Por Leonardo Buitrago, El Ciudadano.
La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH) solicitó este martes a la Fiscalía tomar las declaraciones del presidente Sebastián Piñera, del exministro de Salud, Jaime Mañalich, al actual Ministro de Salud, Enrique Paris, y al exsubsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zuñiga; presuntamente involucrados en delitos de corrupción en el marco de las estrategias sanitarias para el manejo de la pandemia COVID-19 en el país.
Asimismo, en calidad de querellante, la (CChDH) pidió que se realicen diligencias ante la Unidad Especializada Anticorrupción (UNAC), la Unidad de Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado (ULDDECO) de la Fiscalía Nacional, el Servicio de Impuestos Internos, el Consejo de Defensa del Estado, la Fiscalía Nacional Económica, además del levantamiento del secreto bancario.
La investigación en curso está enfocada en la adjudicación de recursos fiscales por sobre los $5.000 millones de pesos, en la contratación de residencias sanitarias en distintas regiones de nuestro país, no existiendo respaldos por dichas operaciones, o no siendo otorgados los servicios contratados, favoreciendo intereses particulares, entre otras irregularidades.
En este sentido, la comisión solicitó “se oficie a la Unidad Especializada Anticorrupción (UNAC) y a la Unidad de Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado (ULDDECO) de la Fiscalía Nacional, al Servicio de Impuestos Internos, a la Fiscalía Nacional Económica, y al Consejo de Defensa del Estado, a objeto entreguen antecedentes relevantes sobe los graves delitos investigados”, cita un comunicado de prensa.
Al respecto, enfatizaron que estos hechos responden a delitos de corrupción y tributarios, por lo que atenta «contra la confianza pública y horadan las bases de una sociedad democrática, atentando de forma permanente el compromiso del Estado de garantizar y respetar los derechos humanos».
Cabe recordar que en febrero pasado, el 7º Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella interpuesta por la Comisión Chilena de Derechos Humanos.
La querella busca establecer la responsabilidad en diversos delitos de corrupción cometidos en el marco de las estrategias sanitarias para el manejo de la pandemia Covid-19 en nuestro país.
Los cuestionamientos, sostenidos y fundamentados a partir de información entregada por la Contraloría General de la República, abarcan aspectos como la habilitación de la infraestructura de salud de emergencia (Residencias sanitarias). Y también incluyen otros aspectos, como el de Fraude al Fisco, en el marco de contrataciones irregulares y pagos injustificados por servicios no otorgados, como es el caso de Hotel Alto del Sol de la comuna de Mejillones por $513 millones o el caso del Hotel Clínico de Santiago por $205 millones, por atenciones a “pacientes fantasmas”, implicando importantes pérdidas.
Otro aspecto que se involucra en la querella es la búsqueda de responsabilidad penal por los delitos de Negociaciones Incompatibles y Tráfico de Influencias, que habrían derivado en beneficios económicos, como es el caso de la “doble contratación” del denominado Hospital de Emergencia Huechuraba (Espacio Riesco), por $2.900 millones o el pago de $53 millones por costos operativos fijos y preparación de alimentos para pacientes inexistentes en el Hotel O´Higgins de Viña del Mar, hechos que vulneran la capacidad del Estado para generar las prestaciones de Salud debidas.
Con la medida los querellantes esperan establecer la responsabilidad ante los actos mencionados y sancionar a los querellados con las penas de presidio e inhabilitación absoluta perpetua para cargos u oficios públicos, conforme su participación como autores, cómplices o encubridores, de acuerdo a la penalidad asignada a los delitos de corrupción denunciados.
A continuación, el texto íntegro del comunicado:
La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH) solicitó a la Fiscalía, en el proceso penal seguido por delitos de Corrupción en contra de SEBASTIAN PIÑERA ECHENIQUE, JAIME MAÑALICH MUXI, ENRIQUE PARIS MANCILLA y ARTURO ZUÑIGA JORY, se tome declaración a cada uno de los querellados y se realicen diligencias ante la Unidad Especializada Anticorrupción (UNAC), la Unidad de Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado (ULDDECO) de la Fiscalía Nacional, el Servicio de Impuestos Internos, el Consejo de Defensa del Estado, la Fiscalía Nacional Económica, además del levantamiento del secreto bancario.
En su calidad de parte querellante, la Comisión Chilena de Derechos Humanos solicitó diversas diligencias a la fiscalía que investiga la responsabilidad que le cabe al presidente de la República Sebastián Piñera, el ex ministro de salud Jaime Mañalich, el ministro de salud Enrique Paris y el ex subsecretario de redes asistenciales Arturo Zuñiga, en los delitos de Fraude al Fisco, Negociación Incompatible, Trafico de Influencias, entre otros ilícitos, a objeto de avanzar en la investigación en curso.
En su presentación, la Comisión Chilena de Derechos Humanos solicitó se oficie a la Unidad Especializada Anticorrupción (UNAC) y a la Unidad de Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado (ULDDECO) de la Fiscalía Nacional, al Servicio de Impuestos Internos, a la Fiscalía Nacional Económica, y al Consejo de Defensa del Estado, a objeto entreguen antecedentes relevantes sobe los graves delitos investigados.
Además, solicitó se tome declaración a todos los querellados: el presidente de la República Sebastián Piñera Echenique, el ex Ministro de Salud, Jaime Mañalich Muxi, al actual Ministro de Salud, Enrique Paris Mancilla y al ex Subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zuñiga Jory.
De acuerdo a los antecedentes expuestos en la querella, las autoridades imputadas por estos delitos, habrían autorizado destinar recursos fiscales por sobre los $5 mil millones de pesos, en la contratación de residencias sanitarias en distintas regiones de nuestro país, no existiendo respaldos por dichas operaciones, o no siendo otorgados los servicios contratados, favoreciendo intereses particulares, entre otras irregularidades.
La existencia de hechos que pueden ser constitutivos de delitos de corrupción y delitos tributarios, entre otros, atentan contra la confianza pública y horadan las bases de una sociedad democrática, atentando de forma permanente el compromiso del Estado de garantizar y respetar los derechos humanos.
El Estado chileno, a través de todos sus órganos y Poderes, debe velar por el correcto, eficiente, eficaz y transparente uso y destinación de los recursos fiscales, resultando obligadas las autoridades públicas a responder por sus actos y omisiones en el ejercicio del cargo, en plena concordancia con el principio de probidad administrativa, responsabilidad civil y penal, y conforme la legislación local y los tratados internacionales vigentes, suscritos y ratificados por Chile.
COMISION CHILENA DE DERECHOS HUMANOS
Santiago, 9 de noviembre de 2021.-
Fuente de la nota: El Ciudadano.