DECLARACIÓN PÚBLICA (19 de octubre 2019)
1° La Comisión Chilena de Derechos Humanos ha planteado reiteradamente, que para enfrentar debidamente el descrédito de nuestro sistema institucional, es necesario establecer un nuevo pacto social que siente las bases de un sistema democrático verdadero, ponga fin al abuso institucionalizado, enfrente decididamente la desigualdad, ponga término a los privilegios y respete y garantice los derechos humanos.
2° El actual estallido social ha reinstalado la necesidad de avanzar en este camino como solución de fondo al legítimo descontento expresado por el pueblo chileno y como respuesta a la situación de ingobernabilidad en que se encuentra sumido nuestro país, producto de la ineficacia e incapacidad de las actuales autoridades para enfrentar debidamente la ira e indignación social de un pueblo cansado de tanta humillación y vulneración de sus derechos humanos fundamentales.
3° Para tal efecto, se requiere elaborar una Nueva Constitución que establezca a través de un modo genuinamente participativo, como la Asamblea Constituyente, las nuevas reglas del juego democrático, cuya base de legitimidad sea la más amplia participación de la sociedad chilena y sus organizaciones sociales y políticas, y cuya redacción tenga como referencia ineludible, el cumplimiento irrestricto de las obligaciones internacionales que tiene el Estado chileno en materia de Derechos Humanos, las que comprenden, según los órganos del Sistema de Naciones Unidas, las obligaciones de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, como el derecho a la Vida, la Libertad, y los derechos a la Educación, a la Salud, a la Seguridad Social, a una Remuneración justa, entre otros.
4° En lo inmediato, exigimos al Gobierno, cese la represión y ponga fin al Estado de Emergencia y el Toque de Queda, no sólo porque significa un grave retroceso para los Derechos Humanos y una grave afrenta a la Memoria de nuestro país, especialmente a los familiares de víctimas y a los sobrevivientes, sino porque la solución a la actual crisis, no puede ser militar sino política. No olvidamos que hace 46 años, los sectores políticos que hoy gobiernan, recurrieron a las Fuerzas Armadas para poner freno al proceso de transformaciones sociales y de mayor justicia social que impulsaba el Gobierno legítimamente constituido de Salvador Allende, y que el Golpe Militar que promovieron, dio inicio a la implementación de una política de exterminio que trajo consigo miles de víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, y cuyas secuelas aún persisten.
5° Por último, convocamos a todas las organizaciones sociales y sectores políticos conscientes, a trabajar unidos por la defensa de los Derechos Humanos, en especial, por el principal derecho humano colectivo, el derecho a la libre determinación, única forma de comenzar a recuperar como pueblo nuestra Soberanía y Dignidad