Publicación Estallido Social

Publicación «El Estallido Social y el derecho de libre determinación. La mirada de sus protagonistas», de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH), mayo de 2020.

Para su descarga como pdf, acá.

---

PRESENTACIÓN

Desde su fundación, hace ya 41 años, la Comisión Chilena de Derechos Humanos ha promovido en nuestro país el establecimiento de un sistema democrático fundado en el pleno respeto y garantía de los derechos humanos consagrados en los diversos Pactos y Convenciones emanados de Naciones Unidas.

Siempre hemos entendido que ésta debe ser una tarea común, del conjunto de la sociedad, porque concebimos a los derechos humanos no sólo como una obligación normativa, sino además, como una necesaria herramienta para la transformación social.

Durante los primeros años, nuestra Institución defendió a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura cívico militar, y a partir del año 1990, cuando se inicia la transición, demandó el cumplimiento de las obligaciones propias que impone la normativa internacional a los Estados post dictatoriales: Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No repetición.

En treinta años, los avances han sido lentos e insuficientes, principalmente porque las bases estructurales del modelo político económico social y cultural que se instaló por la fuerza el 11 de septiembre de 1973, permanecen en su esencia, intactas. La Constitución impuesta en 1980, sigue vigente. Y quienes defienden el statu quo, ejercen su poder obtenido en la Dictadura para preservarlo e impidiendo de paso el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado Chileno.

Por tal razón, hemos promovido la necesidad que el pueblo chileno recupere la soberanía popular que le fuera arrebatada mediante el Golpe Militar, a fin que pueda ejercer el derecho de libre determinación, establecido y consagrado tanto en el artículo 1° homónimo, tanto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como del Pacto Internacional de Derechos Sociales Económicos y Culturales.

El ejercicio de este derecho, reconoce a los pueblos establecer libremente su condición política a través de una Nueva Constitución así como el de administrar sus riquezas y recursos naturales para proveer a su desarrollo económico y social.

Las reformas realizadas a la Constitución durante estos treinta años, mantuvieron intacto el modelo instaurado por la fuerza y no abrieron la posibilidad de ejercer soberanamente la soberanía popular a través de un proceso constituyente.

En suma, se mantuvo la Constitución heredada de la Dictadura cívico militar, que consagraba normativamente la filosofía del Estado subsidiario, pilar central del modelo económico impuesto por la fuerza, que sustrajo al Estado de su obligación de garantizar derechos sociales y económicos básicos, tal como lo dispone la normativa internacional de los Derechos Humanos e impidiendo al pueblo chileno decidir su destino soberanamente.

Durante treinta años, las organizaciones sociales levantaron permanentemente sus demandas, expresivas de derechos específicos. Así, los estudiantes secundarios el 2006 y luego los universitarios el 2011, junto con los profesores, exigieron el respeto por el derecho humano a la educación. La Coordinadora No + AFP convocaba a un nuevo sistema a objeto de garantizar el derecho humano a la seguridad social. Por su parte, los trabajadores, tanto del sector privado como los funcionarios públicos, cada 1° de Mayo exigían en las calles el respeto de sus derechos laborales. Las mujeres, a través de las organizaciones feministas, exigían masivamente la igualdad de género y el fin de toda violencia contra la mujer. Los pobladores, a su vez, exigían el derecho a una vivienda digna. Los pueblos indígenas, la recuperación de sus derechos arrebatados, mientras que los periodistas exigían el derecho a la información y los migrantes sus derechos migratorios. Las organizaciones de derechos humanos y agrupaciones de familiares exigiendo Verdad y Justicia y promoviendo la Memoria; la comunidad de la diversidad sexual, demandaba sus derechos a ser tratados iguales en dignidad y derechos y las organizaciones defensoras de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, exigían el respeto de los derechos establecidos en la Convención, así como los trabajadores del arte, se movilizaban por el derecho a la Cultura.

A pesar de comprender que el modelo neoliberal constituía la razón estructural que impedía el goce y respeto de los derechos humanos, las luchas de las organizaciones fueron sectoriales y carecían de una expresión unitaria, a pesar de los esfuerzos realizados.

El estallido social ó revuelta social, iniciado el 18 de Octubre de 2019, que se expresó en la movilización multitudinaria de chilenos y chilenas, que exigían en las calles de nuestras ciudades, la superación modelo neoliberal y del orden institucional vigente, por uno nuevo, a través de una Nueva Constitución, elaborada en un ejercicio soberano del pueblo chileno, que permitiera establecer condiciones de vida  dignas, garantizando derechos sociales básicos como el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a la vivienda digna, a la seguridad social, entre otros, se convirtió por primera vez en una exigencia mayoritaria de la sociedad chilena que unía al mundo social organizado.

La lucha sectorial por la satisfacción de un derecho humano específico, se transformó en la lucha común por el respeto y garantía de todos los derechos humanos que eran vulnerados institucionalmente por el modelo vigente.

La respuesta del Gobierno, defensor del statu quo, fue una fuerte represión que se expresó en una masiva, grave y sistemática violación a los derechos humanos que significó muertes, torturas, heridos, mutilaciones y prisión política, vulneraciones que afectaron a miles de chilenos y chilenas y que fueron constatadas por cuatro organismos internacionales a través de sendos informes.

La Comisión Chilena de Derechos Humanos, ha estimado necesario reconocer el protagonismo y trabajo unitario del mundo social organizado, en la lucha común por los derechos humanos de todos y todas, a través de una publicación que compila las distintas miradas y visiones que tienen las distintas organizaciones sobre el estallido social, a través de artículos escritos en el marco del estallido social ó a través de una mirada retrospectiva. Incluimos también, una opinión internacional sobre el proceso.

Creemos que la pandemia ha puesto en evidencia la vigencia y legitimidad de las causas que dieron origen al estallido social. El término de la grosera desigualdad y el abuso institucionalizado junto con la necesidad de establecer una Nueva Constitución fundada en el respeto y garantía de los derechos humanos, constituyen exigencias plenamente vigentes que compartimos y promovemos, porque consideramos que la única forma de alcanzar la plena realización de la dignidad humana, es crear una institucionalidad política, económica y social, que garantice el pleno goce y respeto de los derechos humanos de todos y todas.

 DIRECTORIO COMISION CHILENA DE DERECHOS HUMANOS

 

 

 

El Estallido de Octubre y la Revuelta contra el modelo

Luis Mesina Marín y Mario Villanueva Olmedo, Coordinadora Nacional No + AFP   (Abril, 2020)

Entre las preguntas que se harán seguramente los historiadores en el futuro estarán: cuáles fueron las causas, porqué se produjo el estallido del 18 de octubre de 2019?, Porqué derivó en la revuelta popular que se prolonga por meses cuando Chile se mostraba al mundo, como ejemplo positivo de desarrollo y estabilidad?

El estallido puso en evidencia el agotamiento y la profundidad de la crisis del modelo neoliberal impuesto por la dictadura en 1973 y que una vez recuperada la democracia en 1990, fue mantenido por  los gobiernos de la Concertación y Nueva Mayoría. Este modelo redujo el papel del Estado, asignándole un rol subsidiario y se basó en la privatización de todas las áreas de la economía: recursos naturales, seguridad social, salud, educación, servicios sanitarios, luz, agua, vivienda, transporte entre otros. Un  modelo extractivista funcional a una economía abierta a la circulación y  movimiento de capitales, con poco valor al trabajo y que posibilitó una brutal acumulación de la riqueza en pocas manos, con una inequidad entre las más altas del mundo y con total desprotección y conculcación de derecho sociales.

Este modelo, que impuso el individualismo y el consumo como esencia, se asentó con la generación de una superestructura jurídico política que tiene 3 pilares básicos: Primero, el Plan Laboral impuesto en 1979 por José Piñera, que terminó por desarticular y atomizar al movimiento sindical; Segundo, el DL 3500 de 1980, que creó las AFP, puso fin a la Seguridad Social e impuso la capitalización individual, lo que  generó el cimiento financiero del modelo en base a la utilización del ahorro de los trabajadores, que al inicio del estallido alcanzaba a los US$ 220.000 millones y que como contrapartida, entrega pensiones de miseria a la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras jubilados del país; Tercero, la Constitución de 1980, que fue el broche que terminó de amarrar la nueva institucionalidad que sostiene el modelo.

Cuando los estudiantes saltaron los torniquetes del metro oponiéndose al alza de las tarifas,  desencadenando el estallido y la revuelta, no fueron los 30 pesos por lo que se reclamaba, eran los 47 años en los que se fue  acumulando mucha rabia, impotencia por todo lo que implicaba la imposición del modelo: Bajos salarios, jubilados con bajas pensiones; salud para ricos y salud para pobres; educación de mercado y de baja calidad; endeudamiento con bancos, retail, servicios básicos; carreteras privatizadas; medio ambiente contaminado, zonas de sacrificio, territorios sin agua para el consumo humano por el aprovechamiento de ellas por parte de empresas mineras y agrícolas; discriminación a inmigrantes, represión a pueblos originarios, en fin, se llegó a un punto en que la conculcación de libertades y derechos fundamentales, en que la miseria, el abuso, indignación y la rabia, se acumularon más allá de lo soportable, más allá de lo habitual.

El 18 de octubre fue un catalizador. Como señalaba una pobladora en un cabildo de los miles que se efectuaron a partir de esa fecha: “me di cuenta que estos problemas no eran solo míos, sino que éramos muchos y muchas, que éramos miles los que vivíamos la misma situación y que no podía seguir aislada en mi casa, que teníamos que actuar unidos”.

La crisis se venía gestando hacía años. Como suele ser habitual, los jóvenes y los estudiantes son  los primeros en protestar y salir a la calle. El movimiento estudiantil se expresa con fuerza en diversos momentos, demandando el derecho a la educación y que esta sea pública gratuita y de calidad. Un primer estallido se da el 2006, con la revolución pingüina; posteriormente, el 2011 otra gran oleada se pronuncia en la misma línea, teniendo como principal protagonista a los universitarios, pero que cuenta con la participación también de los secundarios y sus familias, todos los cuales se expresan en marchas multitudinarias durante el primer gobierno de Piñera. También ha marcado este período previo al 18 de octubre, la demanda por seguridad social y pensiones liderada por  la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras No+AFP. Marchas nacionales multitudinarias se sucedieron desde julio del 2016, un plebiscito autoconvocado donde participaron 1 millón 80 mil personas, entre otras manifestaciones, daban cuenta de la crisis de las pensiones y del fracaso del modelo de AFP, sostenido por los defensores del modelo.

Santiago y las regiones se llenaron todos estos años de manifestaciones marchas y protestas, reclamando por la conculcación y desprotección de derechos sociales, contra la privatización y por el derecho al agua, por la defensa del medio ambiente, por el derecho a la salud a la vivienda, protestas en Freirina, en Aysén, el movimiento feminista demandando paridad de género, el fin del patriarcado y de la violencia contra la mujer.

Ante este cuadro, en junio de 2019, la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras NO+AFP, en una carta enviada a las principales organizaciones y movimientos sociales, Cut, Fech, Feuc, Anef, Colegio de Profesores, Ukamau, Modatima, Movimiento Feminista 8M, Fenpruss, Confusam, Confederación de Sindicatos Bancarios, Cones, entre otras, los convoca a una reunión para converger y no seguir enfrentando por separado las consecuencias y efectos del modelo. En la misiva se señalaba:

“Estimamos que es urgente la convergencia social y política de los movimientos y organizaciones sociales para defender y recuperar derechos fundamentales y profundizar esta democracia que hoy es insuficiente. No hay tiempo para seguir separados peleando cada cual por sus demandas. El tiempo agobia pues el poder aprovecha nuestra división para mantener sus privilegios. El pueblo espera una señal, un hecho concreto. Espera que actuemos y nos movilicemos unidos. Son muchas las diferencias que tenemos, tanto tácticas como estratégicas. Sin embargo, en los tiempos actuales hay señales que nos llaman a meditar y actuar en consecuencia.”

Como resultado de la reunión, se da nacimiento a UNIDAD SOCIAL, que es la instancia de coordinación de los movimientos sociales  y se acuerda un MANIFIESTO CONVOCATORIA A LOS MOVIMIENTOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE CHILE, el cual parte señalando:

“Un sentimiento de indignación, molestia y rabia, recorre el país, al sentir que se acrecientan las injusticias, las desigualdades y la impunidad y al observar que prácticamente no hay sector de la sociedad que no esté afectado por la corrupción o por la crisis moral que corroe a gran parte de las instituciones de la república.”

Continuaba señalando: “El mundo del trabajo, pensionados, salud, educación y cultura, vivienda, territorios, agua y medio ambiente, mujeres,  pueblos originarios, inmigrantes, entre otros, en el día a día, vivimos las consecuencias nefastas y a veces catastróficas, de décadas de políticas neoliberales y de promover el individualismo por sobre la solidaridad y donde los dueños del poder, la clase  empresarial y aquellos que los representan, sólo piensan en maximizar sus ganancias, no respetando y conculcando las libertades y derechos fundamentales (DDHH, políticos, económicos, sociales y culturales)  de todos los chilenos y chilenas. Todo lo anterior, se ha visto acrecentado en el actual gobierno, con políticas públicas regresivas, aumento sistemático de la represión y generando correlaciones de fuerza conservadoras en el parlamento, destinadas a reducir aún más los pocos derechos que nos están quedando”

Finalmente concluía: “Los movimientos y organizaciones sociales que suscribimos este manifiesto, nos proponemos cambiar este estado de cosas, no nos quedaremos en la inmovilidad y la resignación ni seguiremos cada cual marchando infructuosamente. Queremos una sociedad diferente con más libertad y democracia, con más igualdad y justicia, con más solidaridad y fraternidad. En eso, estamos todas y todos de acuerdo, por lo que hemos decidido, que llegó la hora de actuar unidos y unidas.

“Unidas y unidos para detener la voracidad del capital en todos los ámbitos de la sociedad, para poner freno a los abusos, a la represión y a los ataques a nuestras libertades y derechos, a la entrega de nuestras riquezas y patrimonio.”

“A partir de esta voluntad de unidad y convergencia hemos decidido ponernos de acuerdo en un simple propósito común, que no es otro que: la defensa y recuperación de las libertades y derechos fundamentales, que son los que les hacen sentido a la mujer y al hombre sencillo de nuestro pueblo que aspiran a una vida buena.”

Terminaba el manifiesto convocando “a toda la ciudadanía, a todos los que viven en esta tierra, a todas las fuerzas sociales del país a actuar y movilizarse”  y a una “gran Jornada de Protesta Nacional”, la que se llevó a cabo el día 5 de Septiembre y que en Santiago, mantuvo al mediodía cortada la Alameda por más de 3 horas.

Todo lo señalado precedentemente, debe ser considerado para entender la magnitud de lo acontecido a partir del 18 de octubre. Nadie,  ningún grupo, personas u organización, se puede atribuir la convocatoria propiamente tal, esta surge de manera espontánea en el boca a boca y con llamados a través de las redes sociales. Lo que sí es importante consignar, es que el estallido se transformó en revuelta porque se habían estado gestando durante años las condiciones para esta eclosión social, para la protesta generalizada, para que millones se volcaran a las calles, se manifestaran de múltiples maneras, sobrepasaran la  institucionalidad  política, policial,  el estado de emergencia y toque de queda establecido por el gobierno que sacó los militares a la calle al verse totalmente sobrepasado. Se cuestionó al poder y se alteró  la estabilidad política. La revuelta implicó la participación y accionar político de millones de personas en todo el país y no sólo de aquellos  que habitualmente  protestaban y se manifestaban por sus derechos y demandas. El grito de “Nos Cansamos, Nos Unimos” se instalaba en la Plaza de la Dignidad, en las marchas y protestas y  murallas de  ciudades, pueblos y plazas de todo el territorio.

Sobre el estallido y la revuelta propiamente tal,  hay mucho testimonio escrito, audiovisual y oral, que da cuenta  de lo acontecido todos estos meses. No fue sin costos. Observadores internacionales de DDHH, denunciaron las  graves violaciones cometidas  durante este período por parte de las fuerzas represivas del estado. El INDH, en febrero del 2020, registraba más de 10.000 personas detenidas, 3.765 heridos, de ellos 2.122 por bala, balín o perdigones, 445 con heridas oculares y de ellos, 34 con estallido y perdida de la visión, violaciones, torturas, uso excesivo de la fuerza y lo más grave la muerte de 34 chilenos y chilenas y algunos migrantes, todo ello denunciado y documentado.

Importa consignar y reflexionar respecto a que una de las debilidades de todo este proceso, fue  que faltó una conducción más clara y que al inicio, no hubo un programa de propuestas definido, que sintetizara las exigencias y demandas históricas que estaban en las calles. Lo mismo respecto  a la ausencia de una oposición política que se hiciera cargo de la protesta popular y las demandas. Los partidos políticos y el parlamento no estuvieron a la altura y terminaron cediendo y aprobando proyectos de  una agenda legislativa con la cual el gobierno buscaba hacer frente y aplacar la revuelta pero que no se hacía cargo de la demanda y pretendiendo mantener la esencia del modelo neoliberal cuestionado.

Desde el mundo social, las organizaciones y movimientos agrupados en Unidad Social, con voluntad unitaria pero con muchas contradicciones internas, intentaron  asumir ese rol. Desde los primeros días, el Bloque Sindical conformado por la CNT NO+AFP, la Anef, el Colegio de profesores, la  CUT, la Confederación Bancaria, organizaciones del sector salud como Fenpruss y Confusam, sindicatos del comercio, de la minería de los sindicatos portuarios del país y muchos otros, convocaron las principales manifestaciones que daban estructura y continuidad a la revuelta de la cual participaban muchos más sectores.

Fueron estas organizaciones las que promovieron y convocaron a la huelga y marcha del 23 de octubre, a las protestas y la huelga general del 30 de octubre. Esta última, marca un hito, se cuenta ya con un Pliego de los Trabajadores que recoge las principales e históricas demandas económicas, sociales y políticas, no sólo del mundo del trabajo sino de todos los sectores movilizados que estaban en la calle.  Se exige el fin de la represión y las violaciones a los DDHH, el término del estado de emergencia y el toque de queda que había dictado el gobierno  y junto al pliego de demandas, levanta la exigencia de una Nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente y llama a continuar impulsando los cabildos y asambleas territoriales que se constituían en las poblaciones y territorios del país.

Estaba claro a esas alturas y lo sigue estando, que la inmensa mayoría del país quiere cambios de fondo y no cosméticos, no es casual que todas las encuestas pongan como principales demandas: pensiones, salud educación y salarios. El tema de profundizar la democracia, término de los abusos y la corrupción y nueva constitución, siguen estando en la primera línea de  las exigencias populares. El viejo modo de vida está  cuestionado y los dueños del poder que han dominado por décadas no pueden seguir haciéndolo como hasta ahora, pese a que buscan salidas gatopardistas, intentando cambiar algo para que no cambie nada.

La huelga general de 30 de octubre, terminó por hacer evidente al poder, que estaba en riesgo todo el mundo de privilegios que habían construido y que la revuelta se había vuelto difícil de controlar.

Es así como, con la presión de “sacar a los militares” reconocido por algunos parlamentarios/as,  la madrugada del 15 de noviembre, tras 29 días desde el inicio del estallido, en los pasillos del congreso se fragua el “Acuerdo por la Paz y Nueva Constitución”.

