Declaración Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) por la desaparición de Julia Chuñil
El pasado 8 de marzo -día internacional de la mujer trabajadora- se cumplieron cuatro meses desde la “desaparición” de Julia Chuñil, quien es una dirigente indígena y defensora ambiental con 72 años, la cuál presidía desde el año 2014 la comunidad Putreguel, de la comuna de Máfil, reinvindicando el derecho y deberes propios del cuidado y defensa de las tierras ancestrales, como también, la lucha contra la deforestación.
Al respecto, su “desaparición” es sumamente sospechosa en el contexto de su labor social, más aún cuando este extraño suceso ocurre en medio de amenazas y hostigamientos durante un periodo de seis años, circunstancias que se encuentran identificadas y documentadas. Asimismo, todo dentro del marco de la disputa territorial entre el Estado, empresas forestales y algunas comunidades mapuche en lo relativo al uso y titularidad de las tierras.
Por esto, nos ha llamado la atención la nula efectividad de la búsqueda desarrollada, más aún cuando habian elementos que deberían facilitar la busqueda, tales como, el hecho de que Julia estaba acompañada de su perro -Cholito-, como también, que llevaba consigo una herramienta de trabajo cuando salió de su casa a buscar animales extraviados, que deberían dejar rastros o señales.
Inclusive, nos parece necesario recalcar la gravedad de los hechos relativos a los esfuerzos de la busqueda, pues durante los primeros días llegaron solo familiares y vecinos, para luego sumarse la policía y bomberos, pero no hubo una reacción o plan de busqueda profesionalizado en relación al contexto y circunstancias detrás de esta desaparición, pues es evidente el carácter lesivo a los bienes jurídicos y al interes publico los posibles delitos que pudieran estar detrás de los hechos a la luz de las circunstancias denunciadas. Solamente se generaría una reacción efectiva tras la intervención política de parlamentarios como ha explicado Sebastián Benfeld, presidente de Escazú ahora (Franco López, información de Agencia EFE, “100 días sin Julia Chuñil: en sus familiares persiste la esperanza de encontrarla viva”, 15 de febrero de 2025).
En dicha línea, afirmamos que no se trata aquí de un caso aislado. Recordamos aquí la muerte de Macarena Valdés, defensora ambiental mapuche, en 2016, en la Región de Los Ríos, que fue presentada publicamente como un suicidio. Si bien se descartó esta tesis inicial, a la fecha no se han esclarecido las circunstancias de su muerte. Ella y su compañero, Rubén Collío, fallecido en un accidente de tránsito el año 2022, eran conocidos por su oposición a la construcción de una central de paso en territorios pertenecientes a comunidades indígenas, a cargo de la empresa hidroeléctrica RP Global y la compañía eléctrica Saesa.
Igualmente, no olvidamos, por otra parte, a José Huenante, detenido el 3 de septiembre de 2005 en Puerto Montt, por carabineros; Hugo Arispe, detenido en enero de 2001 en la vía pública y conducido a un recinto carcelario; José Vergara, detenido en septiembre de 2015 por cuatro carabineros, a raíz de una crisis que sufrió en su hogar (padecía de esquizofrenia); Geraldo Monares, desaparecido el 28 de octubre de 2019, en Hualpén, quien fue visto por última vez, esposado, al interior de un carro policial de carabineros, en las cercanías del hogar para menores Tupahue; Jean Fedor Louis, haitiano de 36 años, visto por última vez en las calles de Quilicura en mayo de 2020, en el toque de queda bajo el control de las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad pública, todos casos que abrieron y mantienen el debate sobre la desaparición forzada en democracia. Y ello sin contar otras situaciones tampoco esclarecidas, vinculadas a “presuntas desgracias”.
En dicha línea, Julia Chuñil es la primera ecologista desaparecida desde la ratificación del Acuerdo de Escazú por el Estado de Chile. Sin embargo, tres años después de aquella ratificación no ha existido implementación cabal de dicho acuerdo como señala el presidente de la ONG Escazú Ahora, Sebastián Benfeld.
De acuerdo al segundo informe publicado el lunes 17 de marzo de 2025 por esta ONG, se registra un aumento de la violencia contra quienes protegen el medioambiente, al punto que durante 2024 se han triplicado las agresiones físicas en comparación con el año anterior, alcanzando 47 casos de vulneración de derechos que afectaron a 27 personas defensoras del medio ambiente. Al respecto, el 48,9% de los ataques registrados fueron de carácter físico y de ellos las más afectadas fueron las mujeres, acumulando el 70,2% de las agresiones. Peor aún, de los casos en que se emprendieron acciones judiciales, añade dicho informe, el 53,1% sigue en trámite y solo el 2,1% obtuvo una resolución favorable. Mientras que, el 38,2% de los casos no se iniciaron acciones judiciales, sea por desconfianza en el sistema o por la revictimización que han experimentado.
Gravisimos hechos que se ven enfrentados a la indiferencia de las instituciones, han sido las organizaciones nacionales e internacionales no gubernamentales quienes han exigido justicia y protección para los defensores ambientales. Nuestro país no es la excepción a la espiral de violencia que se viene desarrollando en América Latina. Según Escazú Ahora, cada año son asesinados más de 100 defensores ambientales en nuestra región, “la más peligrosa del mundo” para defender el medio ambiente hoy en día.
Estamos convencidos de que todas estas circunstancias son indicios claros de graves delitos perpetrados por autenticas mafias y grupos económicos nacionales y multinacionales que atropellan los Derechos Humanos más fundamentales y básicos como el derecho a la vida, la integridad física y psiquica, el debido proceso, como también, las libertades de asociación y derecho a la protesta. Todo en un contexto de amenazas e impunidad inadmisibles en un Estado de Derecho que dice reconocer la servicialidad a la persona humana y la protección de la familia.
Estos gravisimos hechos, junto con la impunidad en los casos de violaciones a Derechos Humanos y delitos de lesa humanidad perpetrados durante el estallido social -donde el Ministerio Público decidió no perseverar en 1509 de aquellas causas judiciales-, los atentados reiterados contra sitios de memoria en nuestro país, como también, el avance de la justificación del sadismo como mecanismo de hacer política, son un llamado de atención ¿Realmente queremos esto para nuestra sociedad? ¿Acaso no todas las vidas valen lo mismo? ¿Hay vidas menos humanas que otras?
El Estado chileno esta omitiendo sus deberes e incumpliendo con las normas internacionales de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en cuanto al derecho y acceso a la justicia, como también, de aquellas contenidas en el Acuerdo de Escazú, en lo relativo a la efectiva protección de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, así como a la investigación y sanción de los ataques, amenazas o intimidaciones dirigidos en su contra.
Demandamos, en consecuencia, que el gobierno, a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública se querelle y haga parte en el proceso judicial en curso, conforme a sus facultades. Pues no puede continuar esta cultura de la muerte y violencia, donde por interes económicos se ampara la impunidad en desmedro de la vida misma de las personas que solo han ejercido sus derechos y cumplido sus deberes como integrantes de una Nación Ancestral y su especial relación con todos los elementos del medio ambiente y la naturaleza.
¡Mapu taiñ kalül, Ko taiñ mollfün, Küruf taiñ neyün, Kütral taiñ püllü!
¡La tierra es nuestro cuerpo, el agua nuestra sangre, el viento nuestro aliento, el fuego nuestro espiritu!