Declaración de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) en relación con el proyecto de ley de reforma a las pensiones

enero 11, 2025

Declaración de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) en relación con el proyecto de ley de reforma a las pensiones

Defender la Seguridad Social es Promover la Paz: ¡No más oxígeno al sistema de capitalización individual!

Vivimos un proceso de envilecimiento de nuestra sociedad, donde el fruto de la convivencia no es la solidaridad, sino que la indiferencia y la apatía que acampan victoriosas en medio de las relaciones humanas de toda índole. Se decide ocultar la situación de hacinamiento de más de dos millones de chilenos, hacer oídos sordos a la falta de acceso a los servicios básicos de prevención, intervención y rehabilitación en la salud, y se ignoran las amplias capas de jóvenes desposeídos de ejemplo y esperanza. La derecha y la concertación han permitido que los depredadores antisociales de los grandes conglomerados económicos y los grupos delictivos —caras de una misma moneda que abusan de la propiedad privada y la libertad individual— devoren el tejido social.

Aquel relato de una muerte anunciada, del fracaso de una nación, toma especial protagonismo en el escenario de la tragicomedia nacional cuando hablamos del sistema de seguridad social del país. Actualmente, nos enfrentamos a un envejecimiento precario donde, de acuerdo con los estudios de la Fundación Sol, más del 50% de las personas recibe una pensión autofinanciada menor o igual a $185.418, mientras que la pensión mediana alcanza los $343.245 solo gracias a los subsidios estatales (principalmente, la Pensión Garantizada Universal). Además, más del 60% de quienes reciben una pensión autofinanciada se encuentran por debajo de la línea de la pobreza para hogares unipersonales.

Esto es consecuencia de un sistema diseñado como una caja de ahorros, no muy distinta de una mal administrada cuenta de ahorro o depósito a plazo, con altos réditos para sus administradores y una cuestionable rentabilidad para las mayorías sociales. En Chile, a pesar de la Ley N.° 20.255 y la posterior creación de la Pensión Solidaria Básica y el Aporte Solidario, no existe efectivamente un sistema de seguridad social funcional que proteja a las personas según el concepto universalmente aceptado: “la seguridad social es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia”.

Además, en nuestro país, las pérdidas generadas por la administración privada de las instituciones financieras encargadas de los fondos de pensiones recaen exclusivamente sobre los cotizantes. La derogación del artículo 38 y la actual regulación del artículo 37 del Decreto Ley N.° 3.500, tras las Leyes N.° 19.795 y 20.255 en democracia, eliminaron toda responsabilidad u obligación real de rentabilidad para las AFP. Tampoco existen mecanismos administrativos o judiciales que permitan exigir la restitución de dichas pérdidas a los cotizantes.

Como parte de la sociedad chilena consciente de sus derechos y deberes, manifestamos nuestra profunda decepción por el hecho de que el actual gobierno no cumpla sus promesas electorales por la presión de los grupos económicos y sus representantes en el parlamento. Este incumplimiento no solo debilita la legitimidad de la democracia y sus instituciones, sino que también profundiza la desconfianza social, avivando el riesgo de una conflagración nacional. Se prometió a la ciudadanía el fin o la reforma esencial del sistema de AFP, pero dichas promesas resultaron ser meras ofertas electorales en un mercado político subordinado a las minorías que ignoran su deber de servicio al bien común, enriqueciendo solo a unos pocos sin límites ni escrúpulos, todo con el persistente amparo de la derecha política en su defensa irrestricta del sistema.

El aumento de las cotizaciones individuales no mejorará significativamente las pensiones; será solo un aporte limitado que continuará beneficiando el juego especulativo del mercado financiero donde participan las AFP. Tal como afirmó la Coordinadora No Más AFP, junto a diversas organizaciones sindicales y gremiales, las consecuencias reales para los cotizantes son irrelevantes en términos estadísticos.

Mientras las pensiones de vejez dependan esencialmente del ahorro individual de cada trabajador, no se podrá cubrir la integridad de los costos de vida de una persona como si estuviera trabajando, en la mayoría de los casos. Esta situación contradice los estándares establecidos por los instrumentos internacionales de derechos humanos sobre seguridad social, como los artículos 66 y 67 del Convenio N.° 102 de la Organización Internacional del Trabajo. La legislación chilena actual condena a que los montos de las pensiones sean mínimos y no permitan a las personas mantener un nivel de vida digno ante contingencias como la vejez, la maternidad, el desempleo o la invalidez.

Los problemas estructurales del país son las causas finales de los episodios de violencia y desintegración social. Como señaló Agustín de Hipona: “No hay derecho donde no hay justicia; no hay república donde no hay justicia” (De civitate Dei contra paganos 19, 21). La autoridad debe recordar que la dignidad humana y la protección de los derechos humanos son principios fundamentales para evitar que las personas se vean obligadas a recurrir al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión, como lo afirma la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.

Por último, llamamos a toda la ciudadanía a informarse debidamente y asumir una defensa activa de sus derechos. Chile necesita un sistema de seguridad social que proteja a los cientos de miles de familias donde hay personas que no pueden trabajar debido a causas ajenas a su voluntad. Solo así podremos garantizar un verdadero Estado social y de Derecho que haga efectivos los derechos humanos. Todo lo demás es seguir alimentando un incendio subterráneo que amenaza con disolver la paz social, cuyos principales responsables serán las instituciones —ya carentes de legitimidad social—.