Denuncian ante la CIDH desmantelamiento de los DD.HH y debilitamiento políticas públicas
Más de 80 organizaciones de derechos humanos, agrupaciones de familiares de víctimas y sitios de memoria hemos solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que requiera al Estado de Chile información sobre el grave desmantelamiento de instituciones de derechos humanos, memoria y reparación en Chile, con base en el Artículo 41 de la CADH.
Asimismo, se informa a la CIDH acerca de anuncios y lineamientos estatales que podrían alterar de manera sustantiva la continuidad de políticas públicas construidas durante décadas para garantizar verdad, justicia, igualdad y reparación.
La urgencia de la solicitud radica en que muchas de estas decisiones producirán efectos inmediatos o difícilmente reversibles, afectando capacidades estatales técnicas, continuidad de programas, acceso de víctimas a mecanismos de protección y preservación de políticas esenciales en materia de justicia transicional.
PRESENTACIÓN DE SOLICITUD ANTE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS POR EL DESMANTELAMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO Y DEBILITAMIENTO DE POLITICAS PÚBLICAS
-La Red de Observadoras en Justicia y Memoria, junto a 82 organizaciones de derechos humanos, agrupaciones de familiares de víctimas y sitios de memoria, ponemos en conocimiento de la opinión pública que hemos presentado una solicitud formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), requiriendo que dicho organismo solicite información al Estado de Chile conforme al artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Esta acción responde a la profunda preocupación de la sociedad civil frente al acelerado desmantelamiento de la institucionalidad de derechos humanos, memoria y justicia en Chile.
Hemos puesto en conocimiento de la CIDH un conjunto de graves medidas administrativas adoptadas por el Gobierno de Chile que vulneran derechos fundamentales, entre ellas:
El desmantelamiento y eliminación de unidades especializadas en derechos humanos dentro del Estado.
Recortes presupuestarios que amenazan la continuidad del Programa de Derechos Humanos, el PRAIS y más de 140 programas sociales.
La aplicación de “indultos pasivos”, mediante la omisión deliberada de la actuación judicial estatal, lo que facilita escenarios de impunidad para condenados por crímenes de lesa humanidad.
El debilitamiento de las políticas de memoria, incluyendo la paralización de iniciativas en sitios como Colonia Dignidad.
Advertimos que estas decisiones constituyen un grave retroceso y pueden comprometer seriamente las obligaciones internacionales del Estado de Chile, afectando el acceso a la justicia, el derecho a la verdad y las garantías de no repetición.
Esta acción, de una amplitud de convocatoria inédita, da cuenta de una preocupación transversal y urgente, frente a medidas que amenazan con desmantelar políticas públicas construidas durante décadas.
Esperamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pueda, a través del requerimiento de información solicitado, verificar si estas medidas se ajustan a la normativa internacional vigente y a los estándares interamericanos en materia de derechos humanos, en particular en lo relativo a las obligaciones de garantía, no regresividad y justicia frente a graves violaciones-.
Comunicado Público. Red de Observadoras en Justicia y Memoria.
28 de abril, 2026 – fotografía Archivos Fortín Mapocho. Biblioteca Nacional.