El pueblo entiende que a pesar de las limitaciones de este acuerdo y de las imposiciones que se  establecen desde el poder, lo que se abre paso y está instalado, es la necesidad de una Nueva Constitución y es por eso que, lo decisivo es ganar contundentemente en el plebiscito ya acordado votando Apruebo y Convención Constitucional y de esa manera, avanzar a transformaciones más profundas.

Este escenario es el logro de la movilización social, pero no todo está asegurado y el poder, los grupos dominantes se jugarán por desbaratarlo y torcer la decisión popular. En ese sentido, la crisis sanitaria generada por la pandemia del Covid 19, le ha servido al gobierno  para contener la movilización y tratar de recuperar la iniciativa. En este cuadro, no todo está dicho, se puede avanzar, pero también retroceder. Lo determinante será: Mantener la capacidad de movilización y la unidad. Sin unidad, no habrá cambios. Por ello, el contar pronto con una estrategia común y una adecuada  conducción, será decisivo para avanzar y obtener  las transformaciones por la que tantos y tantas, en estos meses de revuelta, han puesto sus esperanzas y parte de su humanidad.

 

CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES (CUT)

Bárbara Figueroa, Presidenta  (Abril, 2020)

Reconstruir reflexiones sobre el estallido social, las acciones desplegadas y los análisis sobre aquello que se expresó en las movilizaciones que acompañaron desde Octubre a marzo la agenda nacional, resulta una desafiante invitación, enfrentados a un cuadro actual que ha venido acompañado de cambios tan radicales y dinámicos, que nos tienen enfrentados a un pandemia de carácter mundial.

Los análisis, propuestas y proyecciones en el marco de un proceso constituyente en ciernes, que debía concretar una primera etapa con la votación en el plebiscito nacional el 26 de abril, se habían constituido en la tarea prioritaria de gran parte de los actores sociales y partidos políticos. Todo este andamiaje de plazos y concreción de esfuerzos por disputar ya no sólo en las calles sino que también y por sobretodo, en el debate político e ideológico un proyecto país, quedó suspendido por un momento en el marco de la crisis sanitaria que enfrentamos. Crisis que trasciende con creces las fronteras nacionales y que le adosa al momento actual, una particularidad que no teníamos en el proceso de movilizaciones de octubre y es que este tiempo es un tiempo de crisis globalizada, a diferencia de lo que vivimos desde octubre, donde si bien es posible hacer un trazado con los procesos de rebelión popular en otras latitudes, lo cierto es que lo que le daba un especial tono al proceso, era su identidad nacional.

No obstante, a diferencia de lo que se pudiera pensar, la crisis sanitaria globalizada que enfrentamos, ha puesto en evidencia que pese a lo particular del proceso que vivíamos en Chile tras las movilizaciones de Octubre, lo cierto es que si algo nos demuestra este tiempo, es que las razones y demandas que se expresaron en las calles a partir de Octubre de manera masiva, pero antes de ello, desde las convocatorias de las actores organizados; el clamor de cambios y transformaciones, no es ni era un atentado contra un  gobierno, sino que eran la expresión de rechazo a la manera en que se entendían las prioridades sociales y políticas.

En efecto, si uno revisa lo que al menos desde los actores organizados se alzaban como propuestas, las demandas desde el mundo sindical condensadas en lo que se denominó el pliego de los trabajadores y trabajadoras, ponían en tono de demanda por salario y pensiones dignas, derecho al trabajo decente y libertades sindicales, la exigencia por un trato digno con los trabajadores y trabajadoras y la valoración de éste como agente principal en la creación de valor y crecimiento para el país, por sobre el excesivo valor que se le da al capital y los mecanismos y políticas de protección a las empresas, que hasta ahora imperan en el país.

En nuestro informe al XII congreso de la Central Unitaria de Trabajadores, realizado el 24 y 25 de enero de 2020, señalábamos: “En tiempos en que nos dicen que la tecnología nos suplantará, olvidan que no hay instrumento creado por el hombre que no nos requiera para hacerse sostenible, a pesar de que los agoreros nos invitan a atemorizarnos ante la robotización y automatización, olvidan que todos los sistemas complejos, demandarán  de nuevas habilidades y eso, no será reemplazado, al menos en el corto plazo, por nadie más que no sean los seres humanos, los trabajadores y trabajadoras.

No queremos una nueva constitución con derechos laborales para sentirnos satisfechos, lo demandamos porque no hay otra forma de restituir valores fundamentales, si no partimos por revertir esta relación distorsionada de creadores de valor en nuestra sociedad.  No queremos una agenda social ambiciosa para que le hagan un favor a la CUT, es la señal concreta que demandamos de todos aquellos que de verdad creen que debemos derrotar el neoliberalismo y que eso exige restituir el valor del trabajo como esencial por sobre los especuladores.  No demandamos fin a los abusos porque seamos resentidos, sino porque los abusos son la expresión más brutal de la sobrevaloración que existe de quienes gozan de todas las condiciones para surgir y para hacer dinero, pero sin poner un centavo de ello para el desarrollo de todos.”

Aquellas reflexiones que plasmáramos en nuestro informe como desafíos del periodo, son y siguen siendo hoy más que nunca, la tarea a la que estamos convocados en tiempos de crisis. Cuando el valor de la vida se supedita al cuidado del mercado y el resguardo del capital, la tarea de restituir el valor del trabajo como un valor esencial para el desarrollo del país y el bienestar de la sociedad, sigue siendo una tarea de primer orden.

Enfrentados a una crisis planetaria producto de la pandemia del COVID-19, lo que fuera expresado tras el clamor del “Basta de abusos!” y que derivase en la demanda política por una nueva constitución, como la expresión más radical de la demanda por cambios y transformaciones profundas, se reafirma en el contexto de crisis sanitaria. Si bien no se pueden desarrollar manifestaciones multitudinarias, ese mismo hecho, ha implicado una conciencia mayor de que no es la movilización la que explica la demanda, sino que la demanda se expresa a través de la movilización, por ello, cuando ésta no es posible de realizar, no significa que la demanda quede suspendida o se modifica. Todo lo contrario, se reafirma.

Ese punto de inflexión es al que estamos enfrentados en este tiempo presente. Tiempo en que hemos debido colocar en un paréntesis la acción movilizadora, pero no por ello detener la necesidad de cambios. Ese ajuste a nuevas estrategias y acciones, es el desafío mayor al que estamos enfrentados los actores sociales y por cierto, el actor sindical.

Nuestro debate no es sobre la coherencia o justeza de cambios en tiempos que ya no son iguales a los vividos hasta marzo del presente año, el desafío es cómo seguir visibilizando en este tiempo y ante una ofensiva del gobierno con sus proyectos anti derechos, la urgencia de cambios y transformaciones que hoy, además nos han puesto en evidencia que no sólo es un imperativo ético el apostar por la fuerza de trabajo, sino que es una necesidad si pretendemos no sólo hacer frente a la crisis sanitaria, sino también enfrentar con mejores herramientas el efecto económico de esta pandemia, la que solo podrá ser posible de sortear, si colocamos en primer lugar el valor del trabajo y el crecimiento, guiado por los salarios como la medida por excelencia para reactivar la economía, sobre todo la de pequeña escala.

“No serán los dineros en paraísos fiscales los que pondrán en marcha la economía. Seremos los propios trabajadores, con el fruto de nuestro trabajo, los que generaremos el crecimiento en nuestro país”

Una ANEF comprometida con la protesta social y los Derechos Humanos

José Pérez Debelli, Presidente Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF)  (Abril, 2020)

Desde el inicio del estallido social, el pasado 18 de octubre, pusimos a disposición de la población y de los/as trabajadores/as del país, toda la estructura de la ANEF, y la de su historia y legado de nuestros fundadores y presidentes, tal como Clotario Blest y Tucapel Jiménez. La primera acción que realizamos, fue acudir al Palacio de La Moneda, para defender el legítimo derecho a la protesta social, y para expresar nuestro rechazo a la aplicación de Ley de Seguridad Interior del Estado en contra de los/as estudiantes que saltaban los torniquetes del Metro de Santiago.

También, nuestra reacción como Confederación fue un profundo repudio al Estado de Emergencia, decretado por el Gobierno para enfrentar el inicio de lo que fueron meses de manifestaciones en contra del abuso y de un modelo depredador con los derechos sociales. Amparados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos defendimos -y defendemos- el derecho a la protesta y a la desobediencia social ante el abuso reiterado e institucionalizado.

Por ello, congelamos nuestras relaciones con el Ejecutivo durante todo el Estado de Excepción, y exigimos sacar a las Fuerzas Armadas de las calles para dar paso a un nuevo diálogo social, el que termine con el abuso y la precarización de la vida.

En consecuencia, mantuvimos una paralización de actividades en el aparato público, el que se sostuvo por casi dos meses, sólo dejando funcionar servicios esenciales y turnos éticos. A su vez, fuimos parte activa de las Huelgas Generales convocadas por la Mesa de Unidad Social (MUS), de la cual somos parte y organización fundadora.

Junto a la MUS hicimos entrega de un pliego de propuesta que se resumió en una agenda social de corto plazo, la que permitiese solucionar las necesidades mínimas de la ciudadanía, y la que concluye con la redacción de nueva Constitución plurinacional y feminista, elaborada por el pueblo soberano, a través de una verdadera Asamblea Constituyente. Estas propuestas fueron planteadas al gobierno, sin que a la fecha exista respuesta alguna.

Para nosotros el “Acuerdo por la Paz y Nueva Constitución” se concibió a espaldas del pueblo movilizado y es por eso que lo rechazamos abiertamente. De manera inédita e inaudita, el poder legislativo interviene en un proceso que es propio de un movimiento popular emergente.

No nos quedamos en la crítica e impulsamos los cabildos abiertos, las asambleas territoriales, participamos del “Campamento por la Dignidad”, fortalecimos nuestros espacios sindicales para poder ser parte de las soluciones a las demandas de la ciudadanía movilizada, en una construcción colectiva que nos permita vivir en un Chile con más justicia social y en respeto a los Derechos Humanos.

Sobre las violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos perpetradas por agentes del Estado, nuestra posición ha sido y será única, sin ambigüedades: absoluta condena. Hasta el día de hoy exigimos justicia, reparación y plena verdad para las víctimas de los Derechos Humanos, no solo las del estallido social sino también a los de la dictadura, cuyas familias continúan hasta hoy en su lucha incansable por verdad y justicia.

Toma del Instituto Nacional

Rodrigo Pérez Figueroa, Presidente Centro de Estudiantes Instituto Nacional (CEIN)  (Noviembre, 2019)

 

Estimados compañeros y compañeras

Antes de hablar frente a ustedes

Debo vencer a mi propia persona

A mi sombra, a mis fantasmas

Mis inseguridades, mis trabas

Pues ¿Para qué les hablo si no logro transmitir mis sentimientos?

Y para explicarles, debo vencer lo que me carcome la garganta, o para sentir la alegría… aunque sea

Por lo menos el paso por este revolucionario lugar, me enseñó a enfrentar mis propios miedos e inseguridades

Pues fue el paso, el caminar

No fue el lugar en sí mismo

Y hoy espero que el lugar pueda enseñarnos y entregarnos aquello

Aquello que yo debí buscar por mi propia cuenta, en soledad y serenidad

Y que quizás muchos, en esa búsqueda, no lograron encontrar

Quizás es enriquecedora esa experiencia: vivirlo y que no te lo cuenten

La de caminar, la de enfrentar esos obstáculos y soñar con transformar eso que llaman ‘’status quo’’

Muchos se aventuran en esa búsqueda

Pero varios se pierden en el camino

Es difícil tomar decisiones, más cuando el camino se bifurca y nadie te dice qué hay al final de las dos opciones

En ese caso, sólo nos queda avanzar a nuestra suerte por alguno de los dos caminos, y devolverse si ha de ser necesario porque nuestro interior nos lo pide

El colegio es una montaña rusa

Oscila; sube y baja

A veces estamos en la cúspide, mañana estaremos en el valle

O en el hoyo más profundo de todos, para ser más precisos

Pero de ahí venimos, y por eso defendemos lo nuestro

Pues la educación pública resguarda entre sus paredes, al pueblo

A los que el sistema olvidó

O que, más bien, el sistema siempre los tuvo presente para mantenerlos en ese lugar. Pero es la educación pública la resistencia a ese paradigma

Y por eso, destruir nuestra escuela es destruir a la resistencia, y a nuestro pueblo con ello

Entre nuestros pasillos, fríos y a veces calurosos por la temperatura de las bombas molotov, (sobre)vive nuestra comunidad

La comunidad escondida, la comunidad soñadora, la comunidad de la esperanza

Pero hoy no es tan sólo una comunidad soñadora, pues esta está dividida y hace un buen rato ya

Está, entre los cuerpos de esa comunidad sobreviviente, el pueblo con rabia y odio.

Esta también el pueblo dormido, que muy poco han de afectarle las cuestiones que se suscitan en su territorio.

Y desde luego, está el pueblo soñador

El pueblo con rabia y odio, sabe que estamos gobernados y sometidos

El pueblo soñador, también lo sabe perfectamente

La diferencia que llevó a la separación de lo que alguna vez entendimos como comunidad, fue que algunos soñaron con una nueva comunidad, y construir sus cimientos

Otros, se propusieron quemarla, para de esas cenizas construir una nueva, con los que quedaran vivos, obviamente.

Es difícil mi posición, pues debo hablar por el pueblo del odio, el pueblo de la esperanza y el pueblo de la resignación

Desde luego que, entre toda nuestra gente, alguna grita mucho más fuerte que otra; pues la rabia nunca ha de pasar desapercibida como sí lo han de pasar los sueños.

Sólo tengo claro una cosa: y es que no hay remedio para nuestro pueblo.

Porque no está enfermo

Está encarcelado

Podemos cambiar el orden de las expresiones humanas, corrigiéndoles, imponiéndoles, obligándoles; poniéndole titulo de desarrollo económico y un sinfín de parafernalias

Pero en ningún caso, es eso curar una enfermedad, es eso, más bien, podar la planta antes de que florezca

Si hay algo necesario, y es hacerle frente a la división que nos propone el paradigma actual

Que no se cura con remedios

Se soluciona con humanidad

Humanidad; humanidad es entender la diversidad

Es enorgullecerse y respetar las distintas religiones, ideas políticas, razas, etnias, características físicas y demases

Para ser tolerantes, paradójicamente, no debemos tolerar la intolerancia

No debemos tolerar el nazismo, el fascismo

No debemos tolerar la violencia, especialmente cuando es contra nuestra propia clase

Cuando los rayados de los baños los debe limpiar el tío del aseo

Cuando los vidrios rotos deben recogerlos estas mismas personas

Cuando nuestros inspectores e inspectoras, en su propia deshumanización del trabajo, en esa decisión voluntaria de cumplir un trabajo sumamente inhumano

Reciban la misma odiosidad

Pues con afecto y fraternidad, les enseñaremos, compañeros y compañeras, el camino correcto

El trabajo es más grande del que pensábamos, la historia se escribe con cada uno de nuestros pasos

Porque hoy lo que está en juego, no es la comodidad de nuestros bancos, ni la cantidad de profesionales en nuestras aulas

Hoy lo que está en juego es nuestra sobrevivencia

Pues todo los que, pese a todo, aún estamos aquí

Es porque somos sobrevivientes

Seguiremos en la senda que nuestro pueblo recorre

A ellos nos debemos, y por ellos aprendemos.

Hoy más que nunca el viento resopla fuerte haciendo avanzar para botar las trampas y obstáculos que la dictadura sembró y crecieron como mala yerba entre nuestras casa, entre nuestras comunidades e instituciones.

Hoy quizás el sueño no está tan lejos

Por hoy nuestros sueños no pasan desapercibidos.

COLEGIO DE PROFESORES

 

 DECLARACIÓN PÚBLICA   (Santiago, octubre 20 de 2019)

El Directorio Nacional del Colegio de Profesores de Chile, reunido en sesión extraordinaria de hoy domingo 20 de octubre, ante el estallido social ocurrido en el país, solidariza y se hace parte de la ciudadanía que ha reaccionado tras décadas de abuso y de violencia económica promovida por quienes sustentan el modelo económico, político y social.

Rechazamos la violencia como método de acción, pues sÓlo es funcional a los poderosos y a quienes necesitan justificar la militarización del país. No obstante aquello, reivindicamos el derecho a la desobediencia civil no violenta cuando el abuso y arbitrariedad de los poderosos ha llegado al extremo, como ha ocurrido y ocurre en nuestro país.

La salida a esta gravísima crisis es política y no militar, si bien es cierto la instalación de los abusos no es sólo patrimonio de este período, es el actual gobierno el gran responsable de lo que está pasando, es su insensibilidad social y arrogancia el gran causante del estallido social que se ha producido. Le exigimos al gobierno una respuesta acorde  a la extrema complejidad del momento que vive nuestro país.

En este contexto, hemos resuelto lo siguiente:

1.- Exigir al Presidente de la República terminar con el estado de excepción de manera inmediata, los militares a sus cuarteles.

2.- Dejar sin efecto las alzas de los servicios básicos y avanzar en la creación de una institucionalidad basada en los derechos sociales.

3.- Gratuidad en el pago de los pasajes de adultos mayores y escolares.

4.- Retiro de los proyectos de reformas previsional y tributaria.

5.- Convocamos a los parlamentarios a realizar una huelga legislativa mientras no se termine el estado de excepción.

6.- Exigir a la ministra de educación que decrete oficialmente la suspensión de clases, mientras no estén las condiciones de seguridad para la realización del proceso educativo.

7.- Sin perjuicio de lo anterior, este lunes 21 de octubre llamamos al profesorado a no asistir a clases y a los padres y apoderados a no enviar a sus hijos a los establecimientos educacionales.

8.- Este lunes 21 de octubre, nos hacemos parte del llamado a protesta nacional convocado por la Confech.

9.- El martes 22 de octubre, apoyamos el llamado a paro de los trabajadores y trabajadoras de la salud.

10.- Hacemos un llamado a los gremios, sindicatos y organizaciones sociales a concordar una gran huelga nacional para esta semana.

Estimados y estimadas colegas, vivimos momentos cruciales en el país y por tanto pedimos la mayor unidad y estar atentos a las orientaciones que emanen del Directorio Nacional.

 

DECLARACIÓN PÚBLICA(Santiago, noviembre 11 de 2019)

El legítimo ejercicio del derecho a la protesta social por parte de millones de chilenos y chilenas, refleja el descontento acumulado de años de padecer el abuso institucionalizado y la grosera desigualdad, provocada por un modelo de sociedad que no respeta ni garantiza derechos humanos básicos, como el derecho a la educación, a la salud, a la seguridad social, a una remuneración justa, entre otros y que se encuentran consagrados en distintos Pactos y Convenciones de Derechos Humanos suscritos y ratificados por el Estado chileno, pero que a pesar de ello, vulnera en forma sistemática.

Este modelo neoliberal, excluyente e injusto, contrario a los derechos humanos, se encuentra consagrado normativamente en la Constitución Política actualmente vigente, la que establece un Estado subsidiario absteniéndose de respetar y garantizar derechos sociales como es su obligación derivada de los Pactos suscritos y entrega en cambio, su provisión al mercado, generando sociedad en que unos pocos privilegiados concentran la riqueza sobre la base de la codicia y ambición ilimitada, a costa de la precarización de las vidas de millones de chilenos que no pueden ejercer sus derechos más elementales para tener una digna subsistencia.

