42 Aniversario

Buenas tardes, estimados amigos y estimadas amigas:

Agradecemos que nos acompañen en este día tan especial, en el que recordamos que hace 42 años, en medio de una etapa trágica y oscura de nuestra historia reciente, se fundara la Comisión Chilena de Derechos Humanos.

Agradecemos a las organizaciones e instituciones amigas, que con su asistencia expresan su voluntad de seguir caminando juntos, bregando por un Chile más justo e inclusivo.

Hoy, nuestra Institución recuerda un año más de existencia en medio de la mayor crisis de derechos humanos que haya sufrido nuestro país, desde el inicio de la transición, hace ya 30 años. Y lo hacemos desde el dolor y el sufrimiento así como con un sentimiento de moderado optimismo.

En efecto, la revuelta social, que movilizó a millones de chilenos y chilenas, que coparon las calles de nuestras ciudades y poblados a lo largo y ancho del territorio nacional, exigiendo la superación del modelo político, social, económico y cultural que nos impusieron por la fuerza durante la dictadura cívico militar, que niega derechos humanos básicos, como el derecho a la salud, la educación, la seguridad social y la remuneración justa y la vivienda digna, entre otros, tuvo como respuesta del Gobierno, la aplicación de una política de violación masiva, grave y sistemática de los derechos humanos, que trajo consigo muertes, torturas, torturas sexuales, mutilaciones, trauma ocular y prisión política.

Son miles las víctimas de esta política, las que tienen nombre y rostro, las que en un número importante, vieron truncados sus proyectos de vidas. Política represiva que continúa hasta el día de hoy, con nuevos patrones represivos como el uso de elementos químicos por parte Carabineros, totalmente nocivos para la salud, y que pueden incluso causar la muerte según el ISP, cuya utilización se aleja completamente de los protocolos del uso de la fuerza aceptados internacionalmente, y que el Gobierno chileno sigue incumpliendo, tal como lo ha expresado públicamente el representante Regional del ACNUDH, Jan Jarab. Ello nos obligó a denunciar esos métodos represivos a Contraloría General de la República, para que realice la debida investigación dentro del ámbito de sus facultades y atribuciones.

Por tal razón, nuestra Institución tuvo que enfrentar nuevamente, la necesaria tarea de defender a las víctimas de las violaciones de derechos humanos, exigiendo Verdad y Justicia a través de la interposición de 48 querellas, de las cuales en 30 de ellas, hemos invocado la Ley 20.357, que tipifica y sanciona los crímenes contra la Humanidad, por lo que las acciones penales se dirigieron en contra del Presidente de la República, el Ministro del Interior, el Director General de Carabineros, y los autores materiales de los ilícitos, según lo establece el artículo 35 del mencionado cuerpo legal.

La represión continúa y las víctimas siguen aumentando. Sin ir más lejos, ayer Viernes 11 de diciembre, se produjo una nueva víctima producto del accionar policial. Felipe Avila Conejero, un chileno de 30 años que se encontraba registrando imágenes de la violenta represión policial desatada en contra de los manifestantes, se sumó a la larga lista de víctimas de trauma ocular, que ya ascienden a 462 chilenos y chilenas. Aprovecho la ocasión para anunciar, que nos querellaremos para perseguir la responsabilidad penal de todos los responsables, desde las máximas autoridades políticas hasta el carabinero al que se autorizó disparar.

Al mismo tiempo, la Comisión ha reivindicado el derecho a la legítima protesta social de los manifestantes, exigido del Gobierno el cese de la represión y ha promovido un nuevo proyecto de sociedad que respete y garantice los derechos humanos, el que el pueblo chileno debe definir, a través del legítimo ejercicio del derecho de libre determinación, tal como lo establece el artículo 1° homónimo, de ambos Pactos complementarios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para así recuperar definitivamente la soberanía popular arrebatada un día 11 de septiembre de 1973, elaborando entre todos y todas, una Nueva Constitución.

Hoy, cuando la historia se repite y nuevamente los detentadores del poder político, económico y social, utilizan la fuerza de la represión para frenar las legítimas exigencias de cambio social, tenemos el deber de recordar el grave incumplimiento por parte del Estado de Chile de las obligaciones internacionales de derechos humanos que se exigen a los Estados post dictatoriales por parte de la comunidad internacional y sus organismos especializados.

