Políticas públicas y mujeres rurales: La prohibición internacional de retroceso en la protección social

Las mujeres rurales desempeñan un papel fundamental en la producción de alimentos, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo de sus comunidades. Sin embargo, enfrentan mayores barreras para acceder a la tierra, el trabajo, el crédito, la educación, la salud y la participación en la toma de decisiones.

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), ratificada por Chile, dedica su artículo 14 específicamente a las mujeres rurales, obligando a los Estados a adoptar medidas concretas para garantizar su desarrollo, autonomía económica y participación.

¿Por qué está hoy en el debate?

El 1 de junio de 2026, el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) comunicó oficialmente que no ingresarán nuevas participantes al Programa Mujeres Rurales, de acuerdo al convenio INDAP-PRODEMU vigente por 34 años, y que el programa se extinguirá definitivamente en 2029.

Una evaluación de resultados contratada por el propio INDAP reveló que el 68,1% de las participantes aumentó sus ingresos brutos por ventas, y que la proporción de mujeres con producción activa pasó de 33,4% al ingresar al programa a 89,6% al egresar. Desde 1992, el programa capacitó a más de 35.000 mujeres con un presupuesto de $3.300 millones anuales. El MostradorSanCarlosOnline

El derecho internacional es claro: eliminar una política pública que protege a un grupo en situación de mayor vulnerabilidad requiere diagnósticos y estudios previos y no debe implicar un retroceso en los derechos ya garantizados.

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_{Comunicaciones CHDH – 2 de septiembreo, 2026}