La Comisión Chilena de Derechos Humanos expresó su apoyo al reciente proyecto de ley ingresado como moción parlamentaria al Congreso, que pretende sancionar penalmente el negacionismo.
Según la institución, “durante estos 32 años de transición, a pesar de la ausencia de políticas serias de Memoria por parte del Estado, las organizaciones de familiares de víctimas, los sobrevivientes y los organismos de derechos humanos, habían logrado instalar un consenso a nivel social respecto de la necesidad de condenar la barbarie que significó para nuestro pueblo la dictadura cívico militar y al mismo tiempo, considerar el respeto y garantía de los derechos humanos como el eje rector de nuestra convivencia”.
“Sin embargo -se señala-, en los últimos meses, la sociedad chilena ha visto con preocupación cómo sectores políticos conservadores, de clara orientación neofascista, han comenzado a instalar a través de los medios de comunicación hegemónicos, discursos de odio, apología de la violencia, relativización de los derechos humanos y negación de las violaciones a los derechos humanos cometidos en la historia reciente de nuestro país, todas conductas que atentan gravemente contra los principios que inspiran el quehacer de la comunidad internacional organizada”.
La Comisión hizo hincapié en que “la redacción del texto recoge experiencia comparada de otras legislaciones, como Alemania, Israel, Bélgica, España y Sudáfrica, entre otros, que sancionan la apología del odio y la negación de los crímenes contra la Humanidad de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos, según las recomendaciones del Consejo de Europa, la Comisión Europea de Derechos Humanos y el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional”.
“También -afirma- el proyecto de ley recoge lo señalado por la Convención Americana de Derechos Humanos, la interpretación de sus disposiciones por parte de la Corte Interamericana, y lo prescrito por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (…) y b) en cuanto es posible restringir la libertad de expresión mediante una ley, cuando sea necesario asegurar el respeto a los derechos o la reputación de los demás ó para proteger la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”.
La declaración finaliza haciendo un llamado “a los sectores conscientes del Parlamento a votar favorablemente esta iniciativa legal y al Gobierno, a patrocinarla, como una expresión concreta de la voluntad política de respetar la normativa internacional de derechos humanos a la que se encuentra obligado a cumplir el Estado de Chile, de honrar a las víctimas y preservar la Memoria de nuestra historia reciente”.
La declaración también es apoyada por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), la Coordinadora de Víctimas y Familiares de Trauma Ocular, Coordinadora de Víctimas de Perdigones, Agrupación de Víctimas de Violencia Por Agentes del Estado- AVIDVAE-CHILE , CINTRAS, Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, Comisión Ética contra la Tortura, Fundación PIDEE, Colegio de Profesores Directorio Nacional y Departamento de Derechos Humanos, Colegio de Periodistas Regional Metropolitano, Colegio de Enfermeras Comisión DDHH, FETRACALL Federación de Trabajadores de Call Center, Coordinadora Nacional de Trabajadores/as NO+AFP, Escuela Permanente PRAIS Concepción, Movimiento Acción Migrante (MAM), Ampro Tarapacá, Marq Ay Concepción, Escuela Permanente PRAIS, Centro de Formación Memoria y Futuro (CFMF), Agrupación de Mujeres Democráticas, Fundación Henry Dunant, Comité por un Chile Digno-Noruega, MEPAP (Movimiento el Pueblo Ayuda al Pueblo), Pensamientos y Praxis por Chile, Agrupación de voluntarias/os por la defensa de los derechos humanos en Calama, Marea Sur – Observatorio socioterritorial, Red de mujeres Mapuchw Trawun pu Zomo de Cholchol, Centro Cultural de Derechos Humanos Salvador Allende de Puente Alto, Plataforma Sindical Feminista Sindicalismo con Nosotras y Red de mujeres Mapuche Trawun pu Zomo de Cholchol.
La Comisión Chilena de Derechos Humanos desea expresar su apoyo al reciente proyecto de ley ingresado como moción parlamentaria al Congreso, que pretende sancionar penalmente el negacionismo.
Durante estos 32 años de transición, a pesar de la ausencia de políticas serias de Memoria por parte del Estado, las organizaciones de familiares de víctimas, los sobrevivientes y los organismos de derechos humanos, habían logrado instalar un consenso a nivel social respecto de la necesidad de condenar la barbarie que significó para nuestro pueblo la dictadura cívico militar y al mismo tiempo, considerar el respeto y garantía de los derechos humanos como el eje rector de nuestra convivencia.