En efecto, la mantención de la vigencia de la Constitución de 1980 hasta el día de hoy, que normativizó un modelo de sociedad excluyente, discriminadora e injusta, que privatizó los derechos sociales provocando una grosera desigualdad y una inmoral concentración de la riqueza, impidió remover los cimientos de la dictadura que posibilitaran una transición real a la democracia. En efecto, dos garantías de no repetición exigidas para alcanzar el Nunca Más, como lo son la necesaria reestructuración de las FFAA y de Orden y del Poder Judicial, no fueron implementadas por los diferentes gobiernos post dictatoriales.

Y hoy, esa falta de voluntad política la están pagando los miles de chilenos y chilenas víctimas de la represión por ejercer el legítimo derecho a manifestarse.

En efecto, las Fuerzas Armadas y Carabineros siguen al servicio de quienes detentan el poder político y económico, las que son utilizadas para defender el statu quo, resguardando los mezquinos intereses de unos pocos, en desmedro de las grandes mayorías nacionales.

Los Tribunales a su vez, siguen teniendo una actitud complaciente con el poder, con un comportamiento asimétrico cuando se trata de juzgar a los violadores de los derechos humanos y cuando se persigue y castiga a los manifestantes con la aplicación indiscriminada de la prisión preventiva. Las frías cifras así lo demuestran. En efecto, según el Ministerio Público, hay 678 presos políticos. Y de los 466 agentes estatales investigados por violaciones a los derechos humanos, sólo 72 se encuentran formalizados y de ellos, sólo 19 están sujetos a alguna medida cautelar.

Nuestra Institución, ha tratado de cumplir con su mandato institucional, a pesar de sus serias limitaciones y restricciones, por carecer del debido financiamiento; sin embargo, hemos contado con el destacable compromiso de un puñado de chilenos y chilenas que, motivados por la profunda convicción de la necesidad de defender los derechos humanos en nuestro país, nos han colaborado desinteresadamente en el cumplimiento de nuestros objetivos institucionales.

Nuestro equipo jurídico, no sólo ha interpuesto 48 querellas ante los tribunales nacionales, 30 de las cuales para perseguir la responsabilidad por los crímenes contra la Humanidad cometidos durante este último año, sino que además, ha recurrido al sistema de protección internacional de los derechos humanos, tanto a nivel regional como universal, esto es, a la Comisión Interamericana de DDHH como al ACNUDH y a las Relatorías Especiales de Naciones Unidas.

Pero también, y con el objeto de resguardar debidamente el derecho humano a la salud y la vida de to@s l@s habitantes de nuestro territorio, no sólo ha recurrido ante los órganos especializados de Naciones Unidas para denunciar la negligente y errática estrategia sanitaria implementada por las autoridades sanitarias, que ha ocasionado la muerte de más de 20.000 personas, sino además, ha interpuesto acciones penales para perseguir la responsabilidad de las autoridades en la muerte de trabajadores de la salud producidas en el cumplimiento de su deber, y también, las querellas se han interpuesto para perseguir la responsabilidad por la comisión de delitos de corrupción asociados a la fallida estrategia sanitaria.

Respecto de los presos políticos, no sólo hemos asumido la defensa judicial de un número significativo de ellos, sino también hemos promovido una propuesta de Ley de Indulto General que permita la libertad de todos los y las presas políticas, sin distinción alguna, tengan la calidad de condenados como no condenados, se encuentren en prisión preventiva ó en arresto domiciliario total ó parcial, y que también beneficie a aquellos que se encuentren en libertad provisional esperando un juicio y/o una eventual condena.

Afortunadamente, nuestra propuesta fue acogida mayoritariamente por las distintas agrupaciones de familiares de presos políticos, por las demás organizaciones de derechos humanos y por un significativo número de partidos políticos y parlamentarios, todo lo cual se ha traducido en que, en la víspera del Día Internacional de los Derechos Humanos, cinco senador@s ingresaron un Proyecto de Ley de Indulto General al Senado, para su debida tramitación legislativa.

