Por Absalón Opazo, El Ciudadano.
Desde el organismo recordaron que «tal como señala expresamente la comunicación del Fiscal de la Corte Penal Internacional, la decisión de no abrir examen preliminar no es definitiva y puede ser reconsiderada a la luz de nuevos hechos o nueva información».
A través de un comunicado, la Comisión Chilena de Derechos Humanos informó que remitieron nuevos antecedentes ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, consistentes en dos informes de seguimiento a las recomendaciones efectuadas a raíz de las graves violaciones a los Derechos Humanos constitutivas de crímenes de lesa humanidad, ocurridas a partir de octubre de 2019 en Chile.
Los informes fueron realizados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). Para la Comisión, ambos documentos «permiten establecer que las autoridades chilenas no han destinado esfuerzos para impedir y prevenir la nueva ocurrencia de una mayor violencia y abusos, ni que se haya buscado la rendición de cuentas por las violaciones y delitos cometidos, existiendo una manifiesta falta de voluntad en generar dichas condiciones».
En este punto, recordaron que «tal como señala expresamente la comunicación del Fiscal de la Corte Penal Internacional, la decisión de no abrir examen preliminar no es definitiva y puede ser reconsiderada a la luz de nuevos hechos o nueva información, y es en ese sentido, que la Comisión Chilena de Derechos Humanos envió estos nuevos antecedentes, y seguirá enviando información pertinente a objeto de lograr que se inicie una investigación formal ante la Corte Penal Internacional, que impida la impunidad de los graves crímenes contra los DDHH cometidos por los actuales gobernantes».
«Creemos firmemente que las conclusiones y constatación de incumplimientos de las recomendaciones pueden despejar cualquier duda respecto a que los actos cometidos por agentes del Estado en Chile forman parte de un ataque dirigido contra la población civil, que se ejecutaron de conformidad con una política del Estado para cometerlos, y que además dicha política se ha mantenido en el tiempo para asegurar la impunidad de dichos agentes, y sobre todo, de los jefes civiles y militares», añadieron desde la Comisión.
Lee el comunicado completo a continuación:
Fuente de la nota: El Ciudadano.