Acto Aniversario de celebración 45 años de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, en el Auditorio del Museo de la Memoria. En la actividad se otorgó el Premio Jaime Castillo Velasco a la destacada abogada Rosemarie Bornard y al jurista finlandés, Jacob Soderman. Además, se le rindió homenaje al pueblo palestino en la persona de su Embajadora, Vera Baboun, por su justa lucha por existir.

 


 

DISCURSO ACTO ANIVERSARIO 45 AÑOS, PRONUNCIADO POR CARLOS MARGOTTA, PRESIDENTE DE LA COMISION CHILENA DE DERECHOS HUMANOS

ESTIMADOS AMIGOS Y ESTIMADAS AMIGAS:

Quiero darles la bienvenida a este Acto en que celebramos 45 años de nuestra Institución. En esta oportunidad, lo hacemos en el marco de la Conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, una fecha triste e infame para la historia de Chile y la Humanidad, cuyas consecuencias nefastas aún persisten.

Valoramos el que durante un año, los chilenos y chilenas, especialmente las nuevas generaciones, hayan podido conocer más en detalle los pormenores de la siniestra conspiración que llevaron a cabo representantes de los grandes sectores empresariales de nuestro país que violentaron la voluntad popular impidiendo que se abriera paso un proceso de transformaciones sociales que ampliaba libertades y garantizaba derechos humanos en favor de las grandes mayorías que históricamente habían sido excluidas y marginadas.

Valoramos también que haya quedada develada en forma prístina e irrefutable, a través de la difusión de los nuevos archivos desclasificados de la CIA y de los antecedentes recogidos por investigaciones independientes, la descarada intervención del Gobierno norteamericano, primero para evitar que asumiera Salvador Allende, quien había sido elegido presidente democráticamente, luego, en su injerencia en la política interna para desestabilizar al Gobierno ya en funciones, y posteriormente, en el Golpe de Estado.

Ha sido un año también para recordar a nuestras víctimas, sus historias, sus proyectos de vida truncados, su entrega y compromiso con las más nobles y justas causas. También para acompañar a sus familiares, que hasta el día de hoy claman Justicia y muchos de ellos, todavía exigen saber dónde están sus seres queridos. Y es que si bien valoramos el Plan Nacional de Búsqueda de los Detenidos Desaparecidos impulsado por este Gobierno, su éxito dependerá de que su implementación sea dirigida por gente de experiencia, y fundamentalmente, que exista una estrategia eficaz hacia las Fuerzas Armadas que permita romper definitivamente el pacto de silencio que ha operado durante todos estos años.
Sin embargo, creemos que este año de conmemoración ha estado marcado por una grave omisión. Ninguno de los Poderes del Estado se ha hecho cargo de los graves incumplimientos que el Estado aún tiene con sus obligaciones internacionales en materia de verdad, justicia, reparación y especialmente, de las Garantías de No Repetición.

En efecto, en ningún discurso de las autoridades del Estado hemos escuchado iniciativa alguna que vaya en la dirección de sentar las bases de un genuino Nunca Más fundado en una verdadera y sólida Cultura de los Derechos Humanos.

Durante 33 años de transición, el Estado post dictatorial ha hecho caso omiso de las recomendaciones de los organismos internacionales sobre esta materia, así como de las propuestas de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.

Es así como seguimos con Fuerzas Armadas y Carabineros que no sólo no han sido reestructuradas sino además las nuevas generaciones de oficiales siguen formándose al tenor de la Doctrina de Seguridad Nacional, promovida por el Pentágono para que nuestros uniformados defiendan los intereses norteamericanos en la Región sobre la falsa concepción del enemigo interno.

El Poder Judicial no ha tenido una Reforma profunda y sus autoridades máximas sigue sin reconocer oficialmente el abandono de su deber de administrar Justicia frente a la barbarie sufrida por el pueblo chileno.

Tampoco se ha implementado la recomendación de enseñar los Derechos Humanos tanto en la educación formal como informal, como fundamento de una Cultura de respeto, valoración y defensa de los Derechos Humanos por parte de la ciudadanía.

Lamentamos esta grave omisión, la que no se condice con el deber de cumplimiento de las obligaciones internacionales que tiene el Estado de Chile en materia de Derechos Humanos.

Es por ello que reiteramos, que el mejor homenaje a las víctimas de la política de exterminio implementada por la Dictadura no es la mera recordación de cada una de ellas, sino la adopción de políticas y medidas concretas recomendadas por la comunidad internacional para garantizar en el Nunca Más. Y con ello, un mejor futuro para las nuevas generaciones.

