Proteger el patrimonio cultural es una obligación del Estado, no un gasto opcional

El patrimonio cultural, sitios históricos, tradiciones, memoria colectiva, patrimonio arqueológico e indígena, no es solo parte de nuestra identidad, es un derecho humano reconocido internacionalmente.

La Convención para la Protección del Patrimonio Mundial de la UNESCO y el artículo 15 del PIDESC establecen la obligación de los Estados de proteger y garantizar el acceso al patrimonio cultural, tanto para las generaciones presentes como para las futuras.

¿Por qué está hoy en el debate? El recorte de $51.750 millones al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en 2026, equivalente al 9,8% de su presupuesto y uno de los mayores del sector público, ha generado una alerta sin precedentes: compromete directamente el funcionamiento y la operatividad de al menos 70 sitios de memoria declarados Monumento Nacional. Entre los afectados se encuentran el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, el Consejo de Monumentos Nacionales y fondos concursables de patrimonio cultural. Más de cien organizaciones culturales, artísticas y patrimoniales de todo el país denunciaron una «grave crisis» en el sector.

Proteger el patrimonio no significa solo conservar edificios: significa resguardar la memoria histórica y el derecho de las futuras generaciones a conocer y valorar su historia.

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_{Comunicaciones CCHDH – 23 de agosto, 2026}