Sin embargo, en los últimos meses, la sociedad chilena ha visto con preocupación cómo sectores políticos conservadores, de clara orientación neofascista, han comenzado a instalar a través de los medios de comunicación hegemónicos, discursos de odio, apología de la violencia, relativización de los derechos humanos y negación de las violaciones a los derechos humanos cometidos en la historia
reciente de nuestro país, todas conductas que atentan gravemente contra los principios que inspiran el quehacer de la comunidad internacional organizada.
El Proyecto de ley, establece que “Art.161-D: El que a través de cualquier medio justificare, aprobare o negare las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado durante la dictadura cívico militar ocurrida en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, consignadas en el Informe de
la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación; de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación; de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura; y de la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, sin perjuicio de los posteriores informes que sean reconocidos por el Estado sobre la materia, y siempre que dichos actos perturben el orden público o bien impidan, obstruyan o restrinjan de forma ilegítima el ejercicio de un derecho por parte de el o los ofendidos; serán castigados con la pena de prisión en su grado medio a máximo y multa de 20 a 40
Unidades Tributarias Mensuales.
La pena corporal asignada en el inciso anterior se aumentará en un grado y las multas se impondrán en su grado máximo, cuando tales conductas se hubieren realizado por funcionario público en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de su cargo”.
La redacción del texto recoge experiencia comparada de otras legislaciones, como Alemania, Israel, Bélgica, España y Sudáfrica, entre otros, que sancionan la apología del odio y la negación de los crímenes contra la Humanidad de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos, según las recomendaciones
del Consejo de Europa, la Comisión Europea de Derechos Humanos y el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional.
También el proyecto de ley recoge lo señalado por la Convención Americana de Derechos Humanos, la interpretación de sus disposiciones por parte de la Corte Interamericana, y lo prescrito por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 19 N° 3, letra a) y b), en cuanto es posible restringir la libertad de expresión mediante una ley, cuando sea necesario asegurar el respeto a los derechos o la reputación de los demás ó para proteger la seguridad nacional, el orden público ó la salud o la moral públicas. Así por lo demás lo ratificó el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, órgano encargado de supervisar el cumplimiento de dicho tratado internacional (Caso Robert Faurisson v. France, Comunicación No. 550/1993, U.N. Doc.
CCPR/C/58/D/550/1993 (1996).
En consecuencia, y tal como lo señalan los fundamentos de este proyecto de ley, aprobar esta iniciativa legal “constituye un imperativo ético y jurídicamente correcto, pues significa avanzar en el compromiso irrestricto del respeto a la noción de la condición y dignidad humana”; al mismo tiempo, es un gran aporte al cumplimiento por parte del Estado de Chile de su obligación de impulsar las garantías de no repetición, impedir la Impunidad y avanzar hacia el anhelado Nunca Más.
Llamamos a los sectores conscientes del Parlamento a votar favorablemente esta iniciativa legal y al Gobierno, a patrocinarla, como una expresión concreta de la voluntad política de respetar la normativa internacional de derechos humanos a la que se encuentra obligado a cumplir el Estado de Chile, de honrar a las víctimas y preservar la Memoria de nuestra historia reciente.
COMISION CHILENA DE DERECHOS HUMANOS
Santiago, 8 de junio de 2023.-
ADHIEREN:
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD)
Coordinadora de Víctimas y Familiares de Trauma Ocular
Coordinadora de Víctimas de Perdigones
Agrupación de Víctimas de Violencia Por Agentes del Estado- AVIDVAE-CHILE
CINTRAS, Centro de Salud Mental y Derechos Humanos
Comisión Ética contra la Tortura
Fundación PIDEE
Colegio de Profesores, Directorio Nacional y Departamento de Derechos Humanos
Colegio de Periodistas, Regional Metropolitano
Colegio de Enfermeras, Comisión DDHH
FETRACALL, Federación de Trabajadores de Call Center
Coordinadora Nacional de Trabajadores/as NO+AFP
Escuela Permanente PRAIS Concepción
Movimiento Acción Migrante (MAM)
Ampro Tarapacá
Marq Ay Concepción
Escuela Permanente PRAIS
Centro de Formación Memoria y Futuro (CFMF)
Agrupación de Mujeres Democráticas
Fundación Henry Dunant
Comité por un Chile Digno-Noruega
MEPAP (Movimiento el Pueblo Ayuda al Pueblo)
Pensamientos y Praxis por Chile
Agrupación de voluntarias/os por la defensa de los derechos humanos en Calama
Marea Sur – Observatorio socioterritorial
Red de mujeres Mapuchw Trawun pu Zomo de Cholchol
Centro Cultural de Derechos Humanos Salvador Allende de Puente Alto
Plataforma Sindical Feminista Sindicalismo con Nosotras
