Por : Silvia Peña Pinilla, El Mostrador.
La muerte de la suboficial mayor póstuma Rita Olivares no solo activó una maratón legislativa sobre seguridad en el Parlamento, sino que también puso al general director de Carabineros en el foco protagónico de la escena nacional. Y aunque son días turbulentos, como hombre duro pero carismático, sabe moverse entre las luces y sombras del poder. Acostumbrado a arengar a las tropas, en las últimas semanas lo hizo con los parlamentarios y el Ministerio Público, sin embargo, guardó silencio ante la fiscal Ximena Chong, quien lo investiga en calidad de imputado por hacer vista gorda ante las violaciones a los derechos humanos cometidas por algunos carabineros durante el estallido social, cuando ejercía como jefe de Orden y Seguridad, mientras el también imputado Mario Rozas era el general director de la institución.
No existen antecedentes en la historia reciente en que un imputado –que se ha negado a declarar en cinco ocasiones ante la Fiscalía y que, cuando por fin se presenta, decide mantener la boca cerrada– sea capaz de copar la agenda pública en cosa de semanas, pautear al Gobierno de príncipe a paje, poner al Congreso a legislar frenéticamente sobre materias que favorecen a la institución que encabeza y, de paso, cosechar éxitos políticos donde otros cultivaron fracasos. Esa ha sido la historia en las últimas semanas del general director de Carabineros Ricardo Yáñez, un hombre investigado por el Ministerio Público por hacer vista gorda ante los apremios ilegítimos cometidos por algunos funcionarios de Estado durante el estallido social, y que ahora emerge como el salvador de una institución que hace un par de años se caía a pedazos.
Los homicidios de un carabinero y una carabinera estos últimos días a manos de la delincuencia le abrieron espacios para poner sus temas institucionales en medio de la crisis de seguridad, y no dudó en tomárselos. “Tiene una manera muy afable y parece abierto a las ideas nuevas y distintas formas de pensar, pero sobre todo sabe lo que quiere y cómo lo quiere”, asegura una fuente conocedora de detalles de la personalidad del jefe máximo de la policía uniformada.
Hijo de un suboficial mayor de Carabineros, desde pequeño –aseguran– aprendió a moverse con paso decidido para conseguir sus objetivos. El poder ha estado siempre en la mente y ADN de Ricardo Alex Yáñez Reveco (56).
Debilidad por el poder
Desde el primer momento, Ricardo Yáñez hizo grandes esfuerzos por conocer al Presidente electo. Cuando todo el mundo se trasladaba en procesión a “La Moneda chica” a presentarse, el general director –que había logrado que Boric candidato aceptara la protección de escoltas carabineros (y no PDI) cuando pasó a la segunda vuelta– se las arregló para “coincidir” con él en Punta Arenas y tener una conversación privada, lejos de todo el mundo. “Eso muestra que tiene mucha capacidad de muñeca y que sabe moverse cuando se trata de autoridades”, agrega la misma fuente.
Muchos critican su forma de relacionarse “zalameramente con personeros, especialmente de Gobierno. Lo hacía con el subsecretario (del Interior) Juan Francisco Galli y hoy lo hace con otros personajes de La Moneda”.
Extrovertido y con carisma, le encantan las luces y tomar el micrófono en los actos institucionales. De hecho, cuentan que, para la conmemoración del 8M, subió al escenario a cantar junto a la banda que tocaba para animar a las carabineras.
Hay versiones encontradas acerca de su ascendiente sobre la tropa. Unos señalan que por haber sido instructor en la Escuela de Formación de Carabineros mantiene nexos con varias generaciones que fueron sus alumnos. Por otro lado, hay quienes aseguran que lo siguen porque es la autoridad, pero no se sienten del todo representados. Y recuerdan la polémica interna por su decisión de pintar un radiopatrulla con los colores de la diversidad el día de la Marcha del Orgullo 2022.
Otra fuente afirma “que, si no fuera él, no hay muchos de donde echar mano, pues Sebastián Piñera descabezó al Alto Mando y no hay nombres de peso, por decirlo con palabras publicables, que se hagan cargo”.
Está casado y tiene dos hijos (uno abogado y el otro carabinero). Nació en San Fernando, la misma ciudad de donde proviene el director general de la PDI, Sergio Muñoz Yáñez. Luego de egresar de la Escuela de Carabineros –donde conoció y se hizo amigo de su antecesor, Mario Rozas–, ascendido a subteniente, se instaló en Viña del Mar. Fue comisionado de la embajada de Chile en Buenos Aires (2015-2016), donde fue investigado –según Interferencia– por gastos excesivos en arriendo.