A aquellos que han rechazado el mencionado Proyecto de Ley arguyendo que deben ser los Tribunales los que deben resolver estas situaciones, les recordamos que ese sería un argumento atendible si las obligaciones internacionales de derechos humanos hubieran sido cumplidas por los diversos gobiernos postdictatoriales, que permitieran contar hoy, con Tribunales con fuerte adscripción al respeto de los derechos humanos. El reciente fallo de la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que absolvió a 61 criminales de lesa humanidad, nos recuerda que todavía hay dentro de los Tribunales Superiores de Justicia, Ministros que dictan sentencias con un evidente desprecio de la normativa internacional de derechos humanos que se encuentran obligados a aplicar, según el claro mandato establecido en el inciso segundo del artículo 5 de la Constitución vigente.

Tampoco parece razonable que los parlamentarios presten atención a las opiniones emitidas por representantes de cuestionables ONGs internacionales de dudosa credibilidad e independencia.

Estimados amigos y estimadas amigas:

Nuestra labor de defensa de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos también se ha expresado en la abnegada labor que cumplen nuestros Defensores de Derechos Humanos que integran nuestros Comités de Derechos Humanos territoriales, tanto a nivel metropolitano como a nivel regional, los que, arriesgando incluso su integridad física y libertad personal, cumplen con la importante función de asistir a las víctimas de la represión y a sus familiares, a la vez que contribuyen decididamente, en la inestimable tarea de promoción de los derechos humanos al interior de sus comunidades. Vaya para ellos y ellas nuestro genuino reconocimiento institucional.

Pero decíamos que no sólo dolor y sufrimiento habían marcado el año que está terminando. También, un sentimiento de moderado optimismo, producto del proceso constituyente en curso, que se inició gracias a las luchas y grandes movilizaciones desarrolladas por el pueblo chileno durante semanas, en las que se exigió una Nueva Constitución que consagrara un sistema democrático verdadero fundado en el respeto y garantía de los derechos humanos. Nuestra Institución espera que, pese a los intentos de limitar y restringir el pleno ejercicio de la soberanía popular, el proceso constituyente culmine con un nuevo texto constitucional que sea el reflejo de los anhelos mayoritarios de la ciudadanía, única manera que tenga la legitimidad social y política necesaria capaz de garantizar la paz social.

En consecuencia, insistiremos en que los elegidos para integrar la Convención Constitucional deben tener presente, que los derechos humanos son el marco referencial obligatorio que no pueden ni deben soslayar, atendidas las claras obligaciones derivadas de la normativa internacional de los Derechos Humanos.

Ello importa, que ninguna norma del nuevo texto constitucional, puede contravenir lo dispuesto en los tratados internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por Chile, ni en las demás fuentes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, so pena de incurrir en responsabilidad internacional.

Para contribuir a que ese propósito se cumpla, estamos elaborando un documento con la debida fundamentación, el que pondremos a disposición de la ciudadanía a objeto que demanden de los candidatos y potenciales integrantes de la Convención Constitucional, el cumplimiento de estas obligaciones internacionales de derechos humanos.

El cumplimiento de estas obligaciones por parte de los redactores de la Nueva Constitución, tendrá un efecto concreto en el debido respeto y garantía de los derechos humanos de todos los habitantes de nuestro territorio.

En efecto, ello supone que debe garantizarse el derecho humano al acceso al agua, consagrándola como bien nacional de uso público y terminando con la figura del derecho de aprovechamiento de aguas, que ha sido el subterfugio elegido para privatizar este bien escaso, lo que ha significado no sólo contrariar la normativa sobre derechos humanos, sino además, el que más de 200.000 familias en Chile no tengan acceso al agua potable.

También supone establecer un verdadero sistema de seguridad social y terminar con la administración de las cotizaciones previsionales de los trabajadores por parte de quienes sólo las usan para consolidar el actual modelo de concentración de la riqueza y grosera desigualdad.

Supone también escribir el texto constitucional con perspectiva de género, instituir a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de Derecho, consagrar la igualdad ante la Ley de las comunidades migrantes, el término de la discriminación a las comunidades de la diversidad sexual, junto con garantizar derechos sociales básicos, como la educación, la salud, la vivienda digna y el derecho a un trabajo decente.

Respecto de los pueblos originarios, no bastará su reconocimiento constitucional, es necesario que se declare a Chile como Estado Plurinacional.

El nuevo texto constitucional debe a la vez, sentar las bases de nuevas Fuerzas Armadas y de Orden comprometidas no sólo con los derechos humanos sino con el proyecto de desarrollo que el pueblo de Chile soberanamente ha elegido, desterrando la Doctrina de Seguridad Nacional en la formación de las futuras generaciones de oficiales al interior de las instituciones castrenses.