La respuesta del Gobierno ha sido defender el statu quo, recurriendo a la fuerza como tantas veces  han hecho a través de la historia los poderosos.

Rechazamos absolutamente el uso desmedido de la fuerza, represión, tortura y muerte en contra de chilenos y chilenas por parte de los aparatos de seguridad del Estado, lo que constituye un grave atentado en contra de los derechos humanos y una vergüenza  para quienes habitamos este  país,  que en teoría  tiene un gobierno democrático, pero en la práctica, se actúa como una dictadura.

Rechazamos la brutal agresión de la que fue víctima Gustavo Gatica, estudiante de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano e hijo de colegas, quien perdió la vista por esta acción de quienes tienen la obligación de defender al pueblo, sin embargo actúan  como enemigos para defender los intereses de quienes detentan el poder político y económico. Asimismo, con los más de 200 casos  de mutilaciones oculares y los miles de heridos por disparos de perdigones.

Igualmente, exigimos  un debido proceso al docente Roberto Campos,  quien está siendo procesado por Ley de seguridad Interior del Estado, por acciones que no han cobrado vidas humanas, ni mutilaciones, como sí han realizado los agentes del Estado que están libres y ni siquiera procesados.

Ambos casos son una muestra de la irracionalidad  y arbitrariedad del uso de la fuerza policial y judicial que repudiamos absolutamente y que sólo demuestra la incapacidad del gobierno de entender las causas del estallido social y la falta de voluntad para dar la respuesta que espera la ciudadanía que ha sido postergada durante décadas.

La solución a esta grave crisis es  recuperar la soberanía popular arrebatada y ejercer el derecho de libre determinación, que nos permita elaborar una Nueva Constitución entre todos y todas, en que el Estado cumpla con sus obligaciones y pase de ser un Estado subsidiario a un Estado garante de derechos humanos fundamentales.

El Colegio de Profesores y Profesoras de Chile, se hace parte de todas las demandas ciudadanas, del clamor del pueblo que exige una sociedad basada en los derechos humanos y la justicia social.

 

 

Coordinadora 8 de Marzo 

De antes de la revuelta, hasta la pandemia

Históricas: Huelga General Feminista hasta cambiarlo todo  (Abril, 2020)

 

 

La centralidad de la memoria en la lucha feminista

En agosto del 2019, la casa donde funcionó la Venda Sexy, un ex centro de secuestro, desaparición, tortura y violencia política sexual, fue vendida a la Sociedad de inversiones Arriagui Limitada, pese a que el 11 de mayo de 2016 fue declarado Sitio de Memoria. El recinto Venda Sexy operó como centro de tortura, entre julio de 1974 hasta febrero de 1975, para luego seguir funcionando de manera intermitente hasta 1981 a cargo de la Dina (Dirección de Inteligencia Nacional). Aquí fueron torturadas cerca de 81 personas, un tercio fueron mujeres y 27 son hoy detenidas y detenidos desaparecidos.

Esta situación fue un indicador claro de un contexto más amplio: la violencia política sexual ejercida en esta casa y en otros sitios, ha quedado en la más absoluta impunidad desde el Estado chileno y el aparato judicial, mientras sigue vigente en las detenciones actuales a las mujeres y disidencias que luchan.

En Chile, existe una privatización de la memoria y pactos negacionistas que invisibilizan las violaciones a derechos humanos cometidas en la dictadura cívico militar. Junto con esto, desde el discurso de la transición, se suele limitar las violaciones a ddhh a un período de la historia como es la dictadura, pero éstas nunca han dejado de cometerse. En este sentido, como feministas denunciamos que la impunidad del pasado es la causa de que hoy las fuerzas de carabineros actúan impunemente. Todo esto fue aún más patente desde el 18 de octubre del 2019, cuando comienza la revuelta chilena y se recrudece la violencia policial y terrorismo de estado.

Las violaciones graves a los derechos humanos en Chile, en el contexto de las masivas protestas que se han desarrollado desde octubre, han sorprendido a la comunidad internacional. No sólo los observadores de derechos humanos de las Naciones Unidas, sino que también observadores de ONGs internacionales como Amnesty International y muchas otras, han expresado su preocupación por la gravedad de lo que han podido apreciar respecto al actuar de carabineros de Chile.

La violencia policial, mucho más masiva que antes, ha dejado un saldo de miles de heridos, cientos de ellos con traumas oculares, estallidos y pérdida de visión, que ponen de manifiesto la falta de respeto por parte de Carabineros de sus propios protocolos de uso de la fuerza. Aún más indignantes son las denuncias de torturas, incluyendo las que implican violencia sexual con un preocupante patrón de ocurrencia: los desnudamientos, violaciones y abusos sexuales por parte de agentes estatales, se han dirigido especialmente contra mujeres, niñas y niños. Los mismos patrones observados en recintos como “La Venda Sexy” donde el terrorismo de Estado y la violencia política sexual, buscaban una inmovilización política de nuestras y nuestres compañeres.

Todo ello ha llevado a cuestionar profundamente la existencia de la propia institución de carabineros de chile, una policía civil con una estructura militar que comete violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Frente a esto, el gobierno ha defendido el actuar de carabineros, negando las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y declarando que las denuncias son casos aislados. A la par, ha aumentado el número de efectivos de fuerzas especiales en las zonas más conflictivas.

Como feministas, afirmamos que la causa principal de la impunidad es que, como mujeres y disidencias, nunca hemos sido parte de la historia oficial, porque ésta ha sido escrita por el Estado y sus instituciones de poder patriarcales y capitalistas. Esto nos pone la tarea de escribir nuestra propia historia, lo que nos exige conocer nuestras memorias de lucha y hacer ejercicios de memoria feminista viva, activa y combatiente. Asimismo, parte de romper nuestra invisibilización en los procesos de lucha, es disputar algunos relatos que masculinizan experiencias de luchas en que mujeres y disidencias sí hemos estado presentes.

Es necesario, ante el acuerdo por la paz social y el proceso constitucional, que el movimiento feminista pueda construir una memoria histórica, pero bajo el supuesto que la historia nunca se repite exactamente igual. Lo que es nuevo en este escenario, que es similar a lo que fue el plebiscito y la salida pactada de la dictadura, es la potencia que hoy tiene el movimiento feminista, y la independencia política que puede tener respecto de quienes han administrado la precarización de la vida. En este sentido, a continuación se presenta un relato y archivo sobre el proceso de lucha que hemos dado como feministas integrantes de la coordinadora 8M.

El camino hacia la huelga general feminista

Hace un tiempo, las feministas soñamos con cambiarlo, nos tomamos la historia arrebatada, para cambiar los cimientos de este sistema de injusticia.

Movidas por estas ganas, en diciembre del 2018 levantamos el Primer Encuentro de las y les que Luchan, que tuvo como resultado un programa y plan de acción que se materializó el 8M 2019 con, entre otras cosas, la movilización más grande desde el fin de la dictadura: una marcha multitudinaria y una Huelga General Feminista, que puso en el centro del debate, la precarización de la vida como la consigna principal para cambiarlo todo.

En un país sin derecho real a Huelga y con las protestas altamente criminalizadas, el empuje de marzo nos demostró que era posible, que luchar hasta que valga la pena vivir era algo necesario. Llegó octubre y los pueblos se movilizaron con más fuerza y unidad, por demandas de una revuelta social que nos incluía, de la cual nos sentimos protagonistas, como tantas personas. Esta revuelta tenía en el centro de su movilización, la lucha contra la injusticia y los años de precarización. Esta lucha, era nuestra lucha.

Salimos a la calle nuevamente, movidas por la esperanza de un futuro feminista. No fue fácil porque de respuesta recibimos horror, persecuciones, muerte, violaciones, mutilaciones, tortura, amedrentamiento, criminalización e innumerables violaciones a los derechos humanos que, lejos de inmovilizarnos, nos devolvieron la convicción de una lucha urgente.

Es así como junto a otras organizaciones, rápidamente tomó forma el Segundo Encuentro Plurinacional de las y les que Luchan en enero de este año, una instancia para robustecer el programa feminista contra la precarización de la vida, posicionándonos con fuerza contra el terrorismo de Estado. La Huelga General Feminista, fue el hito definido para luchar por este programa, a partir de un encuentro que fue Plurinacional, antirracista, trans-generacional, disidente y libre de transfobia, inclusivo, anticarcelario e internacionalista[1].Así, fuimos organizando una Huelga General Feminista en continuidad con la revuelta de octubre, y al igual que el Encuentro, esta instancia se definió como antirracista, transfeminista, lesbofeminista, disidente, plurinacional, anticarcelaria, intergeneracional, migrante e internacionalista.

Llegó marzo y miles se hicieron millones. Fuimos “Históricas” como escribimos en la plaza dignidad. La Huelga General Feminista ocupó dos días (8 y 9 de marzo) y casi un cuarto del país se movilizó en los distintos territorios. Ese día leímos este manifiesto construido con diversas organizaciones y que consigna todo este camino recorrido. Manifiesto que sigue vigente en contexto de pandemia donde la desigualdad, la precarización de la vida y el terrorismo de Estado nos vuelven a golpear como cachetada mal dada por un sistema que no termina de disparar contra los pueblos.

 

Manifiesto huelga general feminista 2020

Hoy es el primer día de nuestra Huelga General Feminista. Una huelga que nos hermana con todas las mujeres, lesbianas, bisexuales, pansexuales, no binaries, travestis y trans del mundo con quienes juntas, juntes, nos levantamos en este día para hacer historia. Somos las mujeres de pueblos originarios en resistencia territorial contra el colonialismo racista, las que nos levantamos en Brasil contra la barbarie fascista que amenaza América Latina, somos las que nos alzamos en México contra el narco-estado feminicida, somos las que resistimos contra la depredación extractivista, somos las lideresas que resisten la persecución y el asesinato en Colombia, somos las que pretenden encarcelar en Turquía, somos la guerrilla contra el fundamentalismo en Rojava y somos en Chile, la primera línea contra el terrorismo de Estado, la violencia patriarcal y la precarización de la vida.

La huelga feminista es un proceso. Hace un año nos llamamos a pasar al frente, a visibilizar lo invisibilizado, a unirnos desde nuestra diversidad y a abrir un proceso de lucha en alza. Nos llamamos a que el feminismo irrumpiera como una fuerza social transformadora y de oposición a la precarización de la vida y a todos quienes la han administrado en estos últimos 30 años. Tras el estallido, el llamado que nos hicimos se transformó en sentimiento de millones.

En ese momento nos llamamos a interrumpir la normalidad: hoy afirmamos que la normalidad siempre fue el problema y que a la normalidad neoliberal no volveremos nunca más. Porque no son 30 pesos, son 30 años. Son 47, son 500. El estallido social se ha cocinado a fuego lento y a fuego amargo. Está hecho de historia y de historias. De la trayectoria de las rebeldías, del hilo rojo sostenido por nosotras ayer y ahora; del deseo que nos atraviesa y que nos hace reconocernos unas generaciones en otras. Gracias a las de ayer somos; gracias a nosotras, las de hoy, seguiremos siendo mañana.

Esta revuelta está hecha de historias tan incontables, como las biografías que le han dado vida. Historias que hablan de humillaciones y de violencias que no caben en ningún catastro. Pero también de resistencias, de desobediencias, de porfías tejidas con hilos invisibles para los poderosos y a veces hasta para nosotras mismas. A fuego lento se ha cocinado la rabia y la impaciencia, hasta que hoy el fuego, por fin el fuego, nos pertenece y la historia también.

Somos la revuelta en la revuelta, somos las que pasamos a la primera fila, porque nuestra vida es un problema político que está en el centro de la injusticia y porque a la segunda fila no volvemos nunca más. Irrumpimos para transformarlo todo. Para transformar las calles, las plazas, nuestros barrios, nuestras casas y los muros. Irrumpimos para recordarnos que la culpa nunca fue nuestra ni dónde estábamos ni cómo vestíamos.

A las que marchan por primera vez, bienvenidas, las estábamos esperando. Nos hemos organizado para hacer posible este encuentro. Para estar aquí, todas hemos vencido el miedo. Y si hay quienes nos escuchan en sus casas, que desearían estar aquí pero no lo hicieron por temor, les decimos vengan a compartir con nosotras la confianza de estar juntas. No se pide permiso para cambiar la historia.

Pero a este, nuestro encuentro, no pudieron llegar todas. No están aquí las que han sido encarceladas por este régimen terrorista. No estamos todas, faltan las presas. No está aquí una parte importante de quienes trabajan cuidando y todas aquellas cuyos trabajos no pueden parar. Tampoco están las que nos ha arrebatado la violencia feminicida, ni las asesinadas por este Estado criminal de ayer y hoy. Y aunque no están aquí, están entre nosotras. Las hacemos presentes en nuestros gritos y en nuestra lucha. Es también por cada una de ellas que nos estamos manifestando.

Hoy estamos en Huelga General Feminista, y nuestra Huelga no es cualquier huelga. Es una que nos tiene a nosotras y nosotres como protagonistas, y que convoca al conjunto de los pueblos a defender el programa feminista contra la precarización de la vida. Lo que la Huelga General Feminista ha demostrado, es que si una Huelga quiere ser real y efectiva, no puede ser una sola cosa, ha de ser múltiple. Esta es una huelga que desafía lo imaginable, despliega nuestra potencia creativa y rebelde, a ser muchas en todas partes y al mismo tiempo.

Esta revuelta, que es nuestra, nos coloca ante la posibilidad cierta de imaginar otra vida y hacerla posible. Una vida que sea para todas, en la que nadie quede atrás. Hoy damos un paso al frente las inmigrantes, las negras, las afrochilenas, les trans, las travestis, las indígenas, las mapuche, las campesinas, las niñas, las jubiladas, las endeudadas, las que nos han arrebatado los ojos, somos las trabajadoras que crían los hijos de otras, las dueñas de casa sin casa, las que saltan los torniquetes, las que cuidan, las eternas desplazadas, las nunca, las nadie, las sin. Juntas, juntes, somos todo lo que ellos no quieren que seamos. Somos protagonistas de nuestro presente y destino.

Hoy hacemos huelga porque seremos la primera línea contra el terrorismo de Estado: exigimos el fin de las violaciones a los Derechos Humanos, que nunca más pretendan acallarnos con las mutilaciones, las desapariciones, las torturas, los abusos, las violaciones, los secuestros, las golpizas y la persecución. Exigimos la salida de Sebastián Piñera y todo su gobierno por haberle declarado la guerra al pueblo. Exigimos la salida de la Ministra Plá por su silencio cómplice frente a la violencia política sexual. Luchamos por una Comisión independiente de Verdad, Justicia y Reparación y exigimos la liberación inmediata de todos los y las presas políticas de la revuelta.

Hoy hacemos huelga porque tenemos un programa feminista contra la precarización de la vida. Porque llevamos décadas formulando lo que queremos para que nuestra vida sea radicalmente distinta. Porque tenemos todo que decir respecto de las violencias que nos atraviesan y de cómo queremos cambiarlas, y porque vamos a pelear juntas por esas transformaciones urgentes y estructurales.

Hoy hacemos huelga para mantener el curso de este momento histórico que los pueblos hemos emprendido, este momento que constituimos y que nos está constituyendo. Hacemos huelga porque seguiremos presionando por una asamblea constituyente en la que empujar ese programa. Una asamblea constituyente que sea efectivamente popular, plurinacional y feminista, libre y soberana. Una donde podamos imaginar sin trabas y sin amarras, el país distinto que vamos a construir.

Ya no somos las mismas de hace unos meses y este país nunca volverá a ser igual. Hemos abierto horizontes políticos radicales y nuevos. Todo lo que hoy se hace posible lo estamos construyendo juntas: nada nos lo han regalado, y esto que abrimos, no nos lo arrebatará nadie: seguiremos luchando hasta que valga la pena vivir.

Vamos a la Huelga porque vamos a la vida, a esa vida que nos deben y que hoy, al fin, empezamos a recuperar. A los que nos declaran la guerra, les decimos: que se vayan ellos, nosotras nos quedamos. El futuro es nuestro compañeras, la Huelga también. Y sí, será histórica, porque SOMOS+

 

 

[1] Primera Entrega: Síntesis del Encuentro Plurinacional de las y les que Luchan 2020:https://drive.google.com/file/d/1YayWL9hF7Tfv0zlhyB39b-KbtS0JIqNC/viewhttps://drive.google.com/file/d/1YayWL9hF7Tfv0zlhyB39b-KbtS0JIqNC/view

Síntesis general Encuentro Plurinacional de las y les que luchan 2020:http://cf8m.cl/sintesis-general-encuentro-plurinacional-de-las-y-les-que-luchan-2020/http://cf8m.cl/sintesis-general-encuentro-plurinacional-de-las-y-les-que-luchan-2020/

Después de octubre, somos el Pueblo.

Doris González

Movimiento de Pobladores UKAMAU  (abril, 2020)

El estallido social en Chile dejó un cambio de subjetividad, que avizora las grandes posibilidades de cambio real en nuestro país, una vez que el proceso de lucha continúe. Este cambio subjetivo, tiene como máxima expresión, el surgimiento dicotómico de un antagonismo entre el pueblo trabajador y los dueños de la riqueza y el poder. Hasta antes de octubre, las movilizaciones no habían logrado instalar al sujeto popular en el centro de la política; desde octubre, el panorama cambió, llevó la discusión política a nuestros hogares, a la mesa de cada familia. Por primera vez en mucho tiempo, para las grandes mayorías dejamos de ser todas y todos los mismos, los que luchan y se levantan como si Chile fuera un grupo homogéneo de sujetos siempre solidarios que luchan contra toda adversidad, el pueblo despertó y ese es el triunfo más importante que hemos logrado hasta ahora. El pueblo despertó y se constituyó como un sujeto de transformación. La energía desatada y la inexistencia de una conducción unificada, evidencian la necesidad de que el pueblo avance en la constitución de sus propias orgánicas, sus propias referencias, y que salga a conquistar, de forma articulada, lo que se le ha arrebatado. Como UKAMAU, somos expresión de estas representatividades populares, con un recorrido propio de lucha, construyendo poder popular con una política distinta, de liberación, emancipadora y digna. La dignidad de exigir lo justo, lo siempre arrebatado y saber que es meritorio, porque el esfuerzo que realizamos día a día, en el trabajo, fuera y dentro de nuestras casas, barrios y pueblos, merece más que un par de chauchas. Sin embargo, el sujeto popular no es el único que se demarcó claramente con la revuelta popular, las clases dominantes, sus intereses ruines y mezquinos, quedaron al descubierto. Chile se fracturó como se fractura la sociedad cuando la lucha de clases se hace evidente, siempre continua, muchas veces vedada. Ellos, los privilegiados, los dueños de todo, nos hartaron. Que compremos flores, que nos levantemos más temprano, que los consultorios son centros de reunión social y tanta caradurez, que no expresa más que su verdadera forma de vernos a nosotros, los pobres del campo y la ciudad, al pueblo de Chile. Si nos constituimos en un “nosotras”, ellos se convirtieron en un “otro”, lo que no queremos, a los que les gritamos ¡ya basta! Esta nueva subjetividad creó sus expresiones, sus nuevas banderas. Nos tomamos la calle y la hicimos bella, pintamos en los muros el dolor que guardábamos y nuestros proyectos hechos consignas; perdimos el miedo. Después del receso del verano, marzo se adelantó y como la historia no es solo voluntad, apareció un problema que no esperábamos: el coronavirus.

