CCHDH exige: Continuidad del Plan Nacional de Búsqueda y cumplimiento de obligaciones del Estado en Derechos Humanos.
Con fecha 31 de marzo de 2026, la Subsecretaría de Derechos Humanos informó de “ajustes en parte de su equipo directivo”, en el marco de sus atribuciones, que corresponden a tres cargos estratégicos y de exclusiva confianza, dentro de los 61 profesionales que integran el Programa Derechos Humanos. Señala también que la nueva jefatura asumirá sus funciones el 1° de abril y reafirma la importancia y continuidad del Plan Nacional de Búsqueda, así como la necesidad de seguir avanzando en la promoción y protección de los derechos humanos de todas las personas.
Las funcionarias cesadas en sus funciones en el Programa de Derechos Humanos —órgano ejecutor del Plan Nacional de Búsqueda— fueron las abogadas Paulina Zamorano Valenzuela, jefa del Programa; Magdalena Garcés Fuentes, jefa del Área de Búsqueda y Trayectorias; y la socióloga Tamara Lagos Castro, jefa del Área de Archivo e Investigación Documental.
El término anticipado de las funciones de Paulina Zamorano fue dispuesto por Resolución Exenta N° 119/2026 del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat Celis, donde se expresa que la funcionaria “no cuenta con las aptitudes específicas que, en esta nueva etapa, se necesitan para implementar los nuevos lineamientos…”, añadiendo que no se ajusta al perfil del cargo en esta nueva fase y aludiendo a la especial relación de confianza que debe existir entre el Subsecretario de Derechos Humanos y la jefatura del Programa. Asimismo, Magdalena Garcés fue desvinculada por resolución ministerial y Tamara Lagos fue cesada en su cargo por el Subsecretario de Derechos Humanos.
No obstante, las funcionarias desvinculadas son profesionales destacadas, cuya trayectoria y aporte al Programa de Derechos Humanos es indesmentible, siendo sus aptitudes y perfiles plenamente acordes a los objetivos, lineamientos y contenidos del mismo.
Más allá de las facultades invocadas por la autoridad, lo relevante es el cumplimiento de las obligaciones del Estado de Chile, tanto en el ámbito del Derecho Público interno como del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, de modo que el Programa de Derechos Humanos y el Plan Nacional de Búsqueda no se vean afectados por debilitamientos en sus equipos, restricciones operativas o cambios de orientación que comprometan su continuidad.
Decimos esto también porque, en estos días, se ha anunciado la decisión de indultar a condenados por graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social, que dejó más de 3.700 víctimas, muchas de ellas con secuelas irreparables, como el trauma ocular. Tal pretensión resulta incompatible con los principios del Derecho Público, en cuanto el Estado y sus agentes están al servicio de la persona humana y tienen como finalidad promover el bien común. No es admisible que quienes deben garantizar los derechos fundamentales se vean favorecidos frente a sus propios ilícitos, especialmente cuando estos constituyen violaciones graves a los derechos humanos.
Más aún, la concreción de estas medidas contravendría las obligaciones internacionales del Estado de Chile en materia de sanción efectiva, proporcional y adecuada de estos crímenes. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara en señalar que dichas obligaciones son independientes de la tipificación interna y que las penas no pueden transformarse en mecanismos de impunidad mediante remisiones, conmutaciones o reducciones indebidas.
En la misma línea, el proyecto de ley sobre suspensión y cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad, así como el retiro desde la Contraloría General de la República del Plan Nacional de Derechos Humanos 2026-2029 —una política de Estado sostenida en el tiempo y establecida en el marco de la Ley N° 20.885—, apuntan en una dirección contraria a los compromisos internacionales asumidos por el país.
Las medidas y anuncios señalados, en su conjunto, dan cuenta de una orientación regresiva en materias que conciernen a aspectos esenciales de la construcción democrática del Estado y de la sociedad en Chile.
Frente a este escenario, exigimos:
- Garantías claras de continuidad y fortalecimiento del Plan Nacional de Búsqueda.
- Transparencia en las decisiones adoptadas respecto de los equipos encargados de su implementación.
- El pleno cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de verdad, justicia y reparación integral, asegurando además garantías efectivas de no repetición.
- El rechazo a cualquier medida que implique impunidad frente a graves violaciones de derechos humanos.
Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa irrestricta de los derechos humanos y declaramos que nos mantendremos vigilantes frente a cualquier retroceso en esta materia.
Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) – Comisión de Derechos de la Mujer.
Santiago, 2 de abril, 2026.