Y es que estos incumplimientos han facilitado no sólo las prácticas represivas por parte de Carabineros y el Ejército, particularmente durante el Estallido Social sino además, han permitido el resurgimiento de movimientos neofascistas que hoy pretenden imponernos una Constitución peor que la del dictador Pinochet, su máximo inspirador.

Al respecto, no hay que olvidar que el fascismo tiene muchas caras, pero un solo objetivo. Umberto Eco, en una Conferencia dictada ante estudiantes de la Universidad de Columbia, en el año 1995, afirmaba que el fascismo triunfa y avanza cuando hay capas medias frustradas por alguna crisis económica ó están desencantadas del sistema político. En nuestra época, en que los antiguos proletarios están convirtiéndose en pequeña burguesía, el fascismo encontrará su público en esta nueva mayoría. Por eso es que esta seria menaza debe prestársele la debida atención.

El neofascismo, disfrazado de populismo de derecha, tal como lo reconoce Steve Bannon, asesor de Trump y de Jair Bolsonaro, seguirá avanzando si los sectores políticos democráticos siguen sin ofrecer soluciones efectivas y reales a los problemas acuciantes de la gran mayoría de la población, especialmente en materia de derechos sociales y seguridad. Respecto del fundado temor de la población a la delincuencia, se debe ofrecer una explicación satisfactoria del fenómeno, y al mismo tiempo, con un enfoque de derechos humanos, elaborar e implementar una política de combate eficaz y eficiente, especialmente del crimen organizado, la corrupción y el narcotráfico.

Es por ello que nosotros nos vemos en la obligación de levantar nuestra voz y a hacer todos los esfuerzos necesarios para evitar que la tragedia de ayer se repita en nuestra Patria.

Como sociedad civil no podemos quedarnos impávidos. Debemos unir nuestros esfuerzos y apoyar la convocatoria a una gran Jornada Antifascista en la que concordemos una agenda común que nos permita frenar el avance neofascista y levantar con fuerza la exigencia del establecimiento de una sociedad democrática fundada en el respeto y garantía de los derechos humanos. Recuperar el protagonismo de la ciudadanía en pos de sus derechos constituye una obligación ineludible para todos y cada uno de nosotros. Entre las iniciativas que debemos empujar en esa agenda, es demandar del Gobierno ponga urgencia al Proyecto de Ley que sanciona el Negacionismo, ingresado hace algunos meses a través de una moción parlamentaria.

En cuanto a la seria amenaza del neofascismo y sus ya declaradas expresiones de Negacionismo, el Relator Especial de Naciones Unidas, Pablo Greiffen, ha señalado que Chile está en medio de “el afloramiento de un pinochetismo cultural y social con claros tintes fascistas”, y lo atribuye a los incumplimientos del Estado Chileno en materia de verdad y justicia junto con las injustificadas ausencias de políticas de prevención. Pero también ha contribuido a su instalación, la normalización de su discurso a través de la tribuna permanente que le otorgan a sus principales exponentes y cultores, los grandes medios de comunicación cuyos propietarios empresariales comparten abiertamente su ideario. Reiteramos la urgente necesidad de acoger lo señalado por el Relator sobre Libertad de Expresión del sistema interamericano, Edison Lanza, quién en el año 2016 a través de un Informe emitido luego de su vista a Chile, concluyera que una tarea pendiente de los sectores
democráticos es garantizar la libertad de expresión poniendo término a la concentración de la propiedad de los medios de comunicación que impide el pluralismo informativo. Y agregaba que no hay democracia posible sin libertad de expresión.

Respecto del intento neofascista de legitimar, a través de esta propuesta de Constitución, el modelo político económico y social impuesto por la Dictadura, la Comisión Chilena de Derechos Humanos ya expresó su opinión institucional. En primer término, denunció la génesis del proceso constitucional ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos por su carácter ilegítimo y antidemocrático, al vulnerar expresas normas contempladas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos a las que el Estado de Chile le debe respeto y debido cumplimiento. Posteriormente, cuando terminó la elaboración del texto, denunciamos ante el ACNUDH su contenido, pues viola normas expresas de derechos humanos consagrados en diversos tratados internacionales de derechos humanos y además, porque vulnera el principio de progresividad y la garantía de no egresividad, pues sus normas hacen retroceder avances obtenidos en derechos humanos, lo que está prohibido por la normativa y la doctrina internacional.