 

Más que una crisis sanitaria

La crisis del coronavirus no es una crisis sanitaria, es como mínimo un problema de salud pública. Esta pandemia guarda muchas diferencias con respecto a las que hemos visto a lo largo de la historia humana. Además de ser una enfermedad tremendamente contagiosa, también arrasó con varios de los mitos del triunfalista modelo capitalista. Demostró que la verdad del mundo global era solo economías dependientes y centros de explotación, que lo que sucede en las películas de Hollywood, no es verdad. Que, ante una amenaza global, en la que podríamos demostrar coordinación y tecnología, es el individualismo burgués lo que prima, el sálvese quien pueda, lógica que también se expresa en el “quédate en casa”, donde la realidad del vecino poco importa. Los países del cono sur somos los menos preparados para afrontar esta pandemia. El ajuste neoliberal de los últimos 30 años condujo a la destrucción de la salud pública y la investigación científica y tecnológica, capaz de hacer frente a esta situación. La destrucción total de toda seguridad social que queda al descubierto, y que en Chile no podría ser más evidente con las suspensiones de goce de sueldo y los despidos masivos. Si el miedo a la recesión era el argumento de los otros, los poderosos, para frenar el estallido social, su discurso se verá doblemente reforzado e intentarán instalar un discurso culposo, que nos traslade, pasada la pandemia, a nuestros centros de producción y reproducción social cabeza abajo. No sólo nos harán pagar la crisis, si se los dejamos, también intentarán hacer que reactivemos la producción con esfuerzo para seguir quedándose con la torta. Nosotros, el pueblo, no sólo debemos protegernos de un virus, que más allá de los debates sobre su origen, es real y deja mayormente vulnerable a nuestra población, que no cuenta con helicópteros y aviones para tratamientos de urgencia en un país de pocos ricos y muchos pobres, donde hasta las camas donde serán atendidos nuestros enfermos refleja la asquerosa desigualdad de nuestro país. Sino que también debemos cuidarnos del avance del capital, expresado en las políticas de Piñera, que se aprovechó de esta realidad para golpearnos por nuestra valentía. No nos perdonan el habernos levantado contra ellos, por eso atentan contra nuestros bolsillos, atentan contra nuestras vidas, contra nuestra supervivencia. Después de habernos quitado todo, ahora nos quieren sacar el pan de la mesa para inmovilizarnos.

 

El telón de fondo

La pandemia se agrava por el propio funcionamiento de la sociedad capitalista, porque detrás de la revuelta popular, detrás del coronavirus, se avecina una recesión económica mundial, en América Latina, el 2019 cerró con un crecimiento regional (según la CEPAL) de solo un 0,1% y las posibilidades de terminar en azul este año, se alejaron en los primeros tres meses [1]. Por esto, es importante no sólo evaluar la situación actual, sino también prever lo que viene. Si nuestra vida en los últimos 30 años ya había sido amenazada constantemente por el modelo neoliberal, y su ataque contra los derechos sociales, es este modelo el que debemos derribar ahora, sino el panorama para Chile, será de más de 30 años de lo mismo: desigualdad e injusticia. Si en octubre era importante avanzar en la llamada agenda chica, hoy es esencial. Se trata de defender la vida, hay que salir con todo para cambiar el modelo de acumulación, y terminar con las grandes ganancias de privilegio de los de arriba. El coronavirus profundizó el panorama recesivo y la crisis económica mundial, pero a diferencia de la economía vulgar, que identifica los fenómenos contingentes como la causalidad de las crisis económicas, nosotros entendemos que es la propia especulación capitalista la causa de fondo. Por un lado, tenemos retroceso económico, por el otro los grandes bancos centrales del capitalismo emiten dinero a destajo, otro mito que cae. En un contexto donde las empresas en riesgo como Latam en Chile salen a pedir más Estado, subsidios y salvatajes al estilo 2008. ¿Quién va a pagar la crisis?, ellos esperan que seamos nosotras, las y los trabajadores quienes paguemos el endeudamiento y la inyección estatal a privados, nuevamente la colusión de los de arriba, el abuso.

Luchar, contra los de arriba y contra el hambre

Según la OIT, se espera para este año un aumento del desempleo en el mundo, de entre 5,3 millones a 24,7 millones de trabajadores [2]. El hambre se aparece como una amenaza real, que golpeará las puertas de nuestros hogares, y no la de ellos, si no logramos poner fin a esto ahora. Por eso, debemos empezar a prepararnos desde ya para la batalla por venir, debemos poner en ejercicio esa nueva subjetividad surgida al calor del estallido social, y buscar formas de coordinar la solidaridad del pueblo. Sólo el pueblo salva al pueblo, y ante el futuro de hambre y de las luchas por venir, debemos poner en práctica el ingenio y la experiencia popular para afrontar el coronavirus y la crisis económica que se profundiza. Debemos ser ingeniosos en nuestras propias prácticas, demostrar que el pueblo, las trabajadoras y trabajadores de Chile, podemos llevar una práctica política autorganizada y de autogestión, que deje en claro nuestra enorme potencialidad de coordinación y de apoyo mutuo. En nuestra América Latina tenemos miles de experiencias de organización autogestiva y popular. Que han demostrado la enorme capacidad del pueblo de organizarse en solidaridad con el pueblo mismo en contextos de crisis. En América Latina, cuando el capitalismo ha avanzado sobre los bolsillos de nosotras y nosotros, arrojando a nuestra clase a la desocupación masiva, los proyectos cooperativistas y de autogestión han sido una herramienta de economía solidaria y popular para la resistencia, la cooperación mutua potencia la solidaridad popular, pone en el centro lo colectivo, instaura formas democráticas de convivencia y subvierte los tópicos de la economía, poniendo la vida humana y nuestras necesidades en el centro. Las experiencias de producción y consumo autogestionadas, como las redes de comercio justo, como nuestra cooperativa de consumo popular que lanzamos hoy, no sólo son importantes porque nos ayudan a protegernos de manera conjunta de los momentos difíciles, sino que también desarrollar y fortalecer experiencias de control sobre la distribución de los bienes necesarios para la vida de nuestra gente, prefigurar la sociedad futura, aunque sea en una escala barrial, a expandir y potenciar en el nuevo Chile que buscamos construir. Por eso, es que desde UKAMAU nos planteamos un nuevo desafío, y levantamos hoy la Cooperativa Popular de Apoyo Mutuo (COPAM). Los poderosos aprovechan el contexto de la pandemia y avanzan sobre el pueblo, en el plano político, económico y cultural, adelantando las políticas de ajuste para la crisis que se avecina. Nosotras, también nos organizamos solidariamente y por las demandas urgentes para nuestra gente. Así como levantamos COPAM para salir a enfrentar la crisis y el hambre. También exigimos la suspensión de despidos, la eliminación del IVA y el congelamiento de precios en los productos básicos, un sueldo mínimo garantizado para las trabajadoras y trabajadores de Chile, y una reforma tributaria de emergencia a las grandes fortunas. Porque la única forma de terminar con las desigualdades, hacer la dignidad una costumbre y conquistar la vida buena es la lucha por una sociedad superior, que supere el capitalismo neoliberal de estos 30 o 50 últimos años.

 

 

DESPERTÓ CHILE, DESPERTARON LAS AUDIENCIAS[1]

 Por Margarita Pastene (Octubre, 2019)

Presidenta Nacional del Colegio de Periodistas de Chile

Chile despertó, es la consigna que desde hace 10 días gritan cientos de miles de chilenos en las calles de todo el país. En ese despertar, la gente no sólo está reclamando por la precariedad social y económica que viven la mayoría de chilenos y chilenas, sino también por la farsa que por décadas, desde la recuperación de la democracia, los medios de comunicación montaron para hacer creer que el país sudamericano era un verdadero “oasis”.

Por eso, los chilenos están más indignados aún, debido a la orientación informativa que la prensa chilena ha dado a la grave crisis política y social que vive Chile.  La queja apunta principalmente a la televisión, la que en pocos días dio vuelta su discurso, desde el intento por convencer a todo un país que se estaba viviendo algo parecido al paraíso, para pasar ahora a mostrar un país en guerra. Así de claro, por culpa de los manifestantes, tildados de delincuentes y saqueadores y justificando la decisión del Gobierno de decretar un Estado de Excepción, con tropas militares en la calle, y un “toque de queda” para poner orden y dar tranquilidad a una ciudadanía.

El foco informativo estuvo puesto en incidentes violentos y saqueos -que la mayoría de la sociedad condena- desestimando, no sólo las causas reales de las masivas manifestaciones pacíficas que se han generado en todo el país por las desigualdades provocadas por el sistema neoliberal imperante, sino que se ha evitado dar cuenta real de la represión militar y policial inusitada en contra de los manifestantes.

La historia del periodismo en Chile no ha sido feliz. La gran prensa chilena, no sólo ha realizado este trabajo indecoroso en las últimas décadas, sino que también lo hizo durante el gobierno del derrocado Presidente Salvador Allende, convenciendo a la ciudadanía que con Allende llegaba el caos y el aniquilamiento del país,  cuando en realidad, esa crisis se había  fraguado y concertado antes y desde el extranjero.

En 1971, Allende apeló a la prensa e instó a echar andar la Operación Verdad. Para boicotear su gobierno, la gran prensa hasta creó medios de comunicación, como parte de una estrategia de propaganda comunicacional, liderada por el  ícono de la gran prensa chilena, el diario El Mercurio.  Su dueño, el banquero Agustín Edwards, no sólo conspiró contra Allende desde el periodismo, sino que fue el tentáculo chileno de la CIA para el derrocamiento del mandatario, en septiembre de 1973. Por lo mismo, la ciudadanía, acuñó una frase significativa y que hasta hoy está en la memoria de Chile: “El Mercurio miente”.

Luego del golpe militar, la prensa chilena, reducida a dos grandes empresas periodísticas dueñas de El Mercurio y La Tercera, contribuyó en forma deliberada al ocultamiento y montaje sobre las violaciones a los derechos humanos y a los crímenes de lesa humanidad, acompañados en esa operación, por los canales de televisión controlados y monitoreados por la Dirección de Informaciones de la dictadura de Pinochet.

Ese triste episodio del periodismo chileno, que casi no ha tenido cuestionamiento, salió nuevamente a la luz, cuando la Corte de Suprema de Santiago, ordenó al diario La Tercera, hace un par de meses, en agosto de 2019, a rectificar la noticia sobre la ejecución de dos jóvenes, víctimas de un crimen de lesa humanidad. La Tercera había informado sobre este hecho en 1973, indicando que los jóvenes muertos, eran delincuentes comunes.

Esta sentencia del máximo tribunal chileno, aunque llegó muy tarde, 36 años después, fue considerada una sentencia histórica y una oportunidad única para interpelar a la prensa, que en dictadura actuó como cómplice directo en el ocultamiento de la verdad.

El descontento de los chilenos que se estuvo fraguando lentamente en las últimas tres décadas, no fue advertido por los medios de comunicación. La información periodística se había convertido en un espectáculo, mientras el Chile real clamaba por atención.

La Constitución chilena establece la no intervención del Estado sobre los medios de comunicación, pero no tiene indicaciones sobre la responsabilidad del Estado para salvaguardar el derecho ciudadano a la información veraz y oportuna, libre de manipulación y montaje, lo cual se agudiza con la inadecuada concentración de la propiedad de los medios imperante en Chile, con un discurso político e ideológico, sin contrapeso.

El Colegio de Periodistas de Chile ha planteado que esta situación no asegura al país una oferta informativa que responda a los principios democráticos, ni garantiza el pluralismo informativo. Los medios alternativos que sin duda han jugado un rol importante,  apenas sobreviven y la mayoría ha sucumbido por inviabilidad financiera. En definitiva, hay un derecho no cubierto, el derecho a la información que reclama, entre otras demandas, la mayoría de chilenos y chilenas.

En este escenario, los periodistas están sufriendo las consecuencias, porque la ciudadanía ya no está sumisa ante las cámaras de televisión, por el contrario. Las personas en los lugares públicos, al ser entrevistada por reporteros, se niega a hacer declaraciones, boicotea “en vivo” los contenidos e imágenes y hasta les agreden. Este estallido social, la prensa chilena lo está sufriendo en carne propia.

Y por eso,  la consigna “Chile despertó”, espontáneamente cambió por “Chile apague la tele”. Y no es casual, las audiencias también despertaron. Luego de la marcha de casi un millón y medio de personas en las calles de Santiago y miles en el resto del país, la televisión orientó su discurso, haciendo eco de las declaraciones del Presidente Piñera y de la Intendenta de Santiago. Para las autoridades de gobierno, la gente que salió a protestar a las calles, ya no son “vándalos, delincuentes, ni criminales”, sino “chilenos que sueñan por un país más justo”. Este vuelco comunicacional desde el palacio de Gobierno, tiene como principal aliado, a los canales de televisión y la gente lo sabe. Apague la tele.

[1]Artículo publicado en el diario sueco Aftonbladet, 29.10.2019https://www.aftonbladet.se/kultur/a/dOal1o/president-pineras-press

A PARAR EL CERCO INFORMATIVO

Margarita Pastene (Octubre, 2019)

Carta de la Presidenta del Colegio de Periodistas de Chile

Ante la grave situación que enfrentamos chilenas y chilenos, desde el punto de vista comunicacional, agudizado hoy con el Estado de Excepción y Toque de Queda, resulta imprescindible que como Colegio, contribuyamos a parar el cerco informativo y pongamos a disposición de la ciudadanía, nuestros sitios web y redes sociales, para entregar al país aquellas informaciones que no aparecen en la gran prensa, principalmente en los canales de televisión.

Por las redes sociales, se reitera la disconformidad con el trabajo periodístico y se nos interpela a cumplir con nuestro rol y compromiso social. No nos están pidiendo nada extraordinario, simplemente que cumplamos, no sólo con nuestros estatutos y nuestro código de ética, sino con la esencia de nuestra profesión.

Ayer, interpelamos al Gobierno a terminar con el estado de excepción, porque no es tolerable en una sociedad democrática y en un Estado de Derecho. Con la misma fuerza y decisión, tenemos que  ponernos a disposición de la ciudadanía para que tenga acceso a la información sobre lo realmente está ocurriendo en el país, no sólo la relacionada con vandalismo y caos.

Las universidades, las organizaciones sociales, la cultura y muchas otras instituciones, han emitido sendas declaraciones públicas a las que ningún medio ha hecho referencia. Nosotros, como Colegio debemos abrir los espacios, como lo hicieron en dictadura nuestros colegas, que hasta entregaron su vida por defender nuestros derechos.

Sólo a modo de ejemplo, quisiera señalar que desde mi ámbito laboral, he recibido las declaraciones de algunos rectores de la Universidades Estatales, quienes están exigiendo “encarecidamente al Gobierno, salir lo antes posible del Estado de Emergencia, que no da la posibilidad de diálogo de los distintos actores, ni una solución a este conflicto de manera rápida y solo expone a nuestra sociedad a momentos complejos y a la polarización. Es tarea del Gobierno proponer soluciones concretas y oportunas, convocando al país y a los diversos actores políticos y sociales, a trabajar mancomunadamente para que los beneficios del progreso se logren prontamente con una mayor justicia social”.

¿Quién informa sobre esta postura de la universidades del Estado?, nadie. Así también recibimos convocatorias del arte, de la cultura de las organizaciones estudiantiles y gremiales.

Colegas, pongámonos al servicio de la ciudadanía. Contrarrestemos el cerco informativo. El Regional Metropolitano ha iniciado una tarea de la mayor trascendencia, al poner a disposición del país la Carta a los Periodistas, que en dictadura, se constituyó en un ejemplo de ética periodística. Se puede.

Pueblo Mapuche y estallido social.    

Alihuen Antileo Navarrete

Vocero, Plataforma Política Mapuche (abril, 2020)

El estallido o rebelión popular acontecido el 18 de octubre del 2019, sorprendió tanto por su masividad, amplitud y radicalidad a la mayoría del movimiento mapuche.

Si bien el movimiento mapuche autónomo lleva alrededor de dos décadas de continuas movilizaciones en contra del modelo económico y la institucionalidad heredada de la dictadura, no existían señales claras que presagiaran la magnitud de las movilizaciones acontecidas a lo largo del país.

A las protestas por el alza de los pasajes del transporte público que iniciaron los estudiantes secundarios, se sumaron gradualmente la mayoría de la población, pobladora, pescadora y trabajadora en general.

Fue esta masividad, la que desbordó las medidas impulsadas por el gobierno y lo obligó a adoptar medidas represivas, que culminaron con la dictación del estado de emergencia en la mayoría de las regiones del país.

La crisis social daba paso a una profunda crisis política, que vino a cuestionar al conjunto de la institucionalidad y que se transformó en la exigencia de la elaboración de una Nueva Constitución con una participación directa de la ciudadanía y que viniera a reemplazar a la actual constitución que sustenta el modelo económico.

En muchos aspectos, el país se hizo ingobernable y ni el estado de emergencia y la fuerte represión al movimiento ciudadano, pudo contener la legítima protesta social.

Es en ese contexto, que el movimiento mapuche organizado se suma territorial y sectorialmente a las movilizaciones, primero de forma espontánea y luego, de una manera más organizada, perfilando sus demandas particulares en conjunto a los 9 pueblos originarios existentes en el país, como también como pueblo mapuche en particular.

A 6 días de producido el estallido, la Plataforma política Mapuche emite una declaración que viene a fijar los primeros objetivos y demandas de nuestro pueblo la que señalaba:

“ La Plataforma Política Mapuche ante la jornada de legítima protesta popular acontecida el día de ayer  viernes  18 de octubre y que continúa el día de hoy, además  extendiéndose hacia otras regiones, señala a la opinión pública lo siguiente:

Kiñe:   Condenamos y rechazamos en forma categórica la dictación del estado de emergencia dictado por el gobierno empresarial encabezado por Sebastián Piñera. Esta medida represiva nos retrotrae a los peores años de la dictadura de Pinochet y constituye la expresión más categórica del fracaso de este gobierno en su intención de implementar a toda costa, diversas medidas tendientes a profundizar el modelo económico neoliberal y que han  afectado a las grandes mayorías de nuestro país pero principalmente a los pueblos originarios.

Epu: El alza de los pasajes del Metro no es sino la gota que rebasó el vaso de una serie de políticas públicas, que desconocen las legítimas demandas de los movimientos sociales, como son el término del actual sistema de pensiones bajo la consigna de No más AFP,  que condena a millones de pensionados a jubilaciones de miseria o las demandas por la nacionalización del agua  y servicios básicos, por educación gratuita pública y de calidad, sistemas de salud dignos, representación política plurinacional y contra la violencia brutal de parte de Carabineros que ha producido la muerte de varios de nuestros hermanos.

Kula: La restricción a la libertad de reunión, de asociación y de libre tránsito que se ven restringidas en Santiago mediante la dictación del  estado de emergencia, es lo que viven a diario  las comunidades mapuches en la octava y novena regiones del sur de chile desde hace varios años y de manera permanente, con detenciones arbitrarias, aplicación de apremios ilegítimos, montajes judiciales, asesinatos y una serie de abusos por parte de la autoridad pública y policial. La opinión pública chilena, podrá ahora conocer y comprender de mejor manera, cómo se vive la militarización del territorio mapuche y la criminalización de nuestras legítimas demandas.

