DECLARACIÓN PÚBLICA
Al cumplirse 6 años del denominado Estallido Social, la Comisión Chilena de Derechos Humanos desea puntualizar lo siguiente:
1° Reafirmamos la justeza y legitimidad de las profundas causas que dieron origen a la más multitudinaria expresión de descontento y rechazo al modelo político, económico, social y cultural impuesto por la fuerza por la Dictadura civil y militar, y que fuera administrado durante 30 años por los gobiernos transicionales.
En efecto, las sucesivas protestas públicas que siguieron a las del mes de octubre de 2019, fueron el grito mayoritario de los chilenos y chilenas que producto de las profundas desigualdades sociales y económicas, la concentración de la riqueza y el abuso institucionalizado, exigieron un cambio del actual modelo social y político que niega el ejercicio de derechos sociales básicos, perpetúa la desigualdad y la injusticia, a la vez que constituye un grave incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado chileno en materia de derechos humanos.
2° Lamentamos que, transcurridos 6 años de la expresión de esa exigencia masiva de cambio, las demandas permanecen aún insatisfechas. En efecto, la última Encuesta realizada en Octubre de este año por la Consultora CADEM –de clara orientación conservadora- consignó que “para el 80%, las demandas sociales no han sido resueltas y han empeorado, como el costo de la vida (89%), la delincuencia y el crimen organizado (88%), la calidad de la política (77%), la pobreza (67%) y la desigualdad (61%).”
3° Constatamos que, a pesar de los intentos de estigmatizar la protesta social por parte de los sectores poderosos, que se oponen a perder sus privilegios, la ciudadanía tiene una alta valoración del Estallido Social. En efecto, según la misma Encuesta CADEM mencionada “El estallido social sigue siendo mayoritariamente la expresión de un descontento social generalizado para el 58%, y el 57% cree que fue necesario para visibilizar los problemas del país.”
4° Junto con recordar la violenta reacción del Gobierno de Sebastián Piñera a la multitudinaria protesta social, que se tradujo en la implementación de una masiva y sistemática de violación a los derechos humanos, constitutivas de crímenes contra la Humanidad, hoy debemos lamentar que la Impunidad se ha consolidado. En efecto, según Amnistía Internacional, de los 10.142 casos o denuncias iniciados pordelitos de violencia institucional correspondiente al período de tiempo comprendido entre el día 18 de octubre de 2019 al 31 de marzo de 2020, sólo 623 se encuentran vigentes y 9.495 se encuentran terminados, con sólo 67 sentencias definitivas condenatorias.
En relación a esta impúdica Impunidad, cabe recordar lo señalado por la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite, al final de su visita oficial a Chile, en sus Observaciones Preliminares, de 9 de agosto de 2024: “El lento avance de los casos relativos al uso excesivo de la fuerza y tortura por parte de Carabineros durante el estallido social es especialmente preocupante si se compara con el rápido avance en los casos de destrucción de bienes por los mismos hechos o hechos relacionados.” A lo anterior, cabe agregar que resulta lamentable que aún no exista una Ley de Reparación para las víctimas, obligación estatal establecida en las normas internacionales sobre la materia. Entre ellas, 30 muertos en el contexto del Estallido, dos personas cegadas completamente y 464 víctimas de trauma ocular, según las propias cifras del Ministerio Público.
5° Es por ello que queremos reiterar nuestro irreductible compromiso con las víctimas y sus familiares, así como con nuestro deber irrenunciable de interpelar y exigir permanentemente al Estado y a sus respectivos Poderes, el estricto cumplimiento de sus obligaciones internacionales, so pena de incurrir en responsabilidad ante la comunidad internacional y su sistema de protección internacional de los derechos humanos.
6° Por último, reiteramos nuestro compromiso institucional de seguir bregando por un sistema democrático verdadero, en el que el respeto y garantía de los derechos humanos, especialmente los derechos sociales y económicos, sean la base del Estado Democrático y Social de Derecho que anhelamos mayoritariamente, por constituir el fundamento esencial para la plena realización de la Dignidad humana.
COMISION CHILENA DE DERECHOS HUMANOS
Santiago, 18 de Octubre de 2025.-