Ejerció como prefecto de Colchagua (2016-2017). Ascendido a general, se hizo cargo de la jefatura de la 1ª Zona de Tarapacá y, en medio del caso Catrillanca, tras la salida de Hermes Soto como general director de la institución, asumió la Dirección Nacional de Orden y Seguridad. El 6 de noviembre de 2020, fue nombrado como general subdirector de Carabineros. Dos semanas después, el 19 de noviembre, ocupaba el cargo de general director de Carabineros en reemplazo de su amigo Mario Rozas.
Tiempos de arengas
El general director es reconocido entre sus subalternos y sus excompañeros por sus arengas, interpelaciones y, también, por las vueltas de carnero.
Hace unas semanas todo el país escuchó una de ellas mientras visitaba al carabinero Álex Salazar, que murió luego de ser atropellado intencionalmente en Concepción. Entonces interpeló directamente al Parlamento para que legislara, pidiendo mayor protección para Carabineros y, de paso, incluyó al Ministerio Público.
“Este caso va a abrir nuevamente el debate y hago una invitación a todos los parlamentarios por todas las indicaciones, por todos los proyectos de ley que se han mandado al Congreso, para que de una vez por todas esta ley salga a la luz, donde el rayado de cancha esté claro, donde los carabineros no tengan que dudar, donde no tengan miedo a tener que enfrentar la delincuencia (…) y entreguen las herramientas suficientes para que el carabinero salga a trabajar con tranquilidad, y pueda tener la certeza de que lo que va a hacer, no va a ser cuestionado, ni por el Ministerio Público, ni por las autoridades, ni por nadie, sino que sepa que está cumpliendo con la ley”, señaló.
Claro, cambió el discurso después de que la ministra del Interior, Carolina Tohá, lo llamara a dar explicaciones. Esto, porque rápidamente se dio cuenta de que “esas declaraciones vulneran un deber principal que tienen que cumplir las Fuerzas Armadas y Carabineros: el principio de no deliberación. Un acto de deliberación política que está prohibida por la Constitución. Lo más preocupante es que lo que él está pidiendo en sus comentarios y opiniones, a través de la prensa, es una especie de cheque en blanco para los carabineros. Que se les apliquen todo tipo de facultades, sin cortapisas, basadas en la concepción de la Doctrina de Seguridad Nacional: el concepto de que el delincuente es el enemigo interno y, por lo tanto, hay que combatirlo como tal. Eso es lo que está interpelando Yáñez Reveco al Parlamento y al Gobierno: ‘Dennos todo tipo de facultades y que no tengamos que rendir ningún tipo de cuentas’”, sostiene el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta.
Hace unos días, tras la muerte de la suboficial mayor póstuma Rita Olivares, volvió a hablarles a los de “corazón verde”, como suele decir: “Queridos carabineros, les hablo como hijo y padre de otro carabinero. Hemos vivido momentos de dolor y tristeza. La pérdida de Álex y Rita ha sido un golpe que hemos sentido cada uno de nosotros. Estas heridas son las que no sanan y son las que cargamos en memoria de todos y cada uno de nuestros mártires, pero todos los días, cuando nos levantamos al servicio, nos recuerda por qué somos y seguimos siendo carabineros”.
El académico de la USACH y exdirector de Seguridad Pública durante el primer Gobierno de Michelle Bachelet, Jorge Araya, se sorprende: “Resultó ser un personaje más poderoso de lo que se pensaba, más autónomo de lo que el Gobierno pudo prever. Tiene agenda propia, un poder de veto importante y de manejo político también. Ha logrado que el Gobierno deba declarar de forma majadera su apoyo a Carabineros”.
Y agrega que ha desarrollado una estrategia inteligente. “Ha logrado dos cosas al mismo tiempo: activar a la institución y, a través de una serie de operativos y de accionar de la policía, dar respuesta a la presión que tenía encima el Gobierno. Esta administración partió con la violencia fuerte en La Araucanía y con los temas de inseguridad ciudadana muy al tope. Entonces, desde sus inicios y durante todo este tiempo, ha estado muy presionado por ese contexto. Yáñez le entregó éxitos puntuales, como atrapar a determinadas bandas criminales, decomiso de drogas… En fin, se posicionó bien y, de paso, mejoró la imagen de la institución. Y de alguna manera, el Gobierno ha terminado siendo rehén de Carabineros, en la medida que necesitan que la policía funcione para dar respuesta a la presión por mayor seguridad. Y ha tenido que entregarle un apoyo incondicional, y ya nadie se acuerda de la reforma”, puntualiza Araya.