Mari: Por lo tanto, exigimos el fin del estado de excepción, de  la militarización de Santiago y de las comunidades mapuche que reivindican nuestro territorio ancestral.

Que resulta una burla de mal gusto que quienes deben velar por la seguridad de todos los ciudadanos sean el ministro Chadwick y el sub secretario Ubilla, toda vez que en el mes de noviembre del presente año, estos dos personajes deberán comparecer ante un tribunal de justicia de Temuco,  para determinar la responsabilidad que les cabe como cómplices y encubridores del asesinato de nuestro peñi Camilo Catrillanca, ultimado cobardemente por la espalda por personal del GOPE de Carabineros. La opinión pública nacional es testigo del conjunto de mentiras avaladas por el ministro del interior y el subsecretario

Exigimos la renuncia inmediata de estos sujetos, ya que la protesta ciudadana del viernes 18 de octubre y la del día de hoy sábado 19, es la más clara expresión del fracaso de su manejo político de esta crisis social y no cuentan con la autoridad, legitimidad e idoneidad política que sus respectivos cargos ameritan.

En este escenario de crisis y protestas sociales, no es posible albergar los días 16 y 17 de noviembre la reunión cumbre  de la APEC, cita mundial que viene a reforzar y profundizar el modelo  extractivista y neoliberal que tanto daño le han hecho a los  mapuches y chilenos pero también a escala  continental y mundial.

Por lo tanto exigimos se suspenda definitivamente esta cumbre APEC. El tratado TPP11  y el plan Impulsa Araucanía.

Finalmente, llamamos a nuestro pueblo a participar activamente en las diversas movilizaciones y expresiones de protesta social por la defensa de nuestros derechos y contra los abusos del sistema y del gobierno empresarial.

Congelamiento de los precios del transporte público ahora!

Fin a la militarización de Santiago y del territorio Mapuche!

No a la criminalización de la legítima protesta Mapuche y Popular!

Asamblea constituyente ahora!

Marichiweu

10 veces venceremos!

Luego de eso, en el área metropolitana se suceden una serie de trawuns o encuentros mapuches y luego, con los demás pueblos originarios, se crea la CONORM, Coordinación de Naciones Originarias de la región metropolitana. Referente de carácter instrumental para esa coyuntura, su objetivo, dar visibilidad en medio de la crisis y las movilizaciones a los indígenas y sus demandas.

Cabe señalar que en las primeras semanas, el gobierno presentó un conjunto de medidas tendientes a superar la crisis y en ninguna de esas propuestas se contemplaban medidas específicas hacia los pueblos originarios.

La falta de capacidad política que se tradujo en la invisibilización de nuestras demandas y marginación de las medidas de solución, generó las condiciones para una articulación de las organizaciones indígenas.

Este fenómeno se replicó de similar manera en distintas regiones  y por cierto, también en las zonas rurales de la octava y novena regiones.

Este proceso de convergencia vino a señalar como principal obstáculo para las demandas de nuestro pueblo, a la constitución política impuesta por Pinochet.

A medida que se avanzaba en organización y politización del movimiento indígena, el gobierno presentaba serias contradicciones e insistía en su estrategia de contención mediante la represión al movimiento social.

Es así como se llega  a la destitución del ministro del interior vía acusación constitucional y luego, la renuncia intempestiva de su sucesor, quien debía comparecer en los días siguientes a un juicio en la  región de la Araucanía, por su responsabilidad en el asesinato de nuestro hermano Camilo Catrillanca.

El presidente Piñera se encontraba cada vez más aislado y los propios partidos de su coalición comenzaban a marcar sus diferencias y se desmarcaban del gobierno y de la figura presidencial.

Esta actitud se acrecentaba en la medida que la baja en el apoyo al presidente caía semana a semana hasta llegar a un 6 % de aprobación, la cifra más baja que se recuerde de apoyo a un presidente en la historia de Chile.

El movimiento social, pese a la fuerte represión de que era objeto y que se traducía en miles de detenidos, cientos de heridos y mutilados, continuaba con la presión social callejera y la iniciativa política, imponiendo en la práctica, la agenda política que colocaba en el centro la demanda por una asamblea constituyente.

Los pueblos originarios se sumaron a ese proceso y se establecieron acercamientos y alianzas hasta esas entonces impensadas.

Es así como la CONORM y la Plataforma Política Mapuche se incorporan al referente Unidad Social, que agrupa a los  principales sectores sindicalizados además de un conjunto de organizaciones territoriales de pobladores, mujeres, estudiantes artistas e intelectuales y con presencia a nivel nacional.

Múltiples organizaciones mapuches establecen alianzas de carácter territorial en sus respectivos barrios, participando activamente en las asambleas territoriales.

Unidad social hace suya las demandas indígenas y plantea una asamblea constituyente con paridad de género y plurinacional, acogiendo generosamente la principal reivindicación del movimiento indígena en Chile de los últimos 20  años.

La incipiente direccionalidad del movimiento mapuche y chileno por una nueva constitución, convive amistosamente con cientos de iniciativas de carácter espontáneo, generando un círculo virtuoso de movilización de masas en pos de superar el modelo neoliberal. Una de esas expresiones espontáneas y altamente simbólicas fue el empleo gradual ,permanente y cada vez más masivo de la Wenufoye o bandera mapuche, la que tímidamente se fue visibilizando en las manifestaciones transformándose rápidamente en uno de los principales símbolos de la protesta y de la resistencia social al modelo.

Uno de los factores que pueden explicar este fenómeno, dice relación con que la denominada clase política y sus expresiones parlamentarias más visibles, ostentan las cifras de desaprobación institucional más altas. La ciudadanía, en un intento por desmarcarse de los partidos y mostrar que no son los partidos ni las organizaciones sociales clásicas las que conducen el movimiento o lo interpretan, comienza a construir una nueva identidad política, simbólica y cultural, una suerte de nuevo Chile que comienza a vislumbrarse.

La lucha mapuche de las dos últimas décadas puede mostrar y refleja ese imaginario. Una resistencia tenaz, una conducción autónoma, distante de los partidos políticos, un cuestionamiento radical al actual modelo de desarrollo económico vigente, una relación distinta con la naturaleza y madre tierra y una actitud de construcción y confrontación resuelta al estado y sus instituciones policiales y de seguridad.

Este imaginario que se radica principalmente en los sectores etarios más jóvenes, se tradujo en cientos y miles de personas portando pañoletas, brazaletes afiches y banderas mapuches en todo el país.

Esta simbología cultural ancestral se sumó naturalmente a un fenómeno más profundo impulsado por los sectores populares chilenos, como lo es la protesta visual expresada en cientos y miles de rayados, murales, grafitis, panfletos y material audiovisual, que se reproducían a una velocidad extraordinaria por las redes sociales.

En ese  contexto, la posibilidad de destituir al presidente de la república, se transforma en un objetivo alcanzable; así lo perciben importantes sectores sociales y también las fuerzas del sistema. Esa disyuntiva de fondo, es la que también está presente entre las causas que están presentes a la hora de construir  el  denominado  “acuerdo por la paz,” en donde diversos sectores políticos tradicionales, acuerdan con el gobierno un conjunto de medidas para supuestamente canalizar las demandas de la ciudadanía y evitar una polarización mayor del país.

Honrosas excepciones de ciertos partidos de izquierda dentro de los que se encuentran el partido comunista, frente regionalista verde social, Igualdad y Humanistas  se restan de ese acuerdo, manteniendo una postura más  cercana a la ciudadanía movilizada que veía con malestar cómo los mismos sectores sociales que habían convivido con la constitución antidemocrática, fijaran los objetivos  e itinerario del futuro cambio constitucional.

Este acuerdo, en la práctica vino a darle un margen de maniobra vital en ese momento al gobierno y al presidente y radicó la iniciativa política en manos de los partidos políticos y parlamentarios, que en ese momento  no superaban el 10 % de aprobación ciudadana.

El principal logro de este acuerdo, realizado  a espaldas de la ciudadanía, es que la demanda por una asamblea constituyente soberana se diluyó en un escenario  constitucional que posibilita que las fuerzas del sistema puedan conservar importantes enclaves conservadores, esto por el alto quórum exigido para realizar los cambios constitucionales y la composición del ente que modificará  la constitución, por ejemplo, a fines de abril del 2020, todavía no es posible saber cuál será el número de escaños reservados con que contaran los pueblos originarios en el futuro órgano constituyente.

Otro de los aspectos que es posible poner de relieve durante el período del estallido social, son las múltiples formas de lucha y expresión que ésta adquirió.

Es esta multifacética diversidad de expresiones, las que desbordaron la institucionalidad vigente e hicieron imposible por parte del estado y del gobierno, dar un marco de normalidad y gobernabilidad a la crisis.

Las protestas, cacerolazos, performances, cortes de ruta, instalación de barricadas, marchas masivas ,asambleas territoriales y grupos de auto cuidado o autodefensa, se combinaron de forma inorgánica; estas expresiones, al combinarse de manera simultánea, neutralizaron la capacidad de los organismos de inteligencia y policial, quienes no podían controlar las marchas y movilizaciones callejeras, quienes transformaron la plaza de la dignidad en un símbolo de la protesta y del nuevo Chile que se busca construir.

En ese sentido, primero espontáneamente y luego de una manera cada vez más masiva, grupos de autodefensa contenían la función represiva e indiscriminada que realizaban fuerzas especiales de carabineros, en las inmediaciones de plaza Italia ahora rebautizada como plaza de la dignidad. Su accionar permitía la presencia masiva de manifestantes que antes eran reprimidos de manera indiscriminada y disueltos para impedir su presencia masiva en plaza de la dignidad. Esta plaza fue el símbolo de quien controlaba las calles y el país.

De ahí que la primera línea de combate como empezó a denominársele a este grupo de jóvenes que neutralizaban el accionar de las fuerzas policiales que reprimían la legítima protesta social, ocasionando decenas de heridos diarios en ese sector, se transformó en un referente en sí mismo, de manera anónima, logró hacerse de una creciente legitimidad ya que se entendía que su accionar se encontraba justificado, ya que obedecía a un clamor mayoritario que recorría al conjunto del país.

Este clamor y expresiones de cambio social, cultural y político involucró también, de manera destacada, a los miles de chilenos residentes en el extranjero que multiplicaron sus acciones de denuncia, solidaridad efectiva en apoyo a comités de base, brigadas sanitarias de atención a heridos, organismos de derechos humanos y otras múltiples expresiones de lucha.

Lo que se puede rescatar de este periodo que puede desde ya considerarse histórico, es que abrió de una manera irreversible un nuevo ciclo de cambios, en donde el modelo perdió su componente de legitimidad social y cultural que dificultaban los cambios y condicionaban las estrategias de los actores políticos.

La ciudadanía empoderada y movilizada es capaz de demostrar que urgen cambios de fondo y que se puede cambiar el cuadro político mediante el empleo de todas las formas de lucha, teniendo como principal factor de cambio y sujeto protagonista de esos cambios, al pueblo o los pueblos movilizados.

Este año 2020 comenzó su ciclo de movilizaciones con las marchas de mujeres que nuevamente adquirieron un importante grado de masividad, entre 1 millón y un millón y medio de asistentes, y esta presencia  hacía presagiar un mes de marzo decisivo en el escenario que estaba por venir.

El arribo de la pandemia covid 19 en el mes de marzo y la posterior emergencia sanitaria, que permitió al gobierno decretar estado de catástrofe y restringir la libertad de movimiento de la población junto a las medidas de cuarentena de distintas comunas y ciudades del país, ha restringido la capacidad de movimiento y por ende, de la movilización de la población, esto ha dado un importante respiro político al gobierno y al presidente de la república, cuya aprobación ha subido a un 18 % según ciertas encuestas.

Tras la crisis sanitaria, se dibuja una importante crisis económica debido al estancamiento y paralización de la actividad económica, sólo comparable a la del año 2008 o la del año 1929. Sus efectos vendrán a agudizar la situación anterior a la llegada de la pandemia. La disyuntiva será, dar continuidad al proceso de cambios constitucional y hacer frentes a la futura crisis  económica que afectará a amplios e importantes sectores de la población.

AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS (AFDD)

Noviembre, 2020 

 

Somos una organización que nació cuando se instaló en nuestro país, la Dictadura Cívico Militar; desde entonces, hemos dado una incansable lucha para que en Chile no se vuelva a vivir la tragedia del Terrorismo de Estado (del que fueron víctimas nuestros familiares). Dictadura que nos dejó dolorosas e imborrables huellas, que hoy nos afecta como madres esposas e hijos.

Ser familiar de un detenido o detenida desaparecida, para cada una y uno de nosotros, ha sido vivir con la ausencia injusta de ese ser querido, de ese padre, madre, compañero o compañera. De ese familiar que un día no volvió, porque fue secuestrado, torturado, asesinado y hecho desaparecer por Agentes del Estado que los persiguieron por pensar diferente.

Han pasado más de 46 años y aún seguimos buscando justicia y la verdad plena, guardando aún la secreta esperanza de saber algo de ellos y encontrar sus restos. Muchas de nuestras valientes mujeres ya no están, ya que envejecieron, enfermaron por la pena y murieron sin saber qué pasó con sus seres queridos. Hemos dado la vida en esta lucha, por más de cuatro décadas en las calles, en tribunales llevando nuestras voces por el resto del mundo denunciando la tragedia del país para que se tomara conciencia y se tomaran medidas que hicieran posible el Nunca Más; ya no es por nosotras, sino por Chile. Siempre dijimos que el dolor vivido había quedado grabado en nuestra piel, en nuestras mentes y en nuestros corazones y que nada borrará, y estas huellas la han heredado las nuevas generaciones pero seguimos y seguiremos luchando sin descanso para que tanto dolor y maltrato al pueblo, no vuelva a ocurrir.

Siempre atentas a lo que pasa en nuestro país, hemos mirado con mucha preocupación, dolor y con una activa solidaridad, la tragedia del pueblo mapuche, sus territorios militarizados, la violación sistemática de los derechos humanos de la cual han sido víctimas, lo denunciamos porque los visitamos en Temucuicui, nos reunimos con sus comunidades. Esa trágica realidad avizoraba que esto podía volver a pasar. Cómo no iba a ocurrir si nos gobernaron con la herencia de la dictadura, con su Constitución, su sistema económico, razón por la cual asesinaron nuestros familiares, imponer este modelo que trajo dolor, marginación y acumuló años de indignación en las inmensas mayorías

A partir del día 18 de octubre de 2019, se inicia un proceso de movilización permanente a nivel país, que se tradujo en la presencia de miles y miles de personas en las calles de todo el país, exigiendo, demandando justicia social. El derecho a la manifestación de la población civil, en cualquier democracia del mundo, debe estar garantizado; eso no ocurre en Chile. El nuestro, es un país profundamente desigual,  que ha agudizado las diferencias, deteriorado la calidad de vida de la inmensa mayoría de la población; este estallido social ha tenido como respuesta de parte del gobierno, la represión más brutal,  utilizando todo el poder del estado, violando de manera sistemática los Derechos Humanos, y hemos visto con horror y con profundo dolor, cómo todo aquello por lo cual hemos luchado desde el momento en que secuestraron a nuestros familiares para que no se repitiera, hoy vuelve a ocurrir: secuestros, torturas, allanamientos, personas asesinadas por instituciones del Estado;  hemos vuelto a ver la tortura como una práctica permanente, hemos sentido el dolor y la impotencia de familias que, igual como nosotros, vuelven a perder a sus seres queridos, nos hemos enterado de niños, jóvenes, personas mayores mutiladas, y que así como lo vivimos en dictadura, se quemó vivos a muchas personas, Hoy entrenan una nueva y sanguinaria práctica disuasiva, se les arrancan los ojos, dejándolos para siempre ciegos; tenemos la dolorosa cifra de más de 20 personas asesinadas o muertas en extrañas circunstancias. Estado de excepción, toque de queda,  hoy tenemos nuevas generaciones, las nietas y los nietos qué salen con esa fuerza que les legaron sus abuelas y sus abuelos desaparecidos para cambiar este país. No imaginan la angustia y la desesperación cuando vemos salir a nuestras hijas e hijos a manifestarse y volver a revivir la posibilidad de que sean víctimas de violaciones de sus derechos y perderlos cómo ocurrió con nuestros familiares

Ahora, las nietas y los nietos de aquellos hombres y mujeres detenidos desaparecidos, se han sumado a buscar con nosotras, también han sido muy afectados porque se rebelan al vernos sufrir por los recuerdos dolorosos que se agolpan y nos vuelven a someter a esa tortura psicológica permanente que se profundiza y que nunca ha tenido el consuelo suficiente, porque aún no encontramos verdad, no hay justicia y sobre todo porque primó el legado dictatorial y la impunidad, que hoy vuelve a instalar el Terrorismo de Estado en el país.  Esto debe parar ahora.

 

Coronavirus, Estado de Catástrofe y despertar social: a seis meses del 18 de Octubre.

Centro de Formación Memoria y Futuro.  (abril, 2020)

El 18 de Octubre ya está inscrito como fecha emblemática en la historia de las luchas populares en Chile. Ese día estalló el malestar acumulado en largos años de sobreexplotación, marginación y abusos.

Para el Centro de Formación Memoria y Futuro, conformado por parientes y amigos de los dirigentes socialistas de la primera resistencia al golpe, ejecutados y hechos desaparecer por la dictadura cívico militar, el significado de ese 18 de Octubre y del movimiento de movilización  popular multifacética y combativa a que dio inicio, es de importancia capital, pues logró generar ¡por fin!, las condiciones culturales y políticas para poner término a la interminable transición a la democracia. En Memoria y Futuro creemos que lo que se ha vivido bajo los gobiernos post Pinochet es una democracia de bajo impacto, semi soberana, que en esencia responde al diseño institucional trazado por Pinochet y Guzmán, la Constitución del 80. Una cancha dispareja que, no importando quién gobierna, lo que se hace o se deja de hacer, en lo esencial, no es sustancialmente distinto de lo que harían las fuerzas políticas herederas de la dictadura y servidoras de las oligarquías. Asimismo, los grandes grupos económicos que en esta democracia “en la medida de lo posible”, acumularon enormes niveles de riqueza a costa de acrecentar  las diferencias sociales, condenando a las mayorías nacionales a la pauperización, con sueldos miserables, empleos precarios, subempleos y desempleo disfrazado que significan marginación, endeudamiento, privaciones y angustias.

Los servicios privatizados o degradados por el estado mínimo en salud, educación, previsión y vivienda, agravan las condiciones de vida, conformando un país profundamente escindido por diferencias  sociales abismantes, que constituyen en sí mismo un orden social y económico injusto y aberrante, que ya agotó su potencial  de crecimiento fácil con su modelo primario exportador de bajo valor agregado, depredador de la naturaleza  y que condena a amplios sectores de la nación a  zonas de sacrificio y condiciones de vida indigna.

Para poner fin a este orden y a sus representantes políticos se alzó el pueblo ese 18 de Octubre. La movilización social se extendió pronto a todo el país y se expresó en multitudinarias manifestaciones, cuya dimensión no se había visto en  décadas expresándose en formas  creativas y originales  de protesta en plazas y barrios de las principales ciudades y pueblos, teniendo su epicentro  en centenares de cabildos y asambleas barriales y especialmente  en la  emblemática Plaza de la  Dignidad (ex Plaza Baquedano o Plaza Italia), donde millares protagonizaron, cada Viernes, magníficas jornadas de protesta, protegidos por la valerosa primera línea que hizo frente a la violencia represiva criminal de las fuerzas del estado, de carabineros cuyos uniformes volvieron a mancharse  una vez más con la sangre del pueblo: más de 400  víctimas de traumas oculares, algunos perdiendo totalmente la vista y más de una treintena de jóvenes de sectores populares fueron asesinados.

