Declaración sobre grave vulneración de garantías procesales y principio de objetividad en caso Daniel Jadue ante los nuevos antecedentes expuestos por Radio Bío Bío
El Lawfare es una de las mayores injusticias que amenaza la paz social
Mediante un reportaje publicado por la Radio Bío Bío el día de ayer, se expone nuevamente el mal uso de los instrumentos persecutorios, como también, los incentivos perniciosos detrás de la labor de los fiscales y tribunales. Lo que demuestra una politización de la justicia y se confirman los presupuestos propios del “Lawfare”, ya denunciados con anterioridad. En Chile se está haciendo evidente que se está cargando el peso de la Ley con mayor vehemencia contra unos imputados determinados. Nos referimos en esta declaración al caso particular de Daniel Jadue, ex alcalde de la Ilustre Municipalidad de Recoleta.
Al respecto, fue en esta entrevista exclusiva con Radio Bío Bío en la que Matías Muñoz Becerra, uno de los principales imputados por la causa junto al ex alcalde, aseguró que la fiscal Giovanna Herrera Andreucci, lo presionó para dar declaraciones falsas que inculparan a Daniel Jadue. Particularmente le habría ofrecido sacarlo de la prisión preventiva en la que se encontraba hace más de 100 días si decía que estuvo presente en una reunión en la que se habría planificado el supuesto cohecho, por lo que, con miedo y pensando en su familia -especialmente sus hijos- se enfrentó a un miedo invencible que la Fiscalía aprovechó para fabricar un medio de prueba inexistente en contra del principal imputado.
Esto constituye una forma inaceptable de uso de las facultades que goza el Ministerio Público en el proceso penal chileno, pues estaría usando su poder exorbitante en el proceso para que, a través del miedo, instrumentalizar la justicia con fines políticos lo que impide que la justicia sea el fundamento de la paz social y pilar en la confianza en las instituciones.
En dicha línea, se han transgredido las normas legales y constitucionales, pero sobre todo, las normas obligatorias del sistema internacional de Derechos Humanos. La Fiscal ha omitido consistentemente el hecho que, dentro del monopolio de las diligencias investigativas del Ministerio Público -de acuerdo al artículo 3° del Código Procesal Penal -sin perjuicio de la denominada reapertura de la investigación del artículo 257° de la misma norma legal-, viene aparejado un principio de igual o mayor relevancia, uno que asegura la objetividad de la investigación, el principio de objetividad de la investigación.
Dicho artículo 3° dice que: “El Ministerio Público dirigirá en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinaren la participación punible y los que acreditaren la inocencia del imputado, en la forma prevista por la Constitución y la Ley”.
Sin embargo, el Ministerio Público en esta causa y otras, parece solamente preocuparse por buscar lo que puede dirigirse para la acusación del imputado en conformidad del artículo 248 y 259 del Código Procesal Penal e inclusive, se dilucida la posibilidad de que el organismo con la exclusiva responsabilidad de investigar los hechos, sea capaz de cometer el grave hecho de fabricar pruebas falsas para preparar una condena en contra del ex alcalde.
Al respecto, debemos recordar que cuando en un gobierno, al hablar de la cosa pública, la ciudadanía dice ¿Qué me importa? la cosa pública está perdida y en manos de los peores, y cuando a través de la indiferencia se desvirtúan las instituciones, la caída de la justicia es el punto de término de la decadencia, es el llamado a la autotutela y la justicia por mano propia. Como señalaba el jurista y filósofo Montesquieu: “No hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia”. El Lawfare, forma contemporánea y representativa de esta tiranía, debe parar. Si el Ministerio Público continúa en estas conductas, no solo le están negando la dignidad humana a Daniel Jadue como imputado, sino que, a toda la sociedad le están gritando que no hay Derecho.
El caso del ex alcalde de la comuna de Recoleta no solo es una forma de venganza y castigo político en su contra, sino que, es el paso a un colapso de las instituciones que no responden al valor de una comunidad política, sino a estructuras de poder de grupos de interés contrarias al bien común.
Es por ello que los graves hechos conocidos en esta entrevista, deben ser prontamente establecidos dentro del proceso y la Fiscal removida del caso mientras se establece su responsabilidad y consecuentes sanciones; y al imputado, otorgársele la debida reparación por el daño sufrido en virtud de una acusación injusta, con el inmediato alzamiento de las medidas cautelares decretadas en su contra, y un posterior sobreseimiento de la causa.
COMISION CHILENA DE DERECHOS HUMANOS
Santiago, 24 de Julio de 2025.-
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