Reiteramos que la Constitución que Chile necesita, es aquella en que su eje rector sea el respeto y garantía de los derechos humanos consagrados en los tratados y demás fuentes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Ello pasa necesariamente por terminar definitivamente con el Estado Subsidiario, por constituir un obstáculo insalvable para el debido resguardo y garantía de los derechos humanos por parte del Estado, particularmente los derechos sociales.

La propuesta constitucional consolida el modelo neoliberal privilegiando el mercado por sobre las obligaciones internacionales del Estado, impidiendo no sólo el debido resguardo y protección de los derechos humanos sino anulando el Contrato Social en sus cimientos, al negar al pueblo de chile su condición de sujeto colectivo con ideales y propósitos comunes, promoviendo en cambio, una relación directa entre el individuo y el mercado. Frente a este nefasto modelo de sociedad, el pueblo ya se rebeló multitudinariamente durante el estallido social. Y sin embargo, persisten en mantenerlo sólo para resguardar sus mezquinos intereses en desmedro de las grandes mayorías excluidas y marginadas.
Esta concepción nefasta que violenta los fundamentos de los Derechos Humanos en cuanto desconoce el rol del Estado y sus obligaciones, niega al mismo tiempo los valores de la solidaridad y la colaboración, pilares en la consecución de grandes conquistas y transformaciones sociales en nuestra Historia patria.

Estamos convencidos que el próximo 17 de diciembre, una mayoría sustancial votará En Contra de esta propuesta y será el primer paso para recomenzar a levantar las banderas de los Derechos Humanos y la Democracia, que nos permitan en su debido momento, contar con una nueva Constitución elaborada entre todos y todas ejerciendo plenamente el derecho de libre determinación que tiene el pueblo chileno a decidir soberanamente su destino.

Estimados amigos y estimadas amigas.

La impunidad de los crímenes contra los derechos humanos cometidos durante el estallido social, sigue consolidándose con la complicidad del Ministerio Público, el Poder Judicial, el Parlamento, y la mayoría de los partidos políticos.

En efecto, de acuerdo a las cifras oficiales de Amnistía Internacional, sólo el 0,25% de las víctimas ha obtenido alguna condena por las denuncias y querellas interpuestas. Esto significa, que de las 10.568 denuncias, sólo 27 han terminado con condenas. Y a lo anterior, cabe agregar que en el 80% de las causas se ha ordenado su cierre y archivo.

El Parlamento ha contribuido con sus proyectos de acuerdo promovidos por los sectores de Derecha que, con la complicidad de los grandes medios de comunicación, han instalado el discurso de la criminalización del estallido social. Las víctimas de la represión estatal no sólo no han obtenido Verdad, Justicia y una justa e integral reparación, sino que han sido estigmatizadas ante el resto de la sociedad.

El Presidente de la República, a su vez, no sólo ha respaldado al Director General de Carabineros, Ricardo Yañez Reveco, imputado en numerosos procesos judiciales y ante la Corte Penal Internacional al igual que Sebastián Piñera y otras autoridades de la época. Además, luego de advertir durante su Campaña presidencial que Sebastián Piñera sería perseguido en instancias internacionales por ser el principal responsable de los crímenes cometidos durante el estallido social, hoy lo ha calificado como un verdadero demócrata.

La impunidad creciente en nuestro país fue representada recientemente por órganos especializados de derechos humanos a nivel internacional. En efecto, Morris Tidball-Binz, Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, y Clément Nyaletsossi Voule, Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, instaron a que las autoridades chilenas tomen medidas urgentes para garantizar la justicia y la reparación adecuada a las víctimas que sufrieron graves violaciones de derechos humanos durante las manifestaciones masivas de 2019-2020 en Chile. Ambos expertos señalaron que «Es fundamental avanzar con el enjuiciamiento y la sanción de los agentes del Estado responsables de los delitos cometidos durante las protestas de 2019-2020» Y concluyeron: «Miles de víctimas siguen esperando justicia, verdad y reparación».