La abogada Karinna Fernández está de acuerdo con que Yáñez Reveco es un estratega: “Que un imputado haga llamados hacia la impunidad y hacia el Parlamento, muestra una gran capacidad de estratega, de saber acumular buenos resultados en las encuestas, pero que no impidieron que una carabinera fuera asesinada, y eso quizá es lo más doloroso de las complejidades políticas que se hacen lejos del valor público de la justicia”.
La contrarreforma
En agosto de 2022, se creó la Comisión para la Reforma de Carabineros de Chile. Una promesa del Presidente Boric que hoy es una página web desactualizada. “Hay integrantes que ni siquiera siguen en el Gobierno, la gente no ha sido citada hace meses. En un tema que era de interés nacional, no hay avances. Otro punto para el general Ricardo Yáñez”, acota el académico Jorge Araya.
Esto lo explica así: “Su estrategia de llegada fue hablar de modernización, porque era un tema que estaba instalado en la opinión pública, algo aceptado por los distintos sectores. Pero evitó conceptos como refundación o reforma de fondo. Él siempre ha pensado en reforma en el sentido de entregar herramientas: mayor tecnología, más recursos, modernizar los procesos administrativos, pero que no llegan a temas de fondo, como el carácter militar que tiene la policía uniformada, el tipo de formación que tienen los sistemas de control, de disciplina, la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros. Hay que tomar en cuenta que, cuando él asumió, estaba todavía ahí presente otra realidad, otra imagen de Carabineros que –de alguna manera– se ha ido revirtiendo”.
Araya agrega que además tuvo un poco de suerte, porque se produjo un péndulo político en el país.
“Se han hecho análisis desde la ciencia política, cómo el país, que parecía haberse izquierdizado, luego se movió hacia el otro extremo rechazando proyectos demasiado reformistas. Y la incertidumbre que produjeron la pandemia, la economía, la inseguridad, son factores que hacen que la gente se vuelva conservadora. Creo que él se benefició de ese contexto político y también de la presión que tenía el Gobierno por mostrar resultados rápidos en materia de seguridad ciudadana. Entregó algunos logros policiales al Gobierno y a cambio se empoderó para frenar, digamos, cambios mayores”, sostiene.
Asegura que “el 90% de la institución piensa así. Y está con él en eso. Tienen un fuerte espíritu corporativo de defensa. Ingresan muy jóvenes a la institución (de 17, 18 años) y son formados valóricamente ahí. Tienen un fuerte arraigo, un espíritu de cuerpo muy cerrado, una especie de ideología, de cultura común que es capaz de defenderse y de tener una práctica autocrática de autogobierno muy fuerte, que impide la intervención del mundo civil y del mundo político”, agrega Araya.
El general en su laberinto
A finales de 2019, tanto Amnistía Internacional como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), además del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y Human Rights Watch, denunciaron que el Estado chileno estaba atropellando los derechos humanos de los manifestantes a través de Carabineros.
Durante el primer mes y medio del estallido, se realizaron 4.170 denuncias en Fiscalía contra Carabineros y 12.500 personas fueron atendidas de urgencia en hospitales públicos.
El general Ricardo Yáñez entonces era director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, el encargado de controlar el orden en las calles. Ocupó el cargo desde 2018 hasta el 6 de noviembre de 2020, cuando asumió como general subdirector de Carabineros. Es considerado, por lo mismo, la mano derecha de Rozas durante todo ese periodo.
Es por ello que es sindicado por los querellantes como el responsable, por jerarquía de mando, de las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social.
La querella más notoria –porque se ha negado a asistir a declarar ante la fiscal Ximena Chong en cinco ocasiones y, cuando fue, hace una semana, se acogió al derecho a guardar silencio– es la que interpuso la abogada Karinna Fernández, en conjunto con otras abogadas e instituciones. Es por delitos de omisión en apremios ilegítimos durante el estallido social, desde una responsabilidad superior o “altos mandos”.
