La querella incluye seis delitos y fue admitida el pasado 9 de julio por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. Para el presidente de la Comisión Chilena de DD.HH. y coautor de la medida, “hay fundamentación jurídica suficiente respecto de los delitos establecidos, que deben ser investigados por la Fiscalía”.
Por: Eduardo Andrade, Radio Universidad de Chile.
En conjunto con la Federación Democrática de Profesionales Universitarios de Salud R.M (Fedeprus) y la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), la Comisión Chilena de Derechos Humanos presentó una querella en contra del presidente Sebastián Piñera; el exministro de Salud, Jaime Mañalich; y el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga. Esto, a raíz de la estrategia sanitaria implementada en el contexto de la pandemia.
Dicha querella fue admitida el pasado 9 de julio por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, lo cual, en opinión del presidente de la Comisión Chilena de DD.HH., Carlos Margotta, constituye una buena señal y una oportunidad para determinar las responsabilidades en el descontrol de la crisis sanitaria.
“Hay fundamentación jurídica suficiente respecto de los seis delitos que nosotros hemos establecido y que deben ser investigados por la Fiscalía. Estos hechos referidos, de ser acreditados en la investigación, son constitutivos de delitos, se debe perseguir la responsabilidad penal de quienes aparecen como querellados. Esperamos que la investigación sea acuciosa y alejada de la condición que tienen los querellados”, precisó Margotta en conversación con nuestro medio.
En líneas generales, la vulneración a la que hace referencia la querella mencionada tiene que ver con las omisiones que el Gobierno de turno tuvo respecto de las recomendaciones emitidas por entidades internacionales como Naciones Unidas, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, presentadas a través de documentos desde el inicio de la crisis y en donde se ponía énfasis en el resguardo del derecho a la salud y a la vida.
Al respecto, Margotta se mostró inconforme con la estrategia utilizada por el Gobierno en los primeros meses de la pandemia, la cual no estuvo en sintonía con lo advertido por los organismos internacionales.
“Si uno analiza el debido cuidado al derecho de salud y a la vida, que fue lo primero que estableció Naciones Unidas y el Sistema Interamericano, ciertamente que la estrategia ha sido fallida y la expresión más clara es que las cuarentenas dinámicas y la nueva normalidad tuvieron un impacto muy serio en miles de chilenos. Fue una estrategia negligente y temeraria, que no puso en el centro el debido resguardo el derecho a la salud de los habitantes”, argumentó.
Las omisiones a las recomendaciones internacionales, según Margotta, acrecentaron la vulnerabilidad de grupos como las personas que viven con VIH, las cuales se han visto expuestas a acercarse a diversos hospitales para recibir sus medicamentos sin opción a recibirlos en sus casas, o incluso las personas que fueron víctimas de traumas oculares en el estallido social, y cuyos tratamientos han quedado incompletos.
Respecto de esto último, el presidente de la Comisión Chilena de DD.HH. se refirió al avance de las investigaciones relacionadas con mutilaciones y torturas registradas en el estallido social, asegurando que “ha habido demasiada lentitud en el avance de las investigaciones, que contrasta con la celeridad con que cientos de jóvenes han sido formalizados o permanecen en prisión preventiva”.
“Nos parece que hay un desbalance bastante evidente respecto de lo que ha sido la persecución penal a las personas que han participado en la protesta social y que se les ha perseguido judicialmente y muchos de ellos todavía se encuentran encarcelados. Sin embargo, las personas que cometieron crímenes contra los DD.HH., mutilaciones, torturas, están gozando de total y completa impunidad”, agregó Margotta.
La misma Comisión Chilena de DD.HH., por su parte, ha asegurado no olvidar los ataques que sufrió su sede en el marco del estallido social, justamente posterior a que se presentasen acciones judiciales que buscaban establecer responsabilidades penales por las violaciones a los DD.HH. cometidas por agentes del orden.
Asimismo, Margotta recalcó que dentro de las recomendaciones de organismos internacionales se ha puesto sumo interés en la situación de grupos socioeconómicamente vulnerables. Para ellos, el cuidado de la vida y la salud, según dijo, pasa por la implementación de rentas de emergencia sólidas y de carácter permanente, que no se condicen con los bonos y ayuda secuencial entregada por el Gobierno. “Es casi como si estuvieran haciendo una negociación con las personas”, sentenció Margotta.
Fuente: Radio Universidad de Chile.
COMUNICADO DE PRENSA
Justicia declaró admisible querella en contra del presidente de la República, Sebastián Piñera, del ex ministro de Salud Jaime Mañalich y del Subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Arturo Zuñiga Jory
La acción judicial fue interpuesta ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, por la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), que representa a más de 80 mil funcionarios/as públicos, y la Federación Democrática de Profesionales Universitarios de Salud R.M. (FEDEPRUS), que la conforman casi 4 mil trabajadores de la Salud.
Entre los argumentos de la querella, se sostiene que los querellados cometieron una negligencia grave, como descuido consciente y voluntario de sus deberes de garantizar la protección del derecho a la Vida y a la Salud de los habitantes de la Nación, que se refleja en las medidas adoptadas por el Presidente de la República y el ex Ministro de Salud en el territorio de Chile, que han tenido como resultado el fallecimiento de 10.159 personas a causa o producto del contagio de Covid-19, de acuerdo al 31° Informe Epidemiológico del Ministerio de Salud, sobre casos Sospechosos y Confirmados, acumulados al día 5 de Julio del año 2020.
Entre otros antecedentes, existe coincidencia que a partir de los llamados que realizó el Gobierno a las políticas de “Nueva Normalidad”, la curva de contagios en nuestro país se tornó incontrolable y el colapso de la red asistencial, fue catastrófico.
Además, se denuncian hechos que constituyen delitos de corrupción en tiempos de Pandemia y se entregan antecedentes sobre la falta de transparencia en la entrega de información sobre personas contagiadas y fallecidas, como también las medidas de una falsa cuarentena que permite a los empresarios contar con miles de trabajadores asistiendo a faenas o en la venta de productos que no son esenciales.
En la querella, presentada por el abogado Carlos Margotta, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, José Peréz, presidente de la ANEF y Lina Córdova Mangili, presidenta de FEDEPRUS R.M., concluyen y sostienen que el gobierno, a través de la actuación de los querellados, no ha dado cumplimiento a los principios sobre la transparencia, y el derecho de acceso a la información pública que rige las bases generales de la Administración del Estado, y su actuar, no acata lo prescrito por la Convención Americana de Derechos Humanos, ni se ajusta a lo señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, referente a la obligación estatal de asegurar el derecho de acceso a la información pública, en el marco de la emergencia generada por el COVID-19.
En la querella, interpuesta por los ilícitos de cuasidelito de homicidio (Art.391 N°2), negociaciones incompatibles y tráfico de influencias (Art. 240), revelación de secretos públicos o entrega de papeles (Art. 246), denegación de auxilio (Art. 253), negativa ó retardo de protección o servicios (Art.256), y denegación de servicios (Art.257), se solicita, entre las primeras diligencias, se tome declaración al Presidente de la República. Juan Miguel Sebastián Piñera Echenique, y al ex ministro de Salud, Jaime Mañalich Muxi.
COMISION CHILENA DE DERECHOS HUMANOS
AGRUPACION NACIONAL DE EMPLEADOS FISCALES (ANEF)
Federación Democrática de Profesionales Universitarios de Salud R.M. (FEDEPRUS)
Santiago, 9 de Julio de 2020.-