El movimiento nacional de protesta se mantuvo en pleno vigor por más de 5 meses, hasta mediados de Marzo donde se decretó el estado de catástrofe  nacional por el Covid 19.

Pandemia, Estado de Catástrofe  y nuevas formas de movilización social.

El Pueblo rápidamente ha captado la seriedad de la amenaza a la salud pública que conlleva esta nueva versión del Coronavirus. Obligado a seguir trabajando para subsistir en su malvivir, a seguir hacinado en horarios puntas del transporte público, en sus propias estrechas viviendas o lugares de trabajo sin los elementos de protección personal esenciales para impedir o dificultar el contagio.

La principal medida  preventiva del contagio es el distanciamiento social; así lo ha recomendado la Organización Mundial de la Salud y así lo están implementando con mayor o menor rigor los gobiernos del mundo, según sea su enfoque para proteger la salud y la vida y al mismo tiempo perturbar lo menos posible las condiciones de vida, estudio  y trabajo  habituales.

En Chile, el gobierno de Piñera ha declarado estado  de catástrofe  nacional que le da amplias atribuciones e impuesto un  toque de queda nocturno, usando cuarentenas selectivas cambiantes a niveles comunales. Tanto la pandemia como las medidas para mitigar sus efectos, han implicado pérdidas de empleos para miles de trabajadores dependientes  que se han visto compelidos a recurrir al seguro de desempleo. Más dramática es la situación de los trabajadores independientes que solo tendrán apoyo mediante escuálidos bonos. La quiebra de centenares de miles de pequeñas y medianas empresas es inminente  y recién se habla de créditos  blandos  para ellos con  garantía estatal  del 85% de forma que los bancos privados presten el dinero que el Banco Central les pasará a costo cero.

En esta condiciones de catástrofe nacional, en que todas las medidas sanitarias y económico sociales del gobierno del gran empresariado, llegan con gotero y con tardanza y donde los trabajadores se ven expuestos a la pérdida de empleos, rebajas salariales y eliminación de la organización sindical, se ha producido una desmovilización del movimiento social que progresivamente se va revirtiendo con acciones de denuncia y resistencia a través de las redes sociales, con acciones de arte, foros y conversatorios virtuales, con acciones colectivas desde los territorios como caceroleos, abanderamientos, y acciones de resistencia activa en algunas poblaciones populares.

El malestar  es creciente frente a la respuesta mezquina  e insensible del gobierno y la oligarquía ante la angustia y precariedad  de la población. El desagrado se amplifica cuando se constatan los intentos de la derecha más reaccionaria, de saltarse el plebiscito de entrada previsto por  el proceso constituyente, hoy  postergado para el 25 de Octubre, la tentativa de imponer aún más impunidad liberando a los genocidas de Punta Peuco, bajo el expediente de su vejez o de  enfermedad o rebajando penas por  crímenes  atroces como hizo la infamante sentencia de la 8va sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Imposibilitados de tramitar una ley que permita conmutar la pena de cárcel por arresto domiciliario para los violadores de Derechos Humanos, presionan por un indulto Presidencial selectivo. El movimiento de Derechos Humanos se ha movilizado y ha logrado detener en parte esta ofensiva; sin embargo, es necesario intensificar las acciones de denuncia y movilización, hasta lograr impedir o revertir estas acciones de la derecha más recalcitrante en pos de la impunidad

Hoy lo más importante es preservar la salud y la vida de la población, especialmente la más vulnerable a este virus, mientras se mantienen niveles de organización y movilización en torno a la defensa de los derechos que se están arrebatando en el plano laboral y social, se paraliza  la ofensiva por la impunidad y se exige la liberación de los presos y presas de la protesta que corren grave riesgo de contagio en las hacinadas cárceles.

La energía desatada por el movimiento del 18 de Octubre y la conciencia que se forjó en los meses posteriores, volverá en cuanto sea posible y será aún más potente. Aprovechemos este impulso para cambiar definitivamente el país generando una Nueva Constitución, genuinamente democrática, que ponga fin de una vez por todas, a la herencia de la dictadura y a su orden neoliberal que fracasará rotundamente en enfrentar esta pandemia y sus consecuencias económico sociales. Para tal fin, es preciso avanzar aún más en los niveles de unidad entre la dirigencia social y política del movimiento democrático y gestar una dirección efectiva y prestigiada que permita, en un futuro  pronto, disputarle el gobierno a la derecha para democratizar el país.

 

 

MEMORIA Y NEGACIONISMO

Carmen Pinto Luna, Especialista en Memoria y Derechos Humanos  (Abril, 2020)

Desde hace poco más de treinta años, se inició en América Latina una ola de democratización, la que por cierto, no ha estado exenta de sobresaltos. En efecto, tras decenios de inestabilidad y de dictaduras, la democracia parecía haberse arraigado en nuestro continente. En el caso chileno, las expectativas de la gran masa popular, aquella que arriesgó hasta su vida para poner término a la dictadura, no podía sino engendrar insatisfacción. Desde el inicio de la transición pactada, se creó una corriente de malestar social subterráneo debido a las condiciones en que se produjo el tránsito de dictadura a democracia, con el dictador como general en jefe de las fuerzas armadas, a lo que a poco andar se agregaron las reformas liberales y anti estatales que provocaron una ampliación de las desigualdades y por ende, de la insatisfacción de las grandes mayorías populares.

El incremento de la economía informal, los empleos precarios, la supresión de redes de protección social, hacían prever que este clima de descontento social algún día tendría que explotar; no obstante, por mucho tiempo no hubo gran efervescencia, al menos no lo suficientemente fuerte como para alterar el orden representativo. La democracia en Chile como sabemos, fue restablecida por medio de una alta vigilancia, teniendo como principal instrumento de contención la Constitución de 1980, vigente hasta hoy sin grandes cambios estructurales. La divisa de los partidos políticos que constituyeron la Concertación fue “crecimiento y equidad social”, la que pretendía llevarse a cabo con el soporte de grandes campañas publicitarias, haciendo creer a la ciudadanía y al mundo, que nuestra transición era ejemplar, en particular, en lo que se refiere a la reducción de la pobreza.

Sin embargo, la debilitada democracia se tornó cada vez más insoportable, sin libertades verdaderas ni menos aún igualdad, los gobiernos que se sucedieron desde Patricio Aylwin hasta Sebastián Piñera, con mayor o menor énfasis, se rindieron al libre mercado, violando de múltiples maneras los derechos elementales de la ciudadanía, desde las más groseras a las más sutiles, convirtiéndose el país en un verdadero laboratorio del neo liberalismo, amparándose también en un obsceno trucaje político hasta hace muy poco, como lo era el sistema binominal en las elecciones.

La izquierda consensual suscitó esperanzas en un pueblo que sufrió los peores embates de la dictadura con la divisa “la alegría ya viene”. No obstante, esta percepción de confianza y exitismo se transformó en desencanto primero y en sospecha después, puesto que las expectativas nunca se lograron, es así como una parte importante del electorado, llegó a considerar que el escrutinio del voto no tenía el valor que se suponía debía tener, permitiendo el ascenso de Piñera al poder (en su segundo mandato), con una mayoría ficticia, ya que sólo un 46% del padrón acudió a las urnas, el 54% restante no ejerció su derecho a voto, en la convicción para muchos, de que la elección mediante sufragio no era sinónimo de democracia. El avance democrático conoce con esta elección en particular, un retroceso, mientras que en teoría la democracia avanzaba, las consecuencias sociales de una política alejada de los derechos humanos fundamentales, con un pueblo despojado de ejercer su legítima soberanía, hacía aumentar el descontento con muchas y variadas señales sectoriales; a la par, se produce una crisis de credibilidad en las instituciones, afectando a toda la clase política, parlamentarios y partidos políticos incluidos.

Podríamos deducir entonces, que el estallido social se produjo por una toma de conciencia de parte importante de la juventud chilena, y en primer lugar, de los estudiantes, quienes sintieron la necesidad de conquistar el derecho a tener derechos. Aquí se abre al país una memoria que parecía olvidada u oculta, al menos estaba ausente del lenguaje y sin embargo la misma frase “no son treinta pesos, son treinta años” evoca un pretérito, el pasado irrumpe en el presente con una fuerza tal vez inesperada. No en vano están en las calles, en los estadios, en las plazas y otros lugares públicos donde se ha llevado a cabo la protesta, las canciones de otros momentos de auge social como “el pueblo unido jamás será vencido”, se entona “el baile de los que sobran” música de los 80 de Los Prisioneros, y también como un símbolo de pacificación, la canción de Víctor Jara que data de 1969 inspirada en Vietnam “El derecho de vivir en paz”. Cada vez que esto sucede, antes de la consabida represión por parte de agentes del Estado, la ciudad se ilumina de colores imprevistos. La memoria está en las pancartas que exhiben los jóvenes, dónde las violaciones a los derechos humanos están en primera línea: pensiones de miseria, abuelos que mueren esperando atención médica, educación elitista, falta de previsión social, salarios injustos, viviendas inhumanas, criminalización de la lucha de los pueblos originarios.

No se habla de Memoria, pero el presente es una consecuencia necesaria del pasado, otorgándole sentido a la protesta; la memoria instala su presencia como verdad indesmentible, situación inesperada por cierto, para muchos. Si quisiéramos darle una categoría a esta memoria, sin duda es memoria subversiva, porque actúa como crítica a un modelo inhumano que se arrastra por décadas, es memoria de la disconformidad que estimula el recuerdo de algo ya acontecido.  En este último punto lamentablemente, es la memoria de las violaciones a los derechos humanos de manera sistemática. Es la memoria de acumulación de hechos que parecían haberse naturalizados y que irrumpen en el presente trayéndonos los peligros de otra época, de transformaciones anunciadas que no se hicieron realidad y por lo tanto, habla de las condiciones objetivas que provocaron el estallido social, cuya reflexión debiera ser que el camino recorrido desde el término de la dictadura no fue el correcto, al menos permitir ponerlo en duda.

No podemos negar esta memoria subversiva, salvo que quisiéramos auto engañarnos. Aquí, desde el 18 de octubre 2019, se ha puesto en juego la alteración sustantiva de lo establecido y ha recibido la adhesión de millones de personas, dándole la bienvenida a un pasado doloroso que jamás saldó sus deudas en materia de verdad, justicia, reparación y por consiguiente no pudimos evitar un Nunca Más. Con esto se ha fracturado el tiempo, unificándolo en un mismo movimiento, nos sacude de manera brutal, como cuando nos cae encima un terremoto; la memoria cobra en nuestro presente incierto todo su peso en la condición colectiva de la misma, caracterizada por la subjetividad del ser humano.

En Chile, y los hechos nos lo dicen, tendríamos que haberle dado prioridad a la justicia y no permitir que el sintagma del “Nunca Más” se repita cada vez que el horror reaparece como una verdad trágica. Los hechos también nos dicen que la memoria extravió su camino en medio de las disputas políticas, permitiendo que la clase política, por los privilegios que le concede una Constitución que no se basa en los derechos humanos y que fue hecha en plena dictadura, acomodara las necesidades básicas al libre mercado. Así, día a día, la memoria también se acomodó a las modificaciones del presente, perdiendo su esencia y sentido. Deberíamos haber borrado toda aquella herencia de un modelo totalitario como único camino para construir otro presente y otro futuro. Con esto no estamos afirmando que la política no sea necesaria, lo que queremos decir, es que no podemos permitir que la política, ni ningún otro poder, le ponga límites a la memoria, porque con esto le estamos dando cabida a una corriente nefasta llamada negacionismo, que sólo tiende a justificar hechos que no sólo debieran estar reñidos por la conciencia de todo ser humano, sino que avergonzarnos por dar espacio a la banalidad del mal.

Es necesario recurrir a la memoria para “comprender” la crueldad desplegada por el aparato represivo del Estado, representado por Carabineros y sus fuerzas especiales, cuyo modelo fue creado en dictadura y se fue inaceptablemente perfeccionando en los años de transición. Volviendo a la frase acuñada por la juventud chilena “no son treinta pesos son treinta años”, estas prácticas no admiten ninguna explicación. Lamentablemente, justicia y memoria no se conjugan y ahí tenemos aún los casos de más de mil detenidos desaparecidos como una llaga abierta que debiera hacernos reflexionar como sociedad.

El debate político que vemos hoy transformado en show televisivo, se vuelve infructuoso porque se intenta buscar soluciones que sólo contribuyen a reforzar el modelo capitalista llevado al extremo. Este debate se contrapone a las demandas de millones de personas porque precisamente el conflicto que se ha generado desde el inicio del estallido social, tiene su base en memorias colectivas que no son coincidentes y que en el presente se traducen en injusticia, inequidad, mundos paralelos.

La memoria no es una llave maestra que abre caminos, pero cuando se habla en plural, cuando son memorias colectivas, comunes, que reconoce la legítima existencia de grupos divergentes, grupos que no están de acuerdo con lo establecido y además, están dispuestos a renunciar a la imposición de leyes y normas, por considerar que están en contra de sus derechos básicos, la explosión social era inevitable. En efecto, la memoria o las memorias cuando se someten o acatan medidas autoritarias e irresponsables pierden sus atributos y virtudes, son estas dos cualidades las que precisamente permiten argumentar en el presente para redimir el pasado reciente sin derecho a la educación, sin derecho a la salud, sin derecho a salario justo, sin derecho a pensiones dignas y “hasta que la dignidad se haga costumbre”.

Esto nos lleva a una última reflexión ¿Podemos vincular la memoria a acciones de transformación social y otorgarle así un rol político de importancia? Para muchos autores, la memoria no es otra cosa que una interrogante que no tiene fin.

Por cierto, la anemia de los partidos políticos quedó de manifiesto a partir del 18 de octubre 2019, situación que pone en peligro la capacidad de decisión del Estado y hasta la coexistencia social, es en estas condiciones que la sociedad civil aún poco o mal organizada se pone en movimiento, con una infinidad de demandas sectoriales, las que legítimamente se tornan violentas al no encontrar una salida institucional, es decir, no son traducidas en términos políticos por las instancias formales, como los partidos políticos.

En términos sociológicos, podríamos afirmar que no estamos frente a una anomia social, pese al alto porcentaje de electores que no ejerció su derecho en los últimos comicios. Efectivamente, hemos visto surgir instrumentos que aún sin considerarse políticos en el fondo, sí lo son puesto que han servido de puente entre la esfera social y el espacio político formal, y es este último quién ha debido acomodarse a las circunstancias. Este despertar social nos da esperanzas de alternancia, de un cambio de paradigma y de un nuevo contrato social con la participación soberana del pueblo, que seguramente se expresará mayoritariamente por un cambio de Constitución.

 

EL INCENDIO

Crónica (en progreso) de un Chile en crisis

Ignacio Achurra D., Presidente SIDARTE (Noviembre, 2019)

La chispa

¿Qué son treinta pesos?, se preguntaron algunos frente a las primeras evasiones de jóvenes estudiantes en el metro de Santiago. Consideraban una reacción desproporcionada, que  por una pequeña alza, grupos de secundarios se concertaran para desafiar una norma esencial de la civilidad liberal: cumplir con el pago del servicio de transporte público. Un expresidente del tren metropolitano afirmaba, con la soberbia que suelen ostentarlos tecnócratas en Chile, que “esto no prendió, cabros”. Se sumaba así a las autoridades de gobierno que intentaban minimizar la acción de los jóvenes. Los estudiantes, declaraban frente a cámaras y micrófonos de prensa, que su pequeño acto de desobediencia era en solidaridad con el insoportable apremio económico que cargan sus padres y abuelos. La salida al conflicto estaba a la mano: congelar el alza de la tarifa del metro y proponer un nuevo sistema de fijación de tarifas. Pero, no. Las autoridades de gobierno, sin dimensionar el tamaño del malestar en gestación, aumentaron la vigilancia policial en estaciones y se cerraron a toda negociación. Así, llegó la primera de una sucesión de situaciones de violencia. Una niña escolar sería herida por un balín de carabineros al interior de una estación de metro. Su rostro de terror al ver brotar la sangre de su pierna, el desconcierto de sus amigos y público presente, congelaron por un momento los corazones de buena parte de los chilenos. La imagen se viralizó velozmente. En plena democracia, una niña había sido baleada por intentar saltarse un torniquete del metro. En adelante, Chile viviría el desarrollo de un estallido social sin precedentes.

Por la noche de ese templado viernes 18 de octubre primaveral, Santiago sufrió la expresión de un malestar contenido por décadas que asoló la ciudad con una virulencia y masividad inédita. Quema de estaciones de metro, violentos enfrentamientos entre manifestantes y la policía, y la sensación de que algo cambiaría para siempre. “Santiago arde” titulaban atónitos los medios de prensa locales e internacionales. El gobierno, presa del pánico y el desconcierto, intentó apagar el fuego con bencina. El presidente Piñera decidió declarar estado de emergencia constitucional y entregar el control de la capital a un militar. Para el ejecutivo, la ciudad enfrentaba esencialmente un problema de orden público. Por primera vez desde el fin de la dictadura de Pinochet, en las calles de Santiago se desplegaron miles de militares armados. El general a cargo decidió aplicar toque de queda, trayendo al presente para muchos, las traumáticas imágenes y recuerdos del terrorismo de Estado dictatorial y la indignante impunidad que continúa hasta hoy. Sin embargo, las protestas y disturbios continuaron durante la noche. Nuevas generaciones de chilenos, sin los traumas directos del pasado, no respetaron el toque de queda y con una mezcla entre ingenuidad y rebeldía, desafiaron a los militares. Y lo que comenzó en la metrópolis capitalina, se extendió rápidamente al resto de las ciudades del país. Chile entero se alzaba contra una normalidad que se había vuelto insoportable, invivible. “Nos quitaron tanto, que nos quitaron hasta el miedo”, se escuchaba una y otra vez. Miles de personas se volcaron a las calles para manifestarse en contra de un estado de cosas que sienten los oprime y somete a una vida de precariedad y angustias. “¡No alcanza para vivir!” se escuchaba en gritos ahogados por las lacrimógenas. Treinta pesos de alza del metro y la decidida reacción de estudiantes secundarios habían encendido como una chispa un pastizal de descontento ciudadano acumulado por décadas. Y como cada primavera, junto al inicio de la temporada de incendios de bosques, se incendió también un sistema de vida, un modelo de sociedad y economía, un paradigma totalizante que pone la competencia, la trayectoria individual y la desigualdad basal, como ejes estructurantes de la vida en común.

