Por: El Desconcierto
Casa Común, Corporación Humanas, Abofem, la Comisión Chilena de DD.HH y Opción, son algunas de las organizaciones que se unieron luego que el Estado pasara por alto las recomendaciones del informe emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 2019, particularmente lo relativo al cese de la represión en manifestaciones y protestas.
Frente a las violaciones de Derechos Humanos en Chile constatadas por la Comisión Interamericana y diferentes entidades internacionales, diversas organizaciones pidieron una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Entre ellas, se encuentra Casa Común, Corporación Humanas, Abofem, la Comisión Chilena de DD.HH y Opción, junto a otras agrupaciones adherentes que han expresado que es necesario que se revise esta situación en el país y se haga un seguimiento de las recomendaciones realizadas.
Lorena Fries, de Corporación Humanas, sostuvo que “a pesar de los informes internacionales con recomendaciones que se dirigieron al Estado, estos han tenido muy poco avance y es peor: lo que hemos visto es que se ha mantenido y sostenido en el tiempo estas violaciones a los derechos humanos”.
Por su parte, Fernando Atria, de Casa Común, explicó que “el seguimiento de las recomendaciones hechas por la propia CIDH en 2019, junto a los sucesos posteriores hasta hoy muestran la mantención de una policía que no respeta los derechos de manifestantes y un gobierno permisivo con su actuar; procesos prolongados a presos de la rebelión social con privación de libertad y escasas pruebas; detenciones y presiones a periodistas y medios de comunicación”.
Además, desde Abofem, señalaron que “firmamos la solicitud de audiencia realizada, toda vez que la situación de derechos humanos en Chile y en particular, la situación de las mujeres y los casos de violencia y abuso sexuales cometidos por agentes del Estado ha sido crítica en el contexto de manifestaciones sociales a causa del estallido social”.
Para completar, desde Opción indicaron que “durante los primeros meses de este año se han cerrado más de 3000 causas, sin investigar; se ha disminuido dramáticamente el presupuesto para reparación y la policía vuelve a provocar daños oculares”.
Cerrando esta solicitud, Carlos Margotta, de la Comisión Chilena de DD.HH., recordó que “el pasado 18 de octubre, en el marco de la conmemoración del primer año del estallido social, un joven poblador, Aníbal Villarroel, fue asesinado por Carabineros que le dispararon mientras ejercía su legítimo derecho a la manifestación”.
Fuente: El Desconcierto