CCHDH recurre a Corte Suprema tras sobreseimiento en caso de la población La Victoria
La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) interpuso hoy un recurso de queja ante la Corte Suprema contra dos ministras y una abogada integrante de la Corte de Apelaciones de San Miguel, frente al sobreseimiento total y definitivo otorgado a los imputados por la muerte de Aníbal Villarroel Rojas (26) ocurrida el 18 de octubre de 2020, en la población La Victoria, en momentos que estaba, junto a su amigo Bastián Salamanca (24) quien recibió un impacto en el talón derecho. Ambos presenciaban las manifestaciones del primer aniversario del Estallido Social en la intersección de Avenida Departamental con Eugenio Matte de la población La Victoria.
La acción judicial busca revertir el fallo de la Quinta Sala Extraordinaria de la Corte de Apelaciones de San Miguel, que benefició al teniente de Carabineros, Joaquín Ignacio Muñoz Vásquez, identificado por peritajes balísticos de la PDI, como el autor del disparo fatal, y que también dejó sin cargos al ex director general de Carabineros, Mario Rozas; al ex ministro del Interior, Víctor Pérez y al ex Intendente Metropolitano, Felipe Guevara.
El tribunal de alzada dictó el sobreseimiento mediante la aplicación retroactiva de la Ley Naín-Retamal; cuerpo legal promulgado en 2023 que establece la «legítima defensa privilegiada» para las policías, presumiendo el uso legal de la fuerza cuando actúan en el ejercicio de sus funciones.
La CCHDH acusa que esta norma fue mal utilizada, revirtiendo la decisión previa del 10° Juzgado de Garantía de Santiago; tribunal que había rechazado el sobreseimiento solicitado por la Fiscalía y las defensas el 22 de diciembre de 2025. Por ello, el recurso de queja apunta directamente a las ministras Liliana Mera Muñoz y Celia Catalán Romero y a la abogada integrante Paula Manzo Saguez, por haber incurrido en «faltas o abusos graves» al dictar la resolución el pasado 6 de mayo (2026).
La CCHDH solicita al más alto tribunal adoptar las medidas disciplinarias correspondientes contra las juezas y la abogada integrante, considerando que de confirmarse dicha impunidad, se evaluará acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (CIDH), acusando que el Estado chileno vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva y su obligación reforzada de investigar de forma seria e imparcial las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes estatales.
Al momento de su muerte, Aníbal Villarroel, tenía 26 años, era padre de una niña y se desempeñaba como trabajador administrativo en una corredora de seguros. Además, mantenía un activo rol comunitario en la población La Victoria, participando en organizaciones sociales, colectivos de hip-hop y en la confección de murales.
Comunicaciones CCHDH, 17 de mayo, 2026