Declaración Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH) por el proyecto de Ley presentado en la Cámara del Senado que busca modificar la Ley Nº 18.050
¡Ningún paso atrás ante los indultos de torturadores! ¡Sí a la reforma!
Miércoles 17 de septiembre del 2025
Sobre la necesidad de la condena y su cumplimiento efectivo para violadores de Derechos Humanos: Garantía de No Repetición
La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH) sostiene con convicción que la idea de indultar a condenados por graves violaciones a los derechos humanos en Punta Peuco contraviene el sentido ético, legal y humanista que debe orientar la convivencia nacional.
En especial consideración que el artículo 63.1 del Pacto de San José de Costa Rica de 1978 abarca la esfera de los daños materiales e inmateriales, refiriendo a diversas formas de reparación, entre las cuales está la investigación de los hechos y las garantías de no repetición de las violaciones, lo cual necesariamente implica reconocer estas penas como una forma excelente de prevención general negativa que dice a toda la sociedad chilena que es inaceptable el sadismo como forma de hacer política.
La mantención de la condena no es una cuestión de venganza contra los perpetradores, no es una revancha como han deseado insinuar candidatos presidenciales como José Antonio Kast -amigo personal de Miguel Krassnoff-, sino que, es la afirmación que las torturas que desgarraron cuerpos y almas, las violaciones que ultrajaron la dignidad más íntima, los asesinatos que segaron vidas llenas de esperanza, los detenciones sin juicio que convirtieron la justicia en un eco vacío, las relegaciones y exilios que destrozaron el tejido familiar, y los desaparecimientos que dejaron heridas abiertas que aún sangran en el corazón de nuestra Patria jamás son admisibles, aceptables ni justificables.
En dicha línea, reconocemos el proyecto de ley presentado en la Cámara del Senado que modifica la actual Ley N°18.050, eliminando disposiciones que permiten al Presidente indultar discrecionalmente, sin cumplir los requisitos establecidos en la norma. Este proyecto es una garantía para avanzar hacia la paz y la justicia social que exige respeto irrestricto a la memoria, a la dignidad de las víctimas y a las obligaciones emanadas de la comunidad internacional.
Nunca más impunidad: la memoria no se negocia
El dolor que dejaron los crímenes de la dictadura no es una cifra abstracta, sino millones de historias de horror, de vidas quebradas, de sueños truncados y familias deshechas. Indultar a quienes atentaron contra la vida, la integridad y la libertad de miles de personas no es un gesto humanitario, sino un retroceso que legitima la barbarie y perpetúa la cultura del olvido. Tal como señala la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, y el Estado tiene el deber de garantizar justicia efectiva a las víctimas, como lo establecen los artículos 8 y 25 de dicho instrumento fundamental.
Así, ante las heridas abiertas por la tortura, el exilio, la ejecución y la desaparición forzada que son marcas indelebles en nuestra historia nacional, no le basta con promesas políticas ni con cambios institucionales si no se respeta el principio irrenunciable de verdad y reparación.
Otorgar la impunidad a quienes cometieron estos crímenes es traicionar el pacto social, el mismo que debe cimentarse en el respeto y la defensa de la vida y la dignidad de todos los habitantes del país. La ley debe ser alerta ética y moral, blindaje contra el olvido organizado y el negacionismo que intentan silenciar el dolor.
Justicia, dignidad y reparación: el clamor de Chile
A cincuenta y dos años del golpe y tras décadas de democracia, la tarea sigue pendiente: garantizar a cada persona el derecho a justicia y reparación ante el horror sufrido. El proyecto de ley que impide los indultos para condenados de Punta Peuco representa un avance crucial hacia las garantías de no repetición y de respeto a los tratados internacionales suscritos por Chile. Tal como se afirma en los comunicados recientes de la CChDH, sin justicia nunca habrá paz ni una democracia plena; la labor de toda sociedad es no tolerar la banalización del mal ni el mercado de la memoria.
Por ello, como institución invitamos a todas y todos a defender este proyecto de Ley para impedir los indultos y amnistías en casos de delitos de lesa humanidad. Pues no se trata de odio, sino de amor y respeto genuino a quienes sufrieron y a las generaciones presentes y futuras, es la garantía que nunca más nadie vuelva a hacer estos desdeñables actos.
No hay salvaguarda institucional ni cultural sin justicia. La memoria, la dignidad y la reparación son la base de una nueva convivencia social y de una independencia verdadera.
¡Por la paz social, no más impunidad!
¡Ningún indulto para violadores de Derechos Humanos!