reneaum, Secretaria Ejecutiva de la CIDH
Julissa Mantilla, Presidenta de la CIDH
En días recientes, Joel Hernández, relator designado para Chile por la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH), ha sostenido, luego de un año de sus anteriores expresiones en contra del derecho a la protesta en Chile, que en el contexto del Estallido Social “cerca de 400 personas fueron afectadas”, cuando la propia Fiscalía Nacional certifica la existencia de al menos 10.796 denuncias de víctimas de delitos originados en
violencia institucional y sólo la Fundación Movimiento Salud en Resistencia aportó a la Fiscalía Centro Norte fichas por atenciones de, al menos, 1400 víctimas.
Adicionalmente, el Relator sostuvo que “la CIDH no considera que existan presos políticos del estallido social”, pues en su opinión “los presos políticos son personas que se encuentran detenidas en razón de sus opiniones políticas, religiosas y a las que se coarta su libertad en razón de ese posicionamiento personal”.
Consideramos estas declaraciones preocupantes, peligrosas y contrarias a los principios básicos de los DDHH y el rol de la CIDH, por lo que nos vemos en la obligación de responder a las siguientes preguntas:
1.- ¿Es verdad lo que dice el relator de la CIDH?
No. En Chile sí hay presos políticos. Las diversas absoluciones pronunciadas por los tribunales respecto de jóvenes que permanecieron años privados de libertad evidencian que su extensa prisión se debió al hecho de que estaban participando de la protesta social, hecho que no menciona el Relator.
Además, persiste en Chile la prisión política de Mapuche, anarquistas, antifascistas y personas sin militancia. El tratamiento que les da el Estado, identificándolos como una amenaza política en contexto de inestabilidad social, es literalmente “coartar su libertad en razón de ese posicionamiento personal”, lo que contrasta con personas responsables de graves crímenes, incluso condenadas, y que no experimentan prisión alguna como los condenados por delitos de lesa humanidad beneficiados con media prescripción o el asesino de Ángela González, quien fue asesinada mientras gritaba “libertad a los presos por luchar”.
Por otra parte, la definición del Relator, la misma que ha tratado de instalar insistentemente el Estado tanto en el gobierno de Piñera como en el de Boric, es la definición de Preso de Conciencia.La Resolución 1900 del Consejo Europeo (que sirve de sustento en las cortes expone 5 situaciones que configuran la condición de Preso Político.
La duración desproporcionada y discriminatoria de las prisiones preventivas, el gobierno como querellante, métodos ilegales de investigación, torturas y malos tratos en la detención, son algunas de las situaciones que se comprueban en el caso chileno.
Las afirmaciones de Hernández no sólo son contrarias a la realidad de la criminalización de la protesta en Chile, sino que contrarias a los estándares básicos en DDHH.
2.- ¿Por qué miente el Relator?
Porque la narrativa oficial ha optado por el negacionismo, cerrando el tema de los presos políticos y volviendo a la gobernabilidad securitaria con militares, policías y parapolicias, criminalización de la protesta social y gestos inflados y vacíos al ecologismo, feminismo y diversidades sexuales como prueba de blancura en DDHH, mientras las víctimas (incluidos quienes fueron arbitrariamente privados de su libertad), son excluidas, silenciadas, invisibilizadas, relativizadas y finalmente negadas.
En Chile sí existen presos políticos, la CIDH lo sabe y su Relator lo niega, vulnerando con su actitud negacionista el derecho a la verdad no sólo de la sociedad chilena en su conjunto, sino de la región, reforzando la impresión de una decisión política panamericana de denunciar violaciones de DDHH exclusivamente en los países que se han retirado de la OEA.
Es deber de toda persona e institución defensora de DDHH, hacer lo que esté a su alcance para denunciar y exigir la libertad de quienes ejercieron las acciones de protesta que contribuyeron al mayor cambio político en los últimos 30 años, y por esa razón son
castigados.
El negacionismo es en sí mismo una vulneración de derechos fundamentales que estigmatiza y revictimiza, por ello a un año de nuestro anterior reclamo, como parte de la sociedad civil chilena, exigimos que Joel Hernández no continue como relator para Chile.
Sostenemos que no participaremos de ninguna propuesta de mecanismo conjunto con la CIDH, mientras él permanezca en ese cargo.
