Declaración Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) relativo a la decisión de la Cámara de Diputados y Diputadas de entregar un aporte de $0.- pesos chilenos al programa de Chile Crece Contigo
La traición de los 55 diputados a la paz social: El abandono de la niñez y la maternidad es un atropello inaceptable
La experiencia mística e irrepetible de la infancia y la adolescencia, irrepetibles temporalmente para las personas, esconde en sí el secreto más querido y odiado de todos los adultos. Es en la tierna infancia en que se abren o cierran las puertas, donde despierta la curiosidad, cuando se práctica las virtudes y regala la vida propia día a día en gestos de autenticidad que se difuminan en el devenir del tiempo. Asimismo, puede ser ahí donde se pierde a temprano despertar de la conciencia las ganas de vivir, la confianza en los desconocidos o incluso en la propia familia, puede ser la crónica de una muerte anunciada por la violencia, las carencias de afecto, la miseria económica y moral, entre otros.
Mientras que, por su parte, la maternidad y paternidad, auténticos pilares de la vida en sociedad, experiencias que sostienen la familia y amparan la formación en virtudes publicas a todas las personas, dotando de responsabilidades y conciencia para servir a los demás. Puede esconder igualmente formas de segregación, violencia y discriminación que descomponen la vida social, especialmente en atención al régimen jurídico y económico vigente que no esta sometido a la naturaleza humana y sus necesidades fundamentales; supeditando la vida familiar, la experiencia espiritual o los intereses del intelecto al consumo, el consumo a la producción y la producción al lucro.
Por ello sociedades tan antiguas como la del Antiguo Egipto garantizaba descanso a los trabajadores artesanos y vasallos para cuidar a sus esposas e hijas cuando menstruaban o protegían los puestos de trabajo cuando se tenía hijos recién nacidos e infantes hasta los 3 años. Dándoles rituales públicos de la vida espiritual a través de los Faraones y sus sacerdotes a las mujeres gestantes, a los neonatos y recién nacidos, destinando especialistas para acompañar el embarazo, el alumbramiento y los cuidados de infantes y adolescentes, según nos ha dejado la evidencia arqueología a través de las estelas de las casas del nacimiento (Mammisi) de templos como el de Isis en Philae o los registros documentos en fuentes como las de Plutarco en su obra De Iside et Osirid.
Igualmente, en nuestra vida colonial nuestros pueblos fueron testigos de las Leyes de Burgos de 1512 o las Leyes Nuevas de 1542 que consagraban prohibiciones al trabajo infantil, descansos por maternidad y paternidad, cuidado de infantes y adolescentes, garantías de alimentación, higiene y otros. Sin embargo, algo raro debe haber sucedido en Chile, puesto que en nuestro país en pleno siglo XXI, en una vida supuestamente democrática y con el mayor acceso a la información de toda la historia de la humanidad, los representantes de todos los chilenos y chilenas, los “honorables” diputados son más incultos y mohosos que la civilización del Nilo hace 5 mil años o Carlos I de España hace menos de 500 años aproximadamente.
De las pocas políticas públicas que han tenido un impacto relevante en nuestro país para combatir la pobreza, la desnutrición, los abortos clandestinos, la violencia intrafamiliar, las adicciones e índices de criminalidad entre otros, ha sido el Subsistema de Protección Integral a la Infancia “Chile Crece Contigo” mediante la Ley N° 20.379 del año 2009. Pero contra todo sentido común y lealtad al pueblo chileno, 55 integrantes de la Cámara de Diputados y Diputadas que determinaron el ultraje y oprobio de entregar un aporte de $0.- pesos chilenos para este programa en la discusión de la Ley de Presupuesto para el 2025, ignorando las obligaciones internacionales que Chile suscribe en la “Convención de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes”, la “Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer” y el “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, entre otros.
Asimismo, ignorando que en nuestra Nación se ha establecido como obligación de todo órgano del Estado, dentro de sus competencias, usar hasta el máximo de sus recursos para la realización y satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, especialmente, la de los niños, niñas y adolescentes como indica el inciso tercero del artículo 25 de la Ley N° 21.430.
Actualmente, “Chile Crece Más” acompaña a más de 200.000 embarazadas y a más de 1.000.000 de infantes en Chile, protegiéndoles y apoyando a éstos y a sus familias a través de un sistema integrado de intervenciones sociales de carácter universal y otras prestaciones diferenciadas para niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Estas intervenciones parten con el primer control de embarazo, siguiendo con el nacimiento y los controles sanos de la infancia, extendiéndose hasta que cumplen 9 años. ¿Realmente como país deseamos destruir esto? Los 55 “honorables” diputados y diputadas de la República que desean condenar a las familias sepan que están condenando a más de 1 millón y medio de personas que hoy son beneficiarias de esta política pública, es realmente un atentado al bien común y a todo criterio de justicia.
Es un alarido que se suma a los gritos y vociferaciones que las instituciones de nuestro país están dando en son de guerra al desafiar a la Nación toda ante tamañas injusticias impropias de quienes deben ser por definición etimológicas servidores públicos. Es un atentado a la paz social inaceptable, que solo producirá mayores regresiones sociales, pobreza y desigualdad que perturban el derecho a la vida e integridad física y psíquica de las madres, padres, de los infantes y todas las familias, especialmente las más pobres.
Un verdadero llamado a la inestabilidad social y a los conflictos derivados por la injusticia estructural que corroe a la sociedad. Ante la cual, no podrán estos 55 diputados decir que no han sido advertidos del apercibimiento recogido en la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 en su Preámbulo, donde se expresa que: “Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”.
La verdadera paz es fruto de la justicia, no del plomo, el acero o el fuego, solo la justicia dará paz y esta será duradera, de lo contrario, solo se está echando sal a los campos para que nunca vuelvan a germinar.