Por Josefa Barraza Díaz y Raimundo Gallardo Egaña, El Ciudadano.

El 7 de febrero de 2020, el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos Carlos Margotta, interpuso ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, una querella criminal en contra de Sebastián Piñera, Mario Rozas, Gonzalo Blumel, Ricardo Yáñez, y Rodrigo Delgado, por diversos delitos en el contexto de violaciones a los DDHH, ocurridos durante el estallido social. En el documento -al que este medio tuvo acceso-, una de las razones principales para realizar dicha acción judicial es debido a la implementación de nuevas acciones de control de orden público, por parte de Carabineros en contra de manifestantes.

«Estos nuevos métodos corresponden al empleo de carros lanza gases, carros lanza aguas con un impulso a corta distancia para provocar la caída de cualquier persona que sea impactada; el uso de aguas con sustancias que provocan graves daños a la piel, como asimismo el gas pimienta aplicado a corta distancia (…) el Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico, dio cuenta de un informe denominado «Efectos bombas lacrimógenas y agua guanaco con químicos, en el que se desprende (…) nuevos gases lacrimógenos gas amarillo gas verde y quemaduras por agua del carro lanza aguas mezclada con químicos«, se lee en la ampliación de la querella realizada por Margotta.

En dicho documento también se mencionan diversos casos de personas que resultaron con quemaduras tras haber recibido el impacto de agua de los carros policiales 59, 66, 43, entre otros. Incluso, se relata que estos vehículos de Fuerzas Policiales al «mojarte empieza un ardor y una sensación de quemadura muy fuerte»; lesiones físicas que debieron ser tratadas en centros asistenciales.

Tras las constantes denuncias expuestas en redes sociales, y en medios de comunicación -como fue un reportaje publicado por La Tercera-, respecto a la presencia de gas pimienta y soda cáustica en los carros lanza aguas, el abogado y mayor de Carabineros, Rogelio Requena, interpuso una denuncia por el delito de incumplimiento de deberes militares ante el Segundo Juzgado Militar, con el objetivo de que se investigara la presunta mezcla de agua con soda cáustica en los dispositivos tácticos de Orden Público.

Sin embargo, y tras una investigación realizada por el OS9 de Carabineros, se concluyó que el agua de los carros lanza aguas, específicamente de las muestras líquidas analizadas, corresponden a ph 6, cercano al ph neutral, por lo que este resultado permitió descartar la presencia de ácidos o bases fuertes en todas las muestras analizadas -se detalla en el informe del OS9, al que este medio tuvo acceso-.

Además, por esta causa, el sargento 2° José Luna, declaró que cuando empezó el estallido social, él estaba en los carros lanza aguas, los que por medidas de seguridad son cargados en un grifo en cercanías de la calle Carabineros de Chile.

«Sí, en ese tiempo había un protocolo. Lo único autorizado para usar con el agua es el químico CS (ortocloromenzolmalononitrilo al 15% y diclorometano al 85%), este compuesto es cargado a la unidad, y es la única mezcla de químico que se utiliza. Estas mezclas se encuentran en tambores los cuales están con llave, la cual se solicita en la sala de arma», afirmó Luna en su declaración.

Otro funcionario policial que también declaró fue el suboficial Cristián Vallejos, quien aseguró que no se le echa nada al agua, ya que, hay un estanque aparte para echar químicos y este es «CS el cual viene diluido al 15%», y el que produce irritación en los ojos, puesto que, es lo mismo que el gas lacrimógeno.

A pesar de lo anterior, y tras las conclusiones del informe del OS9, la denuncia del abogado Requena se cerró sin responsables, ya que, no se determinó la presencia de soda cáustica en los carros lanza aguas.

No obstante, El Ciudadano tuvo acceso a un informe del exgeneral director de Carabineros Mario Rozas, y dirigido al exministro Gonzalo Blumel -del 19 de diciembre de 2019-, en el que confirma que el carro lanza aguas posee sustancias químicas, el que es comercializado por las empresas del rubro como «líquido CS», y el que contiene un agente químico denominado o-tocloromenzolmalononitrilo.

«En relación a los procedimientos internos a través de los cuales se verifica que se cumple con el porcentaje máximo del 2% de los compuestos, se puede señalar que las empresas proveedoras que entregan «líquido CS» proporcionan a la institución «hojas de datos de seguridad», y lo hacen cumpliendo la norma chilena 2245 (…) todos los hechos que han transgredido cumplimiento de los protocolos administrativos desde el inicio de la contingencia nacional, han generado sumarios administrativos (…) preliminarmente y en vista del tiempo, se puede indicar que no se ha tomado conocimiento respecto del incumplimiento especifico del uso de disuasivos químicos en los vehículos lanza aguas, situación que se certificará una vez que revisen todas las bases de datos que existen al respecto», se lee en el oficio «Composición de líquido utilizado por vehículos tácticos lanza aguas».

Respecto a lo anterior, el exministro de Salud, Jaime Mañalich, también recibió un oficio de Mario Rozas -del 10 de enero de 2020-, en donde le describió la utilización de la mezcla líquida química en el carro lanza aguas. Esto tras ser consultado por Mañalich sobre la presunta presencia de soda cáustica en el agua del vehículo policial.