Por la Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición,
1. Movimiento Salud en Resistencia (MSR)
2. Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD)
3. Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP)
4. Benjamin Espinoza, preso político de la Revuelta, absuelto.
5. Cristian Cayupan, preso político de la Revuelta en Colina 1.
6. Francisco Hernández, preso político de la Revuelta en Colina 1.
7. Nicolás Piña, preso político de la Revuelta con firma semanal8. Grupo de apoyo a presos políticos (GAPP)
9. Coordinadora Víctimas de Perdigones
10. Agrupación de Familiares y Amigos Asesinados desde el Estallido (AFAAE)
11. Red Internacional de Apoyo a los Presxs Políticxs en Chile (RIAPPECH)
12. Londres 38, Espacio de Memorias
13. Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU)
14. Defensoría Popular
15. Agrupación de Familiares de detenidos desaparecidos de Chillán
16. Agrupación de familiares de Ejecutados Políticos y detenidos desaparecidos de Talca
17. Agrupacion de familiares de Ejecutados Políticos y detenidos desaparecidos de Valparaíso
18. Agrupación de familiares de Ejecutados Políticos y detenidos desaparecidos de Osorno
19. Agrupacion de familiares y amigos de ejecutados y detenidos desaparecidos de Atacama
20. Agrupacion de familiares de detenidos desaparecidos de Concepción
21. Agrupacion de familiares de Ejecutados Políticos y detenidos desaparecidos de la Araucanía
22. Agrupacion de familiares de Ejecutados Políticos y detenidos desaparecidos de Iquique y Pisagua.
23. Agrupación de Usuarios Prais y DDHH Iquique Tarapaca.
24. Cordón 5ta Regiónpor la libertad de lxs presxs políticos de la Revuelta y Mapuche
25. Dirección Nacional Agrupación Naciónal de Ex Presas y presos políticos de Chile (AnexPP)
26. COMISION ETICA CONTRA LA TORTURA
27. CINTRAS, centro de salud mental y derechos humanos
28. Observatorio de DDHH por el Cierre de la Escuela de las Américas
29. Colectivo Cine Forum de Valparaíso
30. Fundación Henry Dunant
31. Federacion Nacional de Organizaciones de Asistentes de la Educación Pública (AEFEN)
32. Mujeres por Justicia Contra la Impunidad.
33. Izquierda Libertaria
34. Colectivo de Familiares de Rodriguistas Caidos.
35. Comité por un Chile Digno, Noruega
36. Equipo de defensa jurídica de Mauricio Hernández Norambuena.
37. Preuniversitario Rafael Maroto, Educación & Liberación
38. Defensoría DDHH V Región
39. Grupo de Memoria Renca de Pie
40. Escuela Permamente PRAIS
41. Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Chile
42. Brigada de Salud Cruz Negra, Temuko.
43. Club Social y Deportivo Carlos Godoy Echegoyen, Independencia
44. PLR Chile
45. PlR Americalatina
46. Plataforma de derechos humanos para el Buen Vivir47. Red Nacional de Colaboradores de DD.HH.
48. Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT)
49. Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES)
50. Asamblea feminista de mujeres y disidencias, Yungay
51. Círculo de mujeres resistentes ‘Maria Loreto Castillo’, Pudahuel
52. Tierra y Libertad para Arauco, Francia
53. Paola Palomera, madre de preso político de la Revuelta y defensora de ddhh
54. Cristian Gonzaléz, padre de Ángela González mujer autoconvocada de colina asesinada en protesta
55. Natalia Pérez, viuda de Alex Núñez asesinado por Carabineros en protesta social
56. Tania Parada, pareja de Jordano Santander preso político de la Revuelta condenado en San Antonio, defensora de ddhh
57. Carolina Rojas y Ramiro Vera, padres de Martina, víctimas del caso Vera Rojas vs Chile
58. Marusella Mallea, AFAE
59. María Antonieta Santibáñez García .Profesora de Lenguaje de Enseñanza Media. Colegio Jacques Cousteau. Madrina de Francisco Hernández, preso político de la revuelta.
60. Tribunal International d’opinion – Affaire département Sud de Bolivar – Colombie
61. Front Populaire de Turquie.
62. SKB femmes socialistes de Turquie.
63. Rete di Comunisti.
64. Campagne Unitaire pour la Libération de Georges Abdallah.
65. Karinna Fernández, abogada defensora de DDHH
66. Alberto Espinosa, abogado
67. Cristian Cruz, abogado de DDHH
68. Fernando Leal Aravena, abogado de DDHH, Litigante de Convencionalidad
69. Pablo Moya. Dirigente FENATS Nacional Merropolitana.
70. Manuel Valenzuela, Presidente AEFEN
71. Marcela Aedo Rivera, abogada, Prof. U de Valparaíso
72. Yerko Scheihing Sepúlveda, abogado de DDHH, Coordinador del Área Jurídica de la ADDH
73. Ximena Chamorro, abogada y asesora parlamentaria
74. Jose Miguel Guzmán, Director de CINTRAS
75. Paulina Cartagena, Segunda Vicepresidenta Colegio de Profesoras y Profesores de Chile
76. Macarena Aguiló Marchi, Cineasta
77. Miguel Retamal Maureira, Pdte Agrupación Naciónal de Ex Presas y presos políticos de Chile (AnexPP)
78. Marcela Suarez Bastías, Miembro de Cabildos Constituyentes Vinculantes.
79. María Paz Grandjean. Actriz y sobreviviente de violación de DDHH
80. Jairo Merchancano – Paris – Francia
81. Natacha Monroy Rodriguez.
82. Georges Louis.
83. Dominique Rebeix.