La guerra

El 20 de octubre, el presidente Piñera, luego de haber detenido tardíamente el alza del metro y sin los resultados esperados, decide hablar a los chilenos. Los medios de comunicación y la ciudadanía expectantes aguardan por lo que pudieran ser anuncios que ayudaran a bajar la alta temperatura social reinante. Por el contrario, el presidente afirma que “estamos en guerra contra un enemigo poderoso”, agudizando aún más la fractura social. Es el propio general al mando de la ciudad de Santiago (a sabiendas de lo que significa una declaración de guerra presidencial), quién decide contradecir públicamente al primer mandatario anunciando, en un tono sutilmente irónico, que él no está “en guerra con nadie”. El lema “no estamos en guerra” se multiplica en redes sociales y en carteles confeccionados artesanalmente que miles de manifestantes portarán en las protestas y que se convertirían en un sello distintivo de las movilizaciones. El gobierno continuaba sin asumir la dimensión del incendio. El estado de emergencia se extendió a nueve de las dieciséis regiones del país, al igual que el toque de queda. Militares y policías fuertemente armados, pasan a ser parte del paisaje del territorio nacional. Las cifras de heridos y muertos, los saqueos, la masiva protesta ciudadana pacífica y la desmedida represión policial, comienzan a exacerbar un creciente estado de emociones contradictorias en la población. Por un lado, miedo, rabia e impotencia. Y por otro, el surgimiento de un poderoso sentimiento de esperanza y empatía, un asomo de esa noción de comunidad perdida entre los neones de un sistema neoliberal deshumanizante. “Chile despertó” se instala como el leit motiv del momento.

Ganar o perder tiempo

 Pasados cuatros días del estallido y luego del aumento de las protestas a nivel nacional, la radicalización de los saqueos al comercio, la evidencia irrefutable de gravísimas violaciones a los derechos humanos y con una cifra de fallecidos que ya alcanzaba las quince personas, el presidente ofrece al país un paquete de “medidas sociales”. La propuesta resulta insuficiente y lejos de apaciguar los ánimos, instala la sensación de que el gobierno no estaría escuchando el clamor popular, sino más bien, tratando de administrar la crisis, apelando al desgaste y cansancio del movimiento social. El 25 de octubre, se realiza la más multitudinaria marcha de la que se tenga registro en las últimas décadas en Chile. Más de un millón y medio de personas (sólo en Santiago se calcularon más de un millón doscientos mil), salen a las calles para decir que esta vez, el hastío llegó a su límite. “No más abusos”, “no más pensiones de hambre”, “no más salud para pobres y salud para ricos”, “no más ciudades segregadas”, “no más cárceles para pobres y clases de ética para ricos” (haciendo referencia al irrisorio castigo que recibieran empresarios y políticos culpables de financiamiento ilegal de campañas), “no más sueldos millonarios para parlamentarios”. Todas las injusticias barridas bajo la alfombra por décadas, por fin, posaban desnudas en el centro de la esfera pública.

El presidente Piñera puesto en un trance histórico, volvió a evadir la posibilidad de liderar un proceso de transformaciones sociales y de democratización estructural que dieran nuevos horizontes al país y su población. Más bien, todo indica que el diagnóstico del gobierno fue que las marchas masivas habrían sido el techo y que lo que vendría en adelante sería un proceso de declive con una oposición política atomizada, y la población dividida entre quiénes deseaban ya la vuelta al “orden” y quiénes pretendían seguir en estado de movilización. Lo que podría haber sido una efectiva estrategia del gobierno para ganar tiempo y evitar “negociar” en el punto alto de las movilizaciones, terminó siendo (a vista del avance del movimiento), una pérdida de tiempo invaluable para intentar contener el incendio a tiempo.

Jugar con fuego

El incendio social continuó su propagación ya no con las vistosas y estremecedoras llamas de su inicio, pero sí con un desplazamiento a las raíces mismas del frágil pacto social. Tal como los incendios que continúan avanzando bajo tierra, las llamas se transformaron en un poderoso proceso de repolitización ciudadana (pero también en una peligrosa acumulación de rabia y violencia). Las asambleas y cabildos auto convocados poblaron el territorio nacional, dotándolo de un proceso deliberatorio común que ha instalado paulatina, pero poderosamente en la conciencia colectiva, la necesidad de una nueva constitución a través de un proceso constituyente. Mientras la popularidad del presidente se derrumba a cifras de menos de dos dígitos, la evaluación positiva de un proceso constituyente convoca a siete de cada diez chilenos, y en alza. Pero para iniciar los cambios del modelo político y económico que reclama la ciudadanía, el gobierno debe resignar parte fundamental de sus principios: la libertad absoluta y omnipresente de los mercados en todas las esferas del quehacer social. Y debe hacerse a través de la redacción de una nueva constitución que cuestione el concepto eje del “modelo chileno”: el estado subsidiario. El presidente Piñera ya ha intentado una serie de acciones y estrategias para desactivar el conflicto: medidas que profundizan el modelo a través del traspaso de recursos desde el estado a privados en áreas clave como salud y trabajo; represión policial y militar intimidatoria (con enormes costos en violaciones a derechos humanos); simulacros de normalización ciudadana; apropiación del sentimiento de reclamo (asociándolo a una disociación entre la lentitud del proceso de “modernización capitalista” versus las expectativas de la gente); acercamientos con líderes de la oposición; y, por último, la insistencia de que lo que ha asolado Chile estos días es una especie de barra brava de anarquistas que deben ser perseguidos con todo el rigor de la ley. Todos los intentos han fracasado estrepitosamente poniendo en riesgo la gobernabilidad y seguridad interior del país.

Para ofrecer soluciones efectivas, hay que tener un diagnóstico acertado. Y hasta el momento, el ejecutivo ha lucido ineptitud y tozudez. Creer, además, que la violencia social ya cobró en esta crisis su máxima expresión, es esconder la cabeza y negarse a observar los ejemplos de otros países latinoamericanos. La quema de mobiliario público y privado podría ser visto en retrospectiva como un hecho menor si la agudización del conflicto llevara a los chilenos a presenciar prácticas de horror como secuestros, asesinatos selectivos, grupos de combate con armas de guerra o terrorismo. Por conservar el viejo orden, el gobierno ha puesto en riesgo todo orden social posible y mientras más avanza, el incendio más incontrolable se hace su contención. Ha quedado en evidencia más que nunca la indolencia y desconexión de los grupos dominantes: su falta brutal de empatía con el dolor ajeno, su distancia abismal con la precaria realidad de la mayoría de los chilenos y su negación de los alarmantes datos que las ciencias sociales vienen entregando hace décadas sobre la grieta social producto de la desigualdad.

Las élites políticas y oligárquicas, que durante tantos años se han beneficiado de un modelo estructuralmente desigual, no han mostrado capacidad de hacerse eco (aunque sea por espíritu de sobrevivencia propia), de las legítimas demandas de un pueblo que despertó para exigir justicia, dignidad y soberanía. Lo que está en juego es nada más ni nada menos que la paz social en Chile.

*Este texto fue escrito antes del “Acuerdo por la paz social y la nueva constitución”, suscrito por la mayoría de los partidos políticos, y que abre la posibilidad de un inédito proceso constitucional democrático en Chile.

Coordinadora Nacional de Inmigrantes en Chile

Héctor Pujols, Presidente  (abril, 2020)

 

Históricamente,  la creación del Estado-Nación y el concepto de ciudadanía, se han limitado a un sector minoritario y poco representativo de la población, provocando  que en diferentes momentos de la historia, las minorías y los sectores excluidos luchen por el acceso a derechos económicos, sociales y culturales. En definitiva, una lucha por la redistribución del poder y la democratización del Estado como ente regulador y garante, una lucha por  construir sociedades más justas e igualitarias. En el contexto mundial, los procesos migratorios que se viven a lo largo de todos los continentes, tensionan la idea de ciudadanía, la pertenencia al Estado y por lo tanto, al acceso a derechos. Desde el drama del Mediterráneo y la Unión Europea, enviando tropas a resguardar las fronteras y a hundir barcos, hasta las fronteras centroamericanas como rutas para la llegada hacia los Estados Unidos, los diferentes procesos migratorios han tensionado todo tipo de tratado internacional y a los organismos encargados de velar por ellos. Frente a un proceso globalizador como es la migración, en vez de avanzar hacia una mayor coordinación, los Estados sin excepción han optado por el cierre como refugio ante el “otro”.

Hablar hoy de migración, es fundamentalmente hablar de derechos humanos, ya que en la práctica, rompe cualquier precepto concebido teóricamente al Estado y pone ante la historia, a la humanidad en su conjunto. Cómo garantizar derechos civiles y políticos a no-ciudadanos o cómo garantizar derechos económicos y sociales a personas, cuya estancia depende de una visa de residencia, son preguntas que cualquier organización política o social debe plantearse si en su perspectiva está la de construir sociedades más justas e inclusivas. En ese sentido, hay un elemento clave para comprender una primera frontera política a las que hace frente la población migrante a nivel global. Ésta es, el  vínculo que existe entre la necesidad de la nacionalidad del país de acogida como requisito para el acceso a derechos plenos.

En el caso de Chile, la propia Constitución de la República, aprobada durante la dictadura cívico militar, establece en su artículo 13 que “son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido dieciocho años”, limitando en su propia definición de ciudadanía la posibilidad de acceso pleno a derechos a aquellas personas que, a pesar de habitar y contribuir de igual manera al desarrollo del país, no tengan la nacionalidad. Este elemento, establecer como requisito necesario la nacionalidad para acceder a la ciudadanía, desencadena en toda una serie de limitantes para la población migrante, su inclusión en el país y el propio porvenir de Chile, limitantes que se reflejan en el decreto ley de extranjería, en el código del trabajo, en el acceso a servicios públicos y otras leyes y reglamentos de la República. Además de este elemento común de todos los países, en el caso chileno, la construcción teórica del extranjero como enemigo, basada en la Doctrina de Seguridad Nacional, y plasmada en el propio decreto ley, refuerza aún más las dificultades para la inclusión de la población migrante. Es importante recordar que en su artículo 15, la ley que regula la residencia en el país, señala que será causal de prohibición de ingreso o expulsión aquellas personas que:

“propaguen o fomenten de palabra o por escrito o por cualquier otro medio, doctrinas que tiendan a destruir o alterar por la violencia, el orden social del país o su sistema de gobierno, los que estén sindicados o tengan reputación de ser agitadores o activistas de tales doctrinas y, en general, los que ejecuten hechos que las leyes chilenas califiquen de delito contra la seguridad exterior, la soberanía nacional, la seguridad interior o el orden público del  país y los que realicen actos contrarios a los intereses de Chile o constituyan un peligro para el Estado”

En cualquier caso, más allá de estos dos elementos, la nacionalidad, como condición necesaria para la ciudadanía y el extranjero, como enemigo a la idiosincrasia nacional autoritaria, existe un elemento no menor para comprender todo el entramado legal respecto a la acogida de la población migrante. El modelo económico del propio Estado chileno. Desde la chilenización de las regiones del norte arrebatadas a Perú y Bolivia, hasta la conquista y colonización de las regiones del sur, la migración ha jugado un papel clave en la historia de la consolidación y expansión del capital chileno. En la actualidad, el proceso migratorio también, incorporando en el sector agrícola, industrial y servicios, a miles de migrantes que vienen a ocupar por voluntad propia o forzados por la coyuntura, los empleos más precarizados de la economía.

Con esas tres fronteras – no ciudadanos, enemigos y precarizados –se formó en 2014 la Coordinadora Nacional de Inmigrantes en Chile, entendiendo que la lucha de la población migrante no es solamente una lucha por el acceso a derechos de un determinado sector de la población que habita un territorio, sino que se debía transformar en una arista clave, un actor más junto a otros en la carrera de fondo hacia la democratización del Estado y la redistribución del poder en Chile. Sin embargo, y a pesar de su corta vida, la articulación recogía el legado de diferentes organizaciones y debates colectivos, especialmente de la diáspora peruana asentada en el país durante los noventa.

Son muchos los obstáculos y enemigos que hemos debido enfrentar en estos años y que deberemos seguir enfrentando, pero siempre en torno a estas tres fronteras. Desde el que considera que hay que avanzar en la integración pero siempre con la duda de tu real compromiso al no ser nacional, pasando por el que directamente te considera como un enemigo o amenaza para la seguridad, ya sea laboral o en la salud trayendo enfermedades, hasta el que considera que no debes salirte de tu papel como trabajador “invitado”, una persona de usar y tirar, de la que puede disponer el país a su antojo. Pero también muchos aliados que entienden que debemos avanzar hacia una sociedad más democrática, donde no se excluya por motivos de género, religión, opinión política, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica o cualquier otra condición, que debemos construir concepciones más inclusivas de ciudadanía, ampliando a todas aquellas personas que habitan el territorio nacional, independientemente del lugar donde nació. En definitiva, aliados en la defensa de los derechos humanos y en ese sentido también nos leemos nosotros ya que como organización planteamos que más que una articulación de defensa y promoción de los derechos de las personas migrantes y refugiadas, somos una organización de migrantes y refugiados en defensa de los derechos humanos.

En 1870, Marx planteaba que la burguesía fomentaba artificialmente el antagonismo entre el proletariado irlandés e inglés en la propia Inglaterra, sabiendo que en esa escisión del proletariado, recaía gran parte de su poder. Y en el caso de Chile,  hemos sido testigos de ello. Durante años, con una hábil estrategia, en alianza con los grandes medios de comunicación, el Gobierno de Sebastián Piñera reinstaló la idea del extranjero como enemigo. El desempleo, el VIH, la delincuencia y hasta la lepra, eran fenómenos que se asociaban día tras día a la migración, en boca de los representantes de las instituciones o en boca de sus voceros, disfrazados de especialistas o periodistas en los matinales. Y durante un tiempo funcionó. Si uno revisa las preocupaciones en las diferentes encuestas de opinión del país durante 2018 y 2019, en los primeros puestos está el control de la migración, por delante del acceso a la salud, el desempleo o la educación y sólo por detrás de la seguridad. Sin embargo, octubre llegó para cambiarlo todo.

A partir de octubre el “control de la migración”, que no es otra cosa que el discurso instalado de que los extranjeros son los culpables, se vino abajo. Desapareció de las encuestas, ni entre las diez primeras. Nos reencontramos, vimos que el problema era el sistema económico y las instituciones y el Gobierno que lo sustentan. Y sufrimos, como los chilenos y chilenas, la represión de la rebelión, pero avanzamos. Sin embargo, sabemos que la pelea es de largo fondo, la lucha social no está hecha para corredores de cortas distancias.

El acuerdo firmado en noviembre, nos dejó fuera al señalar que los “ciudadanos” decidirán el redactado de la nueva Constitución y en ese concepto no entramos las personas migrantes. Excluían así, a más de 350 mil personas extranjeras habilitadas para ejercer el derecho a voto. Sin embargo, y tras diferentes movilizaciones y presentar una propuesta de ley, conseguimos inscribirnos en el padrón. Es un ejemplo nada más, pero nos muestra que a pesar de declarar el inicio del proceso constituyente, incluso consiguiendo los cambios que consideramos necesarios, como la incorporación del derecho a migrar, la ampliación del concepto de ciudadanía o la declaración de un país intercultural, seguiremos encontrando nuevas fronteras que deberemos saltar.

Y ahí aparece la pandemia, la nueva frontera, y el intento desesperado de retornar a la vieja normalidad. De nuevo escuchamos a los voceros institucionales y matinales tratando de dividir. Sin embargo, estamos lejos de ellos. Las demandas de la población migrante y refugiada son ya una demanda por la democratización del Estado, demandas que estarán en el nuevo Chile que debemos construir.

LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA POPULAR EN TIEMPOS NEOLIBERALES.[1]

David Ordenes, Coordinador Corporación La Caleta  (abril, 2020)  

El Despertar Social, estallido de Octubre para otros, colocó en el centro de la actoría social a los y las jóvenes, a los adolescentes y en varios casos a la niñez, siendo parte fundamental de las movilizaciones y de la primera línea.

La llamada primera línea y donde “estos actores fueron primero”, no tiene nada que ver con el llamado desde los primeros discursos del Presidente Piñera, donde manifestó que en su gobierno “los niños y niñas y adolescentes, serían primero”.

Es posible que, en un sistema capitalista, Neoliberal como Chile, ¿sean los niños y niñas primero?

No nos vamos a remontar a la dictadura militar, donde La Caleta[2] comenzó a trabajar con los niños y niñas que inhalan Neoprén, y que lo hacían como forma de subsistencia. Vamos más bien, a centrarnos en el impacto del modelo impuesto por la dictadura militar y maquillado por los gobiernos posteriores, los que mantuvieron en el fondo los amarres y el impacto en las consecuencias que vivimos en la actualidad.

La población total del país es 17.574.003 y la población de niños, niñas y adolescentes, entre 0 y 17 años, 4.259.155. Estamos hablando de un (24,2%). 51% son niños y adolescentes hombres, 49% son niñas y adolescentes mujeres.[3]

El 87,4% de los niños, niñas y adolescentes viven en zonas urbanas; 12,6% de los niños, niñas y adolescentes viven en zonas rurales.; 12,9% de los niños, niñas y adolescentes pertenecen a un pueblo indígena.; 2,8% de los niños, niñas y adolescentes son inmigrantes.[4] . La ELPI  2017 identifica que un 47,7% de los hogares con niños y niñas entre 5 y 12 años, tiene jefatura femenina.

En la actualidad, 187.825 niños, niñas y adolescentes son atendidos por SENAME, (esto es, el 1.06% de los niños y niñas que viven en Chile, menores de 17 años), de los cuales 0,3% de los niños, niñas y adolescentes con medida de protección, se encuentra en un programa de adopción; 5% de los niños, niñas y adolescentes con medida de protección, se encuentra en cuidado alternativo familiar; 3,8% de los niños, niñas y adolescentes con medida de protección, se encuentra en cuidado alternativo residencial. Los demás niños y niñas adolescentes, en diversos programas ambulatorios y focalizados a través de OPDS, ONGS. [5]

Los niños, niñas y adolescentes son el grupo más pobre de la población. Según la encuesta Casen 2017, un 13,9% de ellos vive en situación de pobreza por ingresos y un 22,9% en situación de pobreza multidimensional. En el caso de los adultos, un 8,6% vive en situación de pobreza por ingresos y un 20,7% en situación de pobreza multidimensional.

Chile firmó la Convención Internacional de los derechos de niños, niñas y adolescentes en 1990 y esto implicaba que el Estado/gobiernos, adecuaran una Ley de Protección Integral de Derechos para todos los niños, niñas y adolescentes que viven en Chile. Aún está el Estado en deuda y los gobiernos pos dictadura no han tenido la altura que merecen los niños y niñas en Chile.

La incapacidad del Estado/gobiernos de no dar respuesta mínimamente a la realidad de los niños, niñas y adolescentes que son parte del SENAME, vulnerando los derechos de estos niños y niñas y adolescentes, ha sido una clara demostración de que la Niñez no es prioridad. Esto implica además, que la “focalización” no es una respuesta.

El gran impacto del modelo tiene que ver con la desigualdad en la que viven grandes sectores populares, donde los niños y niñas viven y están impactados en las formas de vivir y en dignidad.

Una desigualdad que tiene que ver con la vivienda
(hacinamiento y en lo estructural de sus espacios donde viven/ entre 35 a 40 metros cuadrados)); las escuelas con una educación con grandes diferencias que se están manifestando en la realidad que actualmente viven, de no tener computadores, conexiones, impresoras para hacer las guías y materias que están haciendo llegar desde sus colegios y escuelas para responder a la demanda escolar. Un número de familias que viven a diario y donde no pueden lograr responder a su rol de corresponsables de los derechos de sus hijos e hijas (2.600.000 de trabajadores informales).

