Por: Carolina Ceballos, El Desconcierto.
«Es altamente reprochable que los mismos sectores políticos que ayer buscaron la impunidad de los graves crímenes cometidos durante la dictadura de Pinochet, hoy pretendan también buscar esos objetivos respecto de los grandes crímenes cometidos durante el estallido social», cuestiona el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH), Carlos Margotta.
Un total de 46 querellas presentó la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) contra los responsables de la afectación que sufrieron decenas de personas en el contexto del estallido social, un tema que la oposición ha puesto sobre la mesa tras el público mea culpa del Presidente Gabriel Boric en la ceremonia previa al funeral de Sebastián Piñera, el viernes último.
“Durante su gobierno, las querellas y recriminaciones fueron en ocasiones más allá de lo justo y razonable”, sostuvo el mandatario en declaraciones que movilizaron a Chile Vamos a pedirle al mandatario el retiro de las acciones judiciales contra la fallecida autoridad.
Fue en este contexto en que la ministra vocera, Camila Vallejo, convocó a este sector a no reaccionar exageradamente a las palabras del Presidente, aclarando además que el gobierno no tiene querellas interpuestas contra Piñera.
¿Qué opciones tiene de incidir en su retiro entonces? Carlos Margotta, presidente CCHDH, es categórico al respecto. «El Presidente Gabriel Boric no tiene ninguna posibilidad de retractarse respecto de querellas criminales que él no ha presentado», aclara.No puede «intervenir en el Poder Judicial»
Siguiendo con su argumentación, detalla que «el 99% de las querellas interpuestas a partir de octubre del 2019, han sido interpuestas por organizaciones de la sociedad civil y organismos de derechos humanos, de manera que no puede retractarse ni retirar querellas que no ha presentado».
«Además, tampoco podría intervenir en el Poder Judicial ni en el Ministerio Público, por ser órganos autónomos e independientes, tratar de influir para que los procesos terminen o se sobresean, sería una invasión de la atribuciones propias de otro poder del Estado», agrega.
Incluso, asegura Margotta, «hay que tener presente que el gobierno del Presidente Boric no solo no presentó ninguna querella, sino que además olvidó su promesa de campaña, cuando dijo que iba a perseguir nacional e internacionalmente la responsabilidad penal que le que cabía a Sebastián Piñera en la comisión de los crímenes contra los derechos humanos ocurridas durante el estallido social».
«Los únicos titulares de la acción penal, y que pueden desistirse, son las víctimas, quienes le han otorgado el poder de representación a los organismos de derechos humanos, como la Comisión Chilena de Derechos Humanos, que ha interpuesto más de 40 querellas a partir del estallido social y, por supuesto, ninguna de ellas ha manifestado su intención de retractarse o retirar las mismas», complementa Margotta.
De hecho, recalca que «por el contrario, lo que anima a los familiares y a las víctimas, y por supuesto a organismos de derechos humanos, como la Comisión Chilena de Derechos Humanos, es el ánimo de establecer la verdad y la justicia respecto de los graves crímenes cometidos durante el estallido social, constitutivo muchos de ellas en crímenes contra la humanidad, que están descritos y sancionados a la Ley 20.357 y cuya gravedad no resulta razonable que se busque la impunidad, por el contrario».
Deceso de Piñera no desestima investigaciones
«El Estado de Chile tiene un conjunto de obligaciones internacionales en esta materia, tiene la obligación, el conjunto de los poderes del Estado tienen el deber de promover la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas y sus familiares, de no hacerlo incurre en una irresponsabilidad internacional», asegura.
Paralelamente, Margotta aclara que «hay que tener presente que la muerte del expresidente Sebastián Piñera, extingue la responsabilidad de él como imputado en las causas en su contra, pero mantiene intacta la posibilidad de seguir investigando a objeto de establecer la verdad y aplicar las sanciones penales correspondientes respecto del conjunto de la otras autoridades políticas, militares y policiales que están imputadas en las querellas presentadas por la Comisión Chilena de Derechos Humanos».
«Cabe recordar que la Comisión Chilena de Derechos Humanos interpuso más de 40 querellas invocando la Ley 20.357, que describe y sanciona los crímenes contra la humanidad y que, en su artículo 35, precisamente habilita y permite accionar judicialmente en contra de las autoridades políticas, militares y policiales que hayan tenido participación en la comisión de crímenes contra la humanidad descritas en dicha ley», releva el presidente del organismo.
Derecho internacional versus Chile Vamos
Finalmente, apunta a la solicitud que se ha hecho reiterativa en Chile Vamos, sector desde donde han intentado presionar al gobierno para que se movilice en función de su propósito. «Es altamente reprochable, en todo caso, que los mismos sectores políticos que ayer buscaron la impunidad de los graves crímenes cometidos durante la dictadura de Pinochet, hoy pretendan también buscar esos objetivos respecto de los grandes crímenes cometidos durante el estallido social», sostiene.
Su necesidad de buscar «la impunidad de los mismos», plantea, no procede, dado que se trata de «una situación que está sancionada por el derecho internacional de los derechos humanos que obliga a los Estados, y al conjunto de sus poderes, a tratar de impedir justamente que los autores cómplices y encubridores de tan graves crímenes queden en la impunidad».
Fuente: El Desconcierto.