No podemos permitir que la impunidad de muchos de los crímenes cometidos en Dictadura se repita con las graves violaciones a los derechos humanos constitutivas de crímenes contra la Humanidad, ocurridas durante el Estallido Social. Porque además de constituir un grave incumplimiento de una obligación internacional, facilita la repetición de los crímenes. Y es así como el pasado 11 de septiembre, en circunstancias que Denisse Figueroa Silva caminaba junto otras dos personas en compañía de sus hijos, fue alcanzada por dos perdigones disparados por Carabineros mientras reprimía a unos manifestantes. Uno de los perdigones le alcanzó el ojo derecho convirtiéndola en una nueva víctima de trauma ocular. Hemos asumido su defensa, nos hemos querellado y no la abandonaremos hasta obtener la Verdad y la Justicia que ella merece, al igual que todas las víctimas del Estallido Social. Ése es y será, nuestro compromiso!

Las tres víctimas de trauma ocular que sumidas en la desesperanza y la impotencia por no conseguir Justicia decidieron quitarse la vida, dan cuenta que no podemos tolerar el abandono que el conjunto del Estado ha hecho de las víctimas del estallido social.

Respecto de los presos del Estallido Social, seguiremos exigiendo su libertad a través del ejercicio de la facultad presidencial del Indulto. Las graves vulneraciones al derecho al debido proceso que terminaron con condenas injustas privativas de libertad, no pueden ser avaladas con la pasividad cómplice de las autoridades.

ESTIMADOS AMIGOS Y ESTIMADAS AMIGAS

El año pasado, nos comprometimos a incorporar dentro de nuestras preocupaciones institucionales permanentes, el denunciar las violaciones a los derechos humanos que ocurrían en otras latitudes.

Consecuente con ello, hemos denunciado recientemente a través de una Declaración Pública, la política genocida mplementada por el régimen sionista de Israel en contra del pueblo palestino.

En dicha Declaración, señalamos que la matanza de civiles está sancionada como crimen de guerra por el Derecho Internacional, y la normalización de esta conducta ilícita no puede ser aceptada por parte de la comunidad internacional luego de 75 años de la ilegal ocupación por parte del Estado de Israel, que ha traído como consecuencia la muerte de miles de civiles inocentes palestinos.

Además, denunciamos que las declaraciones emitidas por varios Ministros del Gobierno israelí, denotan que lo que está en curso actualmente no es una operación de rescate de rehenes, ó un acto de justicia retributiva, sino una condenable operación de “limpieza étnica”, constitutiva del crimen de genocidio, dirigida en contra del pueblo palestino.

Hoy queremos lamentar que el genocidio no ha sido detenido. Y que el sistema de protección internacional de Derechos Humanos ha mostrado su total ineficacia, especialmente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo que nos interpela a exigir los cambios necesarios que permitan terminar con el poder de veto de Estados Unidos, con el que ha impedido demandar de Israel un alto de fuego que ponga término al genocidio y a la catástrofe humanitaria. El Derecho Internacional debe primar, como condición indispensable para alcanzar la Paz y la Seguridad Internacional, que son los objetivos propios de la Organización de Naciones Unidas.

Amigos y amigas, así como ayer nuestro pueblo recibió una amplia solidaridad internacional de parte de los pueblos del mundo, hoy tenemos el deber de solidarizar con el pueblo hermano de Palestina que lucha hace 75 años por ejercer en paz su derecho de libre determinación y que hoy sufre una política de exterminio que violenta la conciencia de la Humanidad.

Las más de 18.000 víctimas de la agresión sionista, en su mayoría niños y mujeres, además del millón de desplazados de sus propias tierras, nos exigen moralmente a promover y convocar a los chilenos y chilenas, a la más amplia solidaridad con el pueblo palestino que denuncie la falaz narrativa sionista que han recogido las grandes corporaciones mediáticas dominadas por los intereses norteamericanos.

Y es por eso que, en este Acto Aniversario, expresaremos nuevamente nuestra genuina solidaridad a través de un merecido homenaje y reconocimiento que haremos al pueblo palestino, por su justa lucha por ejercer su legítimo derecho a la libre determinación.

Termino mis palabras convocando a unir nuestros esfuerzos, y enfrentar la seria amenaza neofascista, con unidad y generosidad. Será ésta la única posibilidad de victoria frente al neofascismo emergente y un camino seguro para avanzar hacia una sociedad democrática fundada en el pleno resguardo y garantía de los derechos humanos. Ése es nuestro desafío institucional para los próximos tiempos y también nuestro llamado porque, tal como lo señalaba nuestro fundador, Jaime Castillo Velasco, los Derechos Humanos serán respetados, cuando unidos, los exijamos.

¡MUCHAS GRACIAS!


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