Por: Radio Universidad de Chile.

Desde la organización informaron que son más de 2500 personas, la mayoría jóvenes, las que se encuentran en prisión preventiva dictadas en procesos seguidos a partir del 18 de octubre.

A través de una declaración pública, la Comisión Chilena de Derechos Humanos se refirió a la situación que viven las personas privadas de libertad ante la situación de emergencia sanitaria por el COVID-19.

Según indicaron desde la Comisión, el reciente intento de fuga de internos de  Santiago 1 “reafirma la necesidad de seguir exigiendo el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad, especialmente de aquellas encarceladas en el marco del estallido social, en el legítimo ejercicio del derecho a la protesta social”.

Además, informan que son más de 2.500 personas, la mayoría jóvenes, las que se encuentran en prisión preventiva dictadas en procesos seguidos a partir del 18 de octubre.

“El alto número de encarcelados por manifestarse en las calles en contra del actual injusto modelo de sociedad, contrasta con la situación de los violadores de los derechos humanos, en el mismo período. Según las cifras del Ministerio Público, de las más de 4.500 causas iniciadas por violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado, sólo en 38 de ellas hay formalizados”, señalan.

Junto a ello explican que, aunque la Comisión Chilena de Derechos Humanos se ha reunido en dos ocasiones con autoridades del Poder Judicial, y han expresando la necesidad de respetar los derechos de quienes están privados de libertad, “la dramática situación refleja una permanente vulneración de sus derechos y garantías procesales”.

“Es así como, ni la presunción de inocencia ni los principios garantistas de nuestro sistema procesal penal que establecen que la prisión preventiva no debe ser la regla general, son respetados a quienes han sido encarcelados y formalizados en causas de índole política”, comentan en la declaración.

“Los fiscales y los jueces parecen olvidar la obligación constitucional y legal  de aplicar estos principios y más parecen rendirse a las presiones del Gobierno, el que a través de su Ministerio del Interior, entrega directrices al Poder Judicial de cómo enfrentar estos procesos, en un evidente intento de criminalizar la protesta social”, añaden.

Por ello cuestionan que ante las altas posibilidades de contagio de COVID-19 en las cárceles se pone de manifiesto “la urgente necesidad de revisar las medidas cautelares del conjunto de las personas privadas de libertad, especialmente de los presos políticos, modificando su actual prisión preventiva por la de arresto domiciliario total, teniendo presente además, la naturaleza de los ilícitos imputados, la cuestionada legislación invocada en su contra y los dudosos medios de prueba aportados por sus aprehensores”.

Finalmente, la Comisión Chilena de Derechos Humanos demanda la necesidad de autorizar el ingreso a las cárceles a todas las organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil  y recordaron que el Gobierno de Chile, “como representante del Estado ante la comunidad internacional, debe acatar los Pactos y Convenciones sobre Derechos Humanos suscritos y ratificados, cuyos titulares son también las personas privadas de libertad, y que su incumplimiento acarrea  responsabilidad internacional”.

Fuente de la nota: Radio Universidad de Chile.


DECLARACIÓN PÚBLICA

1.- La pandemia mundial del coronavirus que azota a nuestro país y el reciente intento de fuga de internos del CDP Santiago 1, dependiente de Gendarmería de Chile, reafirma la necesidad de seguir exigiendo el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad, especialmente de aquellas encarceladas en el marco del estallido social, en el legítimo ejercicio del derecho a la protesta social.

2.- En efecto, son más de 2.500 personas, la mayoría jóvenes, que se encuentran en prisión preventiva dictadas en procesos seguidos a partir del 18 de Octubre del año pasado. El alto número de encarcelados por manifestarse en las calles en contra del actual injusto modelo de sociedad, contrasta con la situación de los violadores de los derechos humanos, en el mismo período. Según las cifras del Ministerio Público, de las más de 4.500 causas iniciadas por violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado, sólo en 38 de ellas hay formalizados.

3° A pesar que en las dos oportunidades que nuestra Institución se entrevistó con la máxima autoridad del Poder Judicial, representando la necesidad de respetar los derechos de las personas privadas de libertad, establecidos en la normativa internacional de derechos humanos, obligatoria en su aplicación para el Estado de Chile y por lo prescrito en la propia Constitución vigente, la dramática situación refleja una permanente vulneración de sus derechos y garantías procesales.

4° Es así como, ni la presunción de inocencia ni los principios garantistas de nuestro sistema procesal penal que establecen que la prisión preventiva no debe ser la regla general, son respetados a quienes han sido encarcelados y formalizados en causas de índole política.
Los fiscales y los jueces parecen olvidar la obligación constitucional y legal de aplicar estos principios y más parecen rendirse a las presiones del Gobierno, el que a través de su Ministerio del Interior, entrega directrices al Poder Judicial de cómo enfrentar estos procesos, en un evidente intento de criminalizar la protesta social.

5° Las altas posibilidades de contagio del coronavirus al interior de las cárceles, ponen de manifiesto la urgente necesidad de revisar las medidas cautelares del conjunto de las personas privadas de libertad, especialmente de los presos políticos, modificando su actual prisión preventiva por la de arresto domiciliario total, teniendo presente además, la naturaleza de los ilícitos imputados, la cuestionada legislación invocada en su contra y los dudosos medios de prueba aportados por sus aprehensores.

6° Por último, junto con demandar de las autoridades, la necesidad de autorizar no sólo a los profesionales del INDH el acceso a los reclusos en las situaciones como la vivida el jueves pasado, sino a todas las organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil, recordamos que el Gobierno de Chile, como representante del Estado ante la comunidad internacional, debe acatar los Pactos y Convenciones sobre Derechos Humanos suscritos y ratificados, cuyos titulares son también las personas privadas de libertad, y que su incumplimiento acarrea responsabilidad internacional.

Santiago, 21 de Marzo de 2020.-


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