Pero, ¿qué es el líquido CS?

Según la Cartilla Técnica del Sistema de Calidad de Fábricas y Maestranzas del Ejército de Chile (FAMAE), el CS es el nombre común que recibe el o-clorobenzalmalononitrilo, una sustancia que es utilizada en el control de tumultos de gente y es el más utilizado en este fin debido a que no es letal.

«El líquido CS 12% es una mezcla de CS en una concentración al 12% y un solvente no inflamable como excipiente. El ingrediente activo es el CS, un agente químico estable, que produce la irritación de las mucosas, ojos, y vías aéreas y, por lo tanto, tiene un efecto disuasivo fuerte. Este agente químico es un agente irritante que se utiliza para el control de muchedumbre, dispuesto en tambores metálicos con capacidad de 208 litros el cual contiene 180 litros de mezcla que utiliza Carabineros de Chile para ser disuelta en agua. El elemento activo es el CS el cual es un elemento tóxico«, se detalla en la cartilla.

El proveedor del CS líquido es el FAMAE, con una marca en etiqueta de 6.1, es decir, tóxico. Incluso, en la «Hoja de Datos de Seguridad» se informa que es peligroso para la salud de las personas. En el caso de inhalación, provoca irritación de las vías respiratorias, estornudos, tos, vértigo, somnolencia, dolor de cabeza, náuseas, jadeo, dolor de garganta, pérdida de conocimiento.

Si hay contacto en la piel, podría causar irritación, reacciones alérgicas, enrojecimiento de la piel, y sensación de ardor. Y en el caso de contacto con los ojos, habría lagrimeo, irritación de ojos, enrojecimiento, intolerancia a la luz y ceguera temporal; y en la situación de ingesta, se produce dolor abdominal, vértigo, dolor de garganta, náuseas, diarrea, espasmos y convulsiones.

Sin embargo, también es peligroso para el medioambiente, puesto que, se debe prevenir la contaminación de la tierra y el agua, lo cual es provocado por esta sustancia. Es más, en esta hoja de datos, hay un encuadre de primeros auxilios en caso de tener contacto con el líquido CS.

Además, en un informe realizado por la Secretaría General de Carabineros el 5 de noviembre de 2021, entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020, la institución policial utilizó a nivel nacional 16.575 litros de líquido CS.

A pesar de la toxicidad del líquido CS utilizado en los carros lanza aguas, su uso está completamente regularizado en el «Protocolo para el mantenimiento de orden pública», en el que se menciona que las Fuerzas Especiales (FF.EE) podrán utilizar técnicas de lanzamiento de agua «ya sea de agua pura o mezclada con líquido lacrimógeno CS, dependiendo de la actitud de los manifestantes».

Para Daniel Soto, abogado y coronel en retiro, el Estado tiene el monopolio de la fuerza y puede emplearla internamente para la aplicación de la ley. El problema es que aun siendo legítimo su uso siempre tiene consecuencias dañinas, por eso uno de los principios que regula la fuerza policial plantea que la fuerza debe ser “proporcional” al fin lícito buscado. Entonces la policía tiene la obligación de emplear siempre mínimo de fuerza.

-Por lo que el mantenimiento del orden público se entiende internacionalmente que la policía puede emplear agentes químicos en condiciones bien delimitadas que son: para incapacitar a manifestantes violentos y mediante exposiciones muy acotadas. Si el gas se emplea de forma indiscriminada, y si afecta a personas que no cometen delitos, en grandes concentraciones o de forma prolongada, existe un uso ilícito-, explica Soto.

Carlos Gutiérrez, profesor de Ciencias Forenses, Chaminade University of Honolulu -y exfuncionario del Laboratorio de Carabineros-, afirma que, si bien estos químicos son de uso para el control de Orden Público, existen estudios desde un punto de vista forense y de derechos humanos, que confirman que son productos tóxicos tanto para la persona que lo recibe, como para quien lo manipula (carabineros) puesto que, afectan al sistema respiratorio, al sistema nervioso central, y al corazón. Incluso, Gutiérrez revela que este año se cambió la fórmula para reducir los efectos secundarios, los que pueden ser irritantes como provocar hemorragias pulmonares.

Según Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, en el marco del cuarto aniversario del estallido social, una de las cuestiones que señalaron al Estado todos los organismos intergubernamentales y organizaciones internacionales, fue que debía revisarse de manera profunda el tipo de armas que se usaban en manifestaciones, pero, actualmente sigue siendo utilizadas por Carabineros la escopeta antidisturbios y las bombas lacrimógenas.

-A ello se agrega que los carros lanza aguas continúan teniendo sustancias muy tóxicas que pueden generar daño a la salud de las personas. Además, el problema es que se ha utilizado en grandes cantidades y muchas veces en forma indiscriminada. Carabineros y el Gobierno deberían revisar el conjunto de «armas menos letales» que tiene dicha institución, tanto en sus compuestos como en sus protocolos de uso. Esa revisión debiera ser acorde “Guidance on Less-Lethal Weapons in Law Enforcement” de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. de 2020-, enfatiza el director ejecutivo.


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