Del mismo modo, respecto del Poder Judicial, debe consagrarse su deber de administrar Justicia con estricto apego al Derecho Internacional de Derechos Humanos, al mismo tiempo que debe terminarse con su autogeneración, dando paso a un Consejo Nacional de la Magistratura que tenga facultades en la composición e integración de los integrantes de los Tribunales Superiores de Justicia, tal como lo propuso el Grupo de los 24, en la década de los 80.

Mención aparte merece la necesidad de consagrar la libertad de expresión en la Nueva Constitución, que garantice el pluralismo informativo, y termine con la concentración de la propiedad privada de los medios de comunicación, tal como lo consignó el Relator sobre Libertad de Expresión del sistema interamericano, Edison Lanza, en su Informe sobre Chile, elaborado el año 2016.

A su vez, el derecho a la Cultura debe ser debidamente garantizado, razón por la cual nuestra Institución, propondrá un texto para el debate constituyente, el que está siendo elaborado con la colaboración del poeta y escritor Raúl Zurita, el dramaturgo Ramón Griffero, Nivia Palma, ex Directora de la DIBAM y nuestras Directoras, Liliana García y Aline Kuppenheim.

Como Comisión Chilena de Derechos Humanos, creemos necesario además, que el nuevo texto constitucional debe establecer las bases de una democracia participativa, a través de mecanismos como los plebiscitos y consultas, la iniciativa popular de ley y el referéndum de revocación de mandato. Todo ello con la finalidad de devolverle la legitimidad al sistema político y sus instituciones y hacer que la ciudadanía no sólo crea, sino que sea partícipe de las decisiones que les atañe y se cumpla aquel mandato que la ley es una declaración de la voluntad soberana y que el representante elegido es un mandatario de su mandante, el pueblo de Chile.

Por último, estamos convencidos que se requiere fortalecer la actual institucionalidad de derechos humanos, y el texto constitucional debe sentar las bases de un marco legal del INDH, el que debe contemplar una nueva forma de integración y composición de su Consejo, terminando de una vez por todas con la sobrerrepresentación de los integrantes de los poderes del Estado y una minoritaria representación de la sociedad civil, todo ello generado por un sistema de elección binominalizado.

Asimismo, promovemos la creación del Defensor del Pueblo, una institución propia de las sociedades civilizadas, que contribuiría a una mejor y mayor protección de los derechos de los ciudadanos frente al accionar abusivo del Estado.

Estimados amigos y estimadas amigas:

Junto con recordar a los colaboradores que ya partieron, en las personas de Sylvia Pinilla y José Ormeño, declaramos ante ustedes que seguiremos tratando de cumplir con nuestro mandato institucional, e intentando ser fiel a los que nos enseñó uno de nuestros fundadores, Jaime Castillo Velasco, quien nos decía que la Comisión Chilena de Derechos Humanos debía ser el tábano de la sociedad y que los derechos humanos serían respetados cuando unidos los exigiéramos. Para tal efecto, seguiremos profundizando nuestras relaciones institucionales con las diversas organizaciones representativas del mundo social, seguiremos en contacto y coordinados con los chilenos en el exterior, y promoveremos la unidad social y política en torno a la bandera común de los derechos humanos.

Lo seguiremos haciendo, aunque en ese empeño, nos acarree costos personales e institucionales, como lo han sido los cuatro ataques a nuestra Sede, sufridos en los últimos 10 meses, en los que no sólo sustrajeron nuestros elementos de trabajo, sino destruyeron nuestro mobiliario.

Lo seguiremos haciendo porque no hay mejor forma de honrar a las víctimas y a la confianza depositada en nosotros, que seguir exigiendo justicia en los crímenes contra la Humanidad cometidos ayer y hoy, junto con seguir exigiendo la verdad de lo ocurrido con nuestros detenidos y detenidas desaparecidas, así como la libertad de todos los presos políticos. Y por cierto, reafirmamos nuestro compromiso irreductible, de seguir bregando junto a ustedes, por una democracia real y profunda, aquella fundada en el pleno respeto y garantía de los derechos humanos, única posibilidad de realizar plenamente la dignidad humana.

Muchas gracias

Santiago, 12 de Diciembre de 2020.-