¿Qué postula este sistema neoliberal y capitalista en sus prácticas? Que hay comunidades, sectores, que son “vulnerables, en riesgo social”, por lo que el estado/gobierno debe proyectar su atención mediante “subsidios, proyectos focalizados por periodos concretos, para paliar la pobreza, y las vulneraciones que el mismo sistema produce. Incluso, hay al menos entre 30 a 40 sectores que son declarados como prioritarios y que directamente son “atendidos” por la subsecretaría de prevención del delito.

En lo que respecta a niñez y adolescencia, se ha creado la subsecretaría de la Niñez que está ubicada en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y que cuenta en la mayoría de sus programas con una práctica y mirada de focalización frente a vulneraciones graves.

Esto implica, desde donde y el cómo se está “interviniendo” a la niñez y adolescencia. Una “mirada de lo social que corresponde a un Estado subsidiario que deja a lo individual y de las familias, el cómo “resolver el presente y el futuro de la niñez y adolescencia”. La privatización de los derechos y de los bienes comunes pasa a ser y depender, del “empeño, del esfuerzo”, que las familias pueden lograr para responder a las “necesidades de sus hijos e hijas”. El satisfacer necesidades, prima, por sobre responder a los derechos universales.

En lo que respecta a primera niñez, reconociendo que ha habido avances a través del Chile Crece contigo, aumento de la cobertura en jardines infantiles y salas cunas, la diferencia está marcada por la diferencia en las condiciones que están dadas por la JUNJI, Integra y los atendidos por ONGS y municipios a través de Vía transferencia de fondos. Los VTF (Vía transferencia de fondos), tienen menos condiciones económicas para enfrentar esta realidad en sectores populares. Un 21,7% de los menores de 18 años, tiene entre 0 y 3 años, una de las etapas más importante en la vida de las personas, ya que en ella se define, en gran medida, las bases de su desarrollo posterior cognitivo, social y afectivo.

La realidad en los territorios no es tan distinta. Los sectores populares prioritariamente, están en las comunas donde los municipios son “pobres”. La inversión por persona, dista mucho entre La Pintana y las Condes. Esto implica que los niños y niñas, no tienen lugares adecuados para jugar, los “servicios que se ofrecen, muchos están centrados en la OPD (Oficina de protección de Derechos), que en su mayoría está completamente sobrepasada de “casos”. Por lo tanto, la promoción de derechos, el desarrollo de capacidades, el fortalecimiento de las comunidades para ser corresponsables de la promoción y protección de derechos, está lejano a ello y queda a las “posibilidades de cada familia” y de las organizaciones sociales.

La demanda del despertar de Chile, es que en la Nueva Constitución, la Niñez y los y las adolescentes sean reconocidos como sujetos de derechos. Eso implica ser reconocido como persona y que tienen actoría social y política, por lo tanto, participen en todo lo que les afecta y de lo que son parte.

Para ello, se requiere trabajar en un cambio cultural, para que esta sociedad adultocéntrica, ponga en juego “su poder de control social sobre la niñez y adolescencia” y que “el poder”, sea un ejercicio de aprendizaje en proceso, para que los niños, niñas y adolescencia tengan aportes vinculantes y que se les reconozca en todas las instancias en las que conviven: la escuela, sus familias, el barrio, la comuna y el país.

Por lo tanto, los procesos urgentes, más allá de la pandemia, están en que en el AHORA, debiera de haber las condiciones para el desarrollo de las potencialidades de la niñez y adolescencia. De esta manera, será posible que la democracia tenga aportes de estos niños y niñas que van creciendo y que son parte en su cotidianidad del crecimiento en su SER, y en convivencia con otros y otras.

Para ello, es fundamental, una Ley de protección Integral de derechos de niños y niñas y adolescentes, AHORA.

Una Nueva Constitución que contemple el reconocimiento explícito de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos sociales, políticos y culturales.

Un cambio cultural en nuestra sociedad adultocéntrica que reconozca a la Niñez y Adolescencia en una participación vinculante, intergeneracional, como aprendizaje y acción para la democracia.

Una Sociedad civil organizada que trabaja con la Niñez y Adolescencia, empoderada y que logra transversalizar a la niñez y adolescencia en los temas fundamentales de la vida como son una transformación hacia el Buen Vivir, el cambio climático, el agua como bien común, el movimiento feminista y otros.

[1] DAVID ORDENES, Coordinador de la Corporación La Caleta (lacaletacorporacion@gmail.com); Facilitador del Movimiento MOVILIZANDONOS por una Cultura de Derechos de la Niñez y Adolescencia en Chile. (www.movilizandonos. wordpress.com

[2] La Corporación La Caleta tiene 35 años de trabajo con niñez, adolescencia y juventud en sectores populares. Facebook: la caleta ong.

[3] Fuente CASEN 2017.

[4] Fuente CASEN 2017.

[5] Fuente: SENAME enero-octubre 2019.

Revuelta social en Chile

(O las grandes alamedas de la disidencia sexual)

Por Víctor Hugo Robles, periodista y activista de la diversidad sexual @elchedelosgays  (abril, 2020)

“No son 30 pesos, son 30 años”, exclamaban los jóvenes estudiantes de Chile, animando decididas protestas, extendiendo y profundizando así las motivaciones de la histórica revuelta social o lo que la prensa nacional denominó como “estadillo social”. Tenían mucha razón. Porque –inicialmente- pareció ser una protesta juvenil más cuando a mediados de octubre de 2019, convocaron a evadir masivamente el Metro de Santiago, uno de los medios de transporte más modernos de América Latina, pero a su vez el más caro y desigual. Pareció, insisto, (a)pareció y desapareció, porque esta explosión social, rebelión popular de masas, movimiento social que no se detiene pese a la crisis sanitaria que obliga al distanciamiento social, representó la acumulación de una rabia contenida y sostenida, una rabia desatada y generada por “injusticias de siglos”, como canta Violeta Parra, un descontento colectivo que suma más de 30 años de historia social, política e institucional en Chile. No son 30 pesos, son mucho más que 30 años.

Hablo de la acumulación de injusticias provocadas por un pacto económico, político, cívico–militar, que se firmó en 1988 cuando decidimos –voto mediante- poner fin a la dictadura pinochetista. Ese acto electoral, celebrado ingenuamente en su momento por muchos y publicitado por la privilegiada élite cultural a través de la premiada película NO, implicó la profundización de un sistema económico neoliberal de dominación capitalista que gozó por muchos años, de aparente buena salud. Un sistema, al que la revuelta social le prendió fuego exorcizando -simbólicamente- justas e históricas querellas.

Mientras los principales diarios nacionales y agencias internacionales de noticias informaban de las crecientes movilizaciones populares en un Chile que cuestionaba el mesiánico liderazgo de Sebastián Piñera, el empresario-presidente declaró la guerra al pueblo, llamando días después a la paz y la unidad nacional. Entretanto, las fuerzas políticas del Congreso Nacional, buscando una “salida a la crisis”, apostaron por un acuerdo nacional que hiciera posible una “nueva Constitución” para Chile. Este acuerdo, firmado de madrugada, a espaldas del pueblo movilizado, se calculó en medio de un criminal e infame escenario represivo denunciado por las más importantes organizaciones de Derechos Humanos de todo el mundo, destacando en nuestro país, a la Comisión Chilena de Derechos Humanos.

¿Qué movilizó el descontento popular? El hastío, la rabia y la desconfianza. Una movilización que representó –todavía lo representa- el fin del asombro, el colofón del abuso del sistema neoliberal que ha implicado pobreza y una vida (sobrevida) dolorosa, endeudada e incierta, producto de insufribles desigualdades y permanente sabotaje a todas las empresas públicas; la venta de la tierra, del agua, del mar, ese extenso mar que tranquilo ya no nos baña. La venta de una dignidad que no se transa en el mercado, la dignidad del pueblo movilizado. Ese mismo pueblo que rompió los candados de la opresión para gritar a todo rebelde pulmón: “Chile despertó, despertó, despertó, Chile despertó”.

El amanecer de Chile fue hermoso, pero doloroso. La respuesta represiva del gobierno piñerista ha sido la reedición de la pesadilla, la memoria criminal de la dictadura militar de Augusto Pinochet, ejecutando –otra vez- las peores prácticas de la represión policial de otros tiempos que creíamos superados, violando sistemáticamente los Derechos Humanos.

Los disparos policíacos, a los ojos de la ciudadanía movilizada, dejó cientos de ciudadanos tuertos o ciegos, crímenes encarnados en Gustavo Gatica y Fabiola Campillay, expresó el nulo respeto a los ciudadanos y ciudadanas de parte de un Estado Policial indolente e inhumano que no ve, que no escucha, que no siente el clamor popular. Ellos son los ojos que no ven y el corazón que no palpita. Junto a esta dramática realidad, debemos unir a los cientos de miles de jóvenes presos políticos, injustamente encarcelados por participar de la protesta social.

En Chile no existe democracia plena. En Chile se vive la dictadura del neoliberalismo, defendido a sangre y fuego por un Estado Policial que realiza llamados al orden social y político. Un llamado al orden que se contrapone a la fuerza colectiva de la sociedad civil que no reconoce esta ordenada institucionalidad represiva. Una ciudadanía múltiple y sexo diversa que resiste el cerco político – comunicacional y que rechaza el llamado a un “nuevo pacto social”.

Las diversidades sexuales, lo decimos en todos los tonos, todas las lenguas y todos los idiomas. Lo expresamos en Chile y en el mundo entero. En Chile no existirá un nuevo pacto social sino se incorporan las voces de todas las diversidades, las voces de los más desprotegidos, los más necesitados, los más olvidados, el pueblo pobre, el pueblo que no participa en debates de TV, ni mucho menos participa de los diálogos en el Palacio de Gobierno.

Mucho antes de la revuelta social, Chile se publicitaba como un ejemplo mundial, un modelo de país, exitoso y estable, democrático y tranquilo. Esa tranquilidad, ese modelo de exportación no tradicional, se derribó al ritmo de las incendiarias manifestaciones populares que visibilizaron una profunda grieta, una herida en carne viva, una herida que duele.

¿Y por qué se lucha? ¿Por qué debemos mantenernos en pie? Se lucha por transformar un sistema que ha sido abusivo e injusto con muchos y muchas, incluyendo a las diversidades sexuales e identidades de género, particularmente las disidencias sexuales más vulnerables; homosexuales, lesbianas y trans pobres, que no han tenido posibilidades de educación, trabajo y desarrollo digno.

Nosotros, nosotras y nosotres, las disidencias sexuales, somos parte de este pueblo movilizado y hemos agitado nuestras plumas en las protestas y barricadas. Tenemos y mantenemos justas razones para emanciparnos. Porque las disidencias sexuales pobres, las personas que vivimos (y luchamos) con VIH/SIDA, enfrentamos las consecuencias e implicancias del neoliberalismo más feroz. Somos pueblo, somos resistencia y resistiremos juntas y revueltas. Somos obreras, somos trabajadoras (muchas cesantes), somos mapuches, somos mujeres, somos abortistas, somos medioambientalistas, somos cuerpos movilizados.

Porque mientras las disidencias sexuales críticas hemos resistido participar de diálogos publicitarios impuestos por la bota político-militar, otros colectivos privilegiados de la diversidad sexual, grupos hegemónicos como el Movimiento de Liberación e Integración Homosexual Movilh y Fundación Iguales, negocian abiertamente con las autoridades neoliberales y autoritarias del Gobierno de Chile. Lo decimos sin disimulo: No somos iguales. No somos, no fuimos, ni seremos nunca iguales. Ayer, hoy y mañana defenderemos nuestro derecho a la diferencia.

Las organizaciones, los activistas de la diversidad sexual hemos organizado y participado en asambleas, cabildos y marchas callejeras junto al pueblo emancipado. Las diversidades sexuales críticas, sumamos nuestra loca lucha político-sexual a las batallas de todo el pueblo, porque somos pueblo, pueblo movilizado, pueblo jamás igualado.

Chile se moviliza y asume sus dolores, sus fracturas provocadas por golpes y represión desatada, violaciones a las Derechos Humanos que acumulan una serie de denuncias de personas detenidas, golpeadas, desaparecidas, torturadas y abusadas, personas que demandan justicia y reparación. En ese cúmulo de denuncias, asoman los testimonios de personas de la diversidad sexual e identidades de género que han sido violentadas en sus derechos y dignidad, querellas de la comunidad LGBTI que fueron documentadas e informadas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Hoy, conmemorando 47 años de la primera protesta de la diversidad sexual en Chile, acontecida un 22 de abril de 1973, reivindicamos nuestro derecho a la diferencia sexual. Desde un Chile que resiste crisis sociales, políticas y sanitarias, levantamos nuestras memorias de lucha y resistencias históricas, recordando  al presidente Salvador Allende que en su último discurso del 11 de septiembre de 1973, anunció: “Se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir un mundo mejor”.

Junto a Víctor Jara, Gladys Marín y Pedro Lemebel, las disidencias sexuales que agitamos la revuelta social con nuestro rojo corazón, recreamos ese aguerrido e histórico augurio de Salvador Allende, señalando: “Se abrirán las grandes alamedas por donde pasen homosexuales, lesbianas y travestis libres para construir un mundo mejor”.

CHILE, OASIS Y ESPEJISMOS

Marco Consolo, Analista internacional

El 18 de octubre, cuando estalló la rebelión social en Chile, muchos en Europa fueron tomados por sorpresa. La cuna del neoliberalismo, el primer laboratorio de aplicación de las políticas neoliberales de los «Chicago boys», vivía el protagonismo de un movimiento de masas contra el modelo impuesto a sangre y fuego por la dictadura cívico-militar, gracias al golpe de estado de 1973. Un modelo que resistió incluso, después del final de la dictadura, cuando los gobiernos de la Concertación hicieron retoques y cambios cosméticos a la Constitución de Pinochet, que dejaron intacta la sustancia. Parafraseando a Tomasi di Lampedusa en «Ilgattopardo», se logró «cambiar algo para que no cambiara nada».

Y Chile despertó. ¿Pero cómo y por qué había sucedido?

En los últimos 30 años y en los 17 de la dictadura, los explotados de siempre han sufrido violencia y abusos descarados por parte de las clases dominantes. Un modelo de sociedad en el cual el Estado, es subsidiario del mercado, los salarios son una variable dependiente de las ganancias (¿por qué no aplicar la UF también a los salarios?). Un modelo, en el cual la ancestral represión contra los pueblos originarios (a partir del pueblo mapuche) ha sido “el pan de cada día”, los derechos sociales (educación, salud, alimentación, vivienda, etc.) han sido mercantilizados y distribuidos como favores, de acuerdo a la afinidad política hacia el gobierno de turno y a la «compatibilidad» con el sistema.

En Chile, también la naturaleza ha sido sometida a una explotación irracional que hoy presenta la factura. Pienso en el «código de aguas», en el saqueo forestal, en el extractivismo salvaje de los recursos primarios (el cobre, la pesca, etc.). En la división internacional del trabajo, Chile sigue siendo un exportador de materias primas, con escaso valor agregado y poca capacidad de transformación industrial.

Un país donde pocas familias comparten entre sí la mayor parte del pastel, ofrecido en bandeja de plata mayoritariamente gracias a las privatizaciones de la dictadura. De lo poco que queda, algunas rebanadas van a una hipotética «capa media» y sólo unas pocas migajas para el resto. Con el cuento neoliberal de «menos Estado, más mercado», Chile vivió con la ilusión del bienestar para 2/3 de la población, un espejismo que nunca ha sido real, acumulando una distancia cada vez mayor entre la población y los partidos políticos, entre el pueblo y las instituciones.

En Europa, parecía que el pueblo chileno estuviera en una especie de letargo, adormecido por la brutal concentración de los “latifundios mediáticos” en manos de «los de arriba», donde la mentira y la censura son la matriz dominante del «milagro chileno», del paraíso para las inversiones de las multinacionales, garantizadas por una clase dominante vende-patria asociada con ellas. Los ingredientes del «milagro» han sido relativamente simples: enormes ganancias para unos pocos, salarios y pensiones de hambre para la mayoría, 70% de la población endeudada, pocos o inexistentes derechos sindicales, represión masiva para quienes disienten, ejercida por gobiernos de centro-izquierda y de centro-derecha.

La imagen del oasis del que se jactó el presidente Piñera era el resultado de un espejismo…
La rebelión social no ocurrió por casualidad, ni de la noche a la mañana. Viceversa, es el producto de una acumulación de muchos años de descontento, aunque fragmentado en muchos conflictos, a menudo no articulados entre sí.

Un papel clave ha tenido la lucha constante y heroica en contra de la impunidad de los responsables de la violación de los DDHH en dictadura. En cuanto a los últimos años, desde 2006 el «movimiento de los pingüinos» rompió la jaula del miedo, luchando por una educación pública, gratuita y de calidad. Recuerdo la movilización ambiental (HidroAysén y la crisis climática), la lucha sindical por la renovación de muchos convenios y por el salario mínimo, el movimiento NO + AFP y el clamor por la «asamblea constituyente», el nuevo movimiento estudiantil que logró despertar simpatía y apoyo de una gran parte de la sociedad, el movimiento de los pobladores con su demanda de un hábitat y una vivienda digna, las importantes huelgas en la logística (puertos). Y la incursión en la escena política del movimiento de mujeres, el más grande en los últimos años, no sólo en Chile, sino en todo el mundo.

Paralelamente, los escándalos de colusión entre muchos poderes económicos (Arauco, farmacias), la compra de parlamentarios de parte de grandes empresas (Ley de pesca, etc.), la corrupción que involucra a los militares (milico-gate, paco-gate), los múltiples casos de pedofilia en la Iglesia Católica. Episodios que cuestionaron profundamente la institucionalidad y el ilusionismo de las clases dominantes.
Como en el cuento del danés Hans Christian Andersen, el rey está desnudo. De repente, el oasis chileno se quedó sin agua y el milagro chileno apareció a todos como era: un puro espejismo.

El 18 de octubre, Chile se despertó del letargo. En las grandes alamedas, el pueblo marchó valientemente, sin miedo, ganándose el respeto y la atención del mundo. El gobierno, ciego y sordo, ha optado por ignorar las demandas ciudadanas. En primer lugar, una verdadera asamblea constituyente para darle la palabra al pueblo, el poder constituyente originario, para renovar radicalmente el pacto de convivencia entre los ciudadanos y el estado. El ejecutivo arrojó gasolina al fuego, y desató una represión brutal, con un balance dramático de muertos y heridos, lesiones oculares masivas, violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos. Crímenes que aún permanecen impunes.

Por su parte, el parlamento ha sido incapaz de legislar para cambiar la profunda desigualdad social, y ha tratado de diluir lo más posible el contenido y los plazos para el plebiscito sobre el cambio constitucional. Y el COVID-19 ha infectado el cronograma electoral.

Visto desde la Europa de la izquierda política y de los movimientos sociales, hay diferentes preguntas. ¿Habrá la capacidad de superar la fragmentación sectorial (típica de los movimientos de masas diversos y transversales)? ¿Las diferentes almas del movimiento sabrán construir una dirección político-social colectiva (ojo, dirección política, no significa partidista), para converger en una plataforma común y dar una salida eficaz a la protesta?

¿El movimiento logrará romper la espiral de militarización y represión, cuidando el carácter masivo de la protesta?

¿Quién pagará los costos de la crisis económica y social ya presente y agravada por la pandemia?

Son preguntas aún sin respuestas.

Pero, ¡Que las clases dominantes no se ilusionen! Todo está guardado en la memoria y, muy a pesar de la pandemia, los ojos del mundo continúan enfocándose en Chile.