“No es una persona confiable alguien que, cuando fue citado a declarar por la demanda, en agosto del año pasado, dijo: ‘Yo como cualquier ciudadano y particularmente quienes ejercemos roles como directores de instituciones, tenemos que ser los primeros llamados a prestar toda la colaboración y cooperación en las investigaciones que está llevando a cabo la Fiscalía y, por lo tanto, concurriré a todas las instancias que sean necesarias’. Pero no asistió en cinco citaciones y a la última concurrió, pero se acogió a su derecho de guardar silencio. La principal autoridad policial del país tiene que dar el ejemplo de colaboración con la justicia. No puede ampararse en un derecho que retarda las investigaciones en curso”, añade el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta.
La abogada querellante, Karinna Fernández, señala que la posibilidad de guardar silencio la tienen todos “y él como cualquier imputado se acogió a esta posibilidad. Aquí es más complejo el tiempo que se dio (9 meses) para decidir guardar silencio. Eso contradice una de las obligaciones que tienen las autoridades del país en términos de rendición de cuentas, que es de transparencia y de colaboración con las investigaciones, en particular, cuando se trata de graves violaciones a los derechos humanos. El principio y obligación internacional de la debida diligencia, que exige a las autoridades entregar toda la información de manera oportuna, ágil, transparente”, subraya.
Es por esto que desde el Espacio de Memorias Londres 38, se solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pedir explicaciones a las autoridades de las que depende el general Yáñez (el Gobierno), sobre las medidas que adoptaron para que alto oficial acudiera a declarar.
“Porque tan pronto como fue citado, en agosto pasado, la ministra Vallejo dijo que se iba a colaborar de todas las formas y eso no ocurrió. Yo solicité una reunión con la ministra del Interior, Carolina Tohá, para que me informara y se me negó esa reunión. Entonces, así los obstáculos no solo han sido del imputado, sino también de Carabineros y de la institucionalidad civil que dirige su accionar, precisamente el Ministerio del Interior”, agrega la abogada Fernández.
“Esta es una causa demasiado exacta. Busca establecer, a partir de la existencia de patrones, que el Alto Mando omitió tomar decisiones que eran parte de su deber. Es un tipo penal bastante específico, novedoso y que, a mi juicio, se ajusta perfectamente al tono de lo que vivimos durante el estallido. Hay pruebas suficientes, así que la declaración del general ayudaría, pero puede no estar. Así que espero una pronta formalización por parte del Fiscal Regional Xavier Armendáriz/Fiscal Nacional subrogante”, indica la abogada.
Otra querella contra el general director la lleva adelante la Comisión Chilena de Derechos Humanos. “Él era la tercera autoridad de Carabineros, un cargo muy relevante, porque tiene atribuciones de control y planificación del orden público. Y, por cierto, le tocó operativizar en el estallido social lo que fue, a nuestro entender, una política de violación masiva y sistemática de derechos humanos implementada a partir del 18 de octubre de 2019, bajo el Gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera. Y por eso no solo nos querellamos ante los tribunales nacionales, además, después de un tiempo, cuando vimos que habían concurrido todos los requisitos exigidos por el artículo 7 del Estatuto de Roma, denunciamos al ex Presidente Piñera junto a otras altas autoridades políticas y policiales, entre los que está Ricardo Yáñez Reveco, en su condición como director de Orden y Seguridad, a cargo de los operativos de control de orden público y luego como subdirector”, detalla Carlos Margotta.
De hecho, hace poco adjuntaron nuevos antecedentes, incluidos en el Informe de Derechos Humanos 2022 de la UDP, ante la Corte Penal Internacional.
La reforma de Carabineros está pendiente y los tiempos parecen no estar para que ello ocurra. “Además, el actual general director no puede liderar una reestructuración por su condición de imputado en múltiples procesos que lleva la Fiscalía en Chile y la Fiscalía de la Corte internacional. Estamos en un cuadro de retroceso total y desoimiento de las recomendaciones de la principal instancia de protección de los derechos humanos. El Gobierno mira para otro lado, porque las lógicas políticas no son las de los derechos humanos, y porque trata de satisfacer las demandas más sentidas de la ciudadanía sobre la delincuencia. Fue un error no haber cambiado, desde el primer momento, al general director de Carabineros, como una expresión de compromiso con los derechos humanos y con las víctimas del estallido. Sin embargo, a más de un año de mandato, lo mantienen en el cargo… Las explicaciones tiene que darlas el Gobierno”, concluye Margotta.
Fuente: El Mostrador.