Por La Voz de los Que Sobran.

A los representantes del Gobierno se les acusa de haber destinado recursos por sobre los $5 mil millones durante la pandemia sin respaldo o no siendo otorgados los servicios supuestamente contratados.

En el proceso penal seguido por diversos delitos de corrupción en contra del Presidente Sebastián Piñera, los ministros de Salud Jaime Mañalich y Enrique Paris, y del ex subsecretario de Redes Asistenciales Arturo Zúñiga, la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH) solicitó al Ministerio Público que se tome declaración a cada uno de los mencionados querellados en esta causa. Lo anterior, con el objetivo de que se avance en la investigación en curso.

Cabe recordar que a las mencionadas autoridades se les acusa de los eventuales delitos de fraude al Fisco, negociación incompatible y trafico de influencias, entre otros, durante su gestión contra la pandemia de Covid-19 que atraviesa nuestro país.

Junto con ello se pidió que se realicen diligencias ante la Unidad Especializada Anticorrupción (UNAC) y la Unidad Especializada de Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Delitos Medioambientales y Crimen Organizado (ULDDECO) de la Fiscalía Nacional; el Servicio de Impuestos Internos (SII); el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

Además de todo ello, la Comisión Chilena de Derechos Humanos demandó el levantamiento del secreto bancario de los acusados.

De acuerdo a los antecedentes expuestos en la querella, los imputados habrían autorizado destinar recursos fiscales por sobre los $5 mil millones en la contratación de residencias sanitarias en distintas regiones de nuestro país, no existiendo respaldos por dichas operaciones, o no siendo otorgados los servicios contratados, favoreciendo así intereses particulares, entre otras irregularidades.

“La existencia de hechos que pueden ser constitutivos de delitos de corrupción y delitos tributarios, entre otros, atentan contra la confianza pública y horadan las bases de una sociedad democrática, atentando de forma permanente contra el compromiso del Estado de garantizar y respetar los Derechos Humanos”, señala la CChDh.

En esa misma línea, la Comisión enfatiza que “el Estado chileno, a través de todos sus órganos y poderes, debe velar por el correcto, eficiente, eficaz y transparente uso y destinación de los recursos fiscales, resultando obligadas las autoridades públicas a responder por sus actos y omisiones en el ejercicio del cargo, en plena concordancia con el principio de probidad administrativa, responsabilidad civil y penal, y conforme a la legislación local y los tratados internacionales vigentes, suscritos y ratificados por Chile”.

Fuente de la nota: La Voz de los Que Sobran.

Declaración completa, a continuación:


 

COMUNICADO DE PRENSA

La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH) solicitó a la Fiscalía, en el proceso penal seguido por delitos de Corrupción en contra de SEBASTIAN PIÑERA ECHENIQUE, JAIME MAÑALICH MUXI, ENRIQUE PARIS MANCILLA y ARTURO ZUÑIGA JORY, se tome declaración a cada uno de los querellados y se realicen diligencias ante la Unidad Especializada Anticorrupción (UNAC), la Unidad de Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado (ULDDECO) de la Fiscalía Nacional, el Servicio de Impuestos Internos, el Consejo de Defensa del Estado, la Fiscalía Nacional Económica, además del levantamiento del secreto bancario.

En su calidad de parte querellante, la Comisión Chilena de Derechos Humanos solicitó diversas diligencias a la fiscalía que investiga la responsabilidad que le cabe al presidente de la República Sebastián Piñera, el ex ministro de salud Jaime Mañalich, el ministro de salud Enrique Paris y el ex subsecretario de redes asistenciales Arturo Zuñiga, en los delitos de Fraude al Fisco, Negociación Incompatible, Trafico de Influencias, entre otros ilícitos, a objeto de avanzar en la investigación en curso.

En su presentación, la Comisión Chilena de Derechos Humanos solicitó se oficie a la Unidad Especializada Anticorrupción (UNAC) y a la Unidad de Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado (ULDDECO) de la Fiscalía Nacional, al Servicio de Impuestos Internos, a la Fiscalía Nacional Económica, y al Consejo de Defensa del Estado, a objeto entreguen antecedentes relevantes sobe los graves delitos investigados.

Además, solicitó se tome declaración a todos los querellados: el presidente de la República Sebastián Piñera Echenique, el ex Ministro de Salud, Jaime Mañalich Muxi, al actual Ministro de Salud, Enrique Paris Mancilla y al ex Subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zuñiga Jory.

De acuerdo a los antecedentes expuestos en la querella, las autoridades imputadas por estos delitos, habrían autorizado destinar recursos fiscales por sobre los $5 mil millones de pesos, en la contratación de residencias sanitarias en distintas regiones de nuestro país, no existiendo respaldos por dichas operaciones, o no siendo otorgados los servicios contratados, favoreciendo intereses particulares, entre otras irregularidades.

La existencia de hechos que pueden ser constitutivos de delitos de corrupción y delitos tributarios, entre otros, atentan contra la confianza pública y horadan las bases de una sociedad democrática, atentando de forma permanente el compromiso del Estado de garantizar y respetar los derechos humanos.

El Estado chileno, a través de todos sus órganos y Poderes, debe velar por el correcto, eficiente, eficaz y transparente uso y destinación de los recursos fiscales, resultando obligadas las autoridades públicas a responder por sus actos y omisiones en el ejercicio del cargo, en plena concordancia con el principio de probidad administrativa, responsabilidad civil y penal, y conforme la legislación local y los tratados internacionales vigentes, suscritos y ratificados por Chile.

COMISION CHILENA DE DERECHOS HUMANOS
Santiago, 9 de Noviembre de 2021.-


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