Por: Sergio Jara Román, El Desconcierto.

La responsabilidad del Presidente Sebastián Piñera y otros funcionarios públicos en las violaciones a los Derechos Humanos (DD.HH.), durante y posterior al estallido social del 18 de octubre de 2019, ha cobrado relevancia luego que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago autorizara, el pasado 14 de julio a la fiscal Regional de Valparaíso Claudia Perivancich, citar a declarar “cuantas veces sea necesario” al mandatario. Cinco días después, de hecho, Piñera tuvo que prestar su primer testimonio, acompañado de los abogados Samuel Donoso y Gabriel Campos.

En el interrogatorio de 11 páginas, del cual La Tercera publicó algunos extractos, pero que hoy El Desconcierto da a conocer íntegramente (descarga acá o revísalo al final de esta nota), Piñera dice haber tomado acciones concretas para garantizar los DD.HH. y el orden público, situación que ha sido cuestionada ampliamente por agrupaciones de víctimas e informes internacionales. Pero también habla sobre el contexto en el que pronunció la frase “estamos en guerra en contra de un enemigo poderoso” y los informes de inteligencia que recibió el gobierno del Ejército y de la ANI sobre el 18-O.

El ministro de Defensa Alberto Espina me informó que había antecedentes, que a su turno había recibido de las FF.AA., probablemente de la Unidad de Inteligencia del Ejército. Yo no leí ese informe, pero entiendo que en él se daba cuenta que habrían ingresado al país ciudadanos extranjeros, principalmente cubanos y venezolanos, que podrían haber participado en los hechos de violencia. Yo le pedí que esos antecedentes los pusiera en poder de la Fiscalía”, dijo Piñera tras ser consultado por el Ministerio Público.

Tanto la frase como el involucramiento de extranjeros en las protestas en Chile fue polémico. El primero le costó el rechazo transversal del país y provocó un agudizamiento de las manifestaciones, mientras que el segundo fue filtrado al mismo diario La Tercera, medio que no contrastó la información generando un fuerte rechazo de los venezolanos y cubanos que viven en el país. El diario luego tuvo que reconocer el error y pedir disculpas, mientras que la fiscalía ha dicho que no hay antecedentes que vinculen a extranjeros en los ataques al Metro.

La causa que sigue Perivancich contra Piñera tiene relación con una serie de querellas que han interpuesto, entre otros, Nicolás Toro, Oscar Castro, el senador Alejandro Navarro, Leonardo Rissetti (de Revolución Democrática) y Carlos Margotta, de la Comisión Chilena de Derechos Humanos.

A continuación, El Desconcierto transcribe textual parte del interrogatorio y pone a disposición el documento completo, dada su relevancia en materia de DD.HH:

(Fiscalía) ¿Contaba el gobierno, y en particular usted, con informes de inteligencia -análisis de redes sociales y otros- que anticiparan el escenario de alteración del orden público que se sucedió a raíz del alza de la tarifa del Metro decretada el 01.10.2019?

(Sebastián Piñera) Existe un sistema de inteligencia a cargo de la ANI que colabora con el Presidente, pero no hubo ninguna advertencia concreta y específica sobre un desenlace de hechos como los vividos el 18 de octubre de 2019.

-¿Es efectivo que la ANI había hecho llegar a la Gerencia de Metro y al Ministerio de Transportes un informe de inteligencia el 08.10.2019 anticipando “hechos más allá de las evasiones”? ¿Conoció ese informe antes del 18 OCT.?

Yo no conocí ningún informe de la ANI que anticipara en forma concreta y específica los hechos del 18 de octubre en adelante. Como Presidente he conocido los informes que hace llegar la ANI, a través del Ministerio del Interior, pero eran de carácter general.

-¿Es efectivo que, a pocos días del 18.OCT.2019, usted y el ministro de Defensa de entonces, señor Alberto Espina, recibieron un informe de la Dirección Nacional del Ejército (DINE) que afirmaba que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), había logrado introducir en Chile «un batallón de 600 agentes clandestinos, expertos en guerrilla urbana», para llevar a cabo operaciones de insurrección en el país. ¿Qué validez se le dio a este informe y qué acciones determinó el mismo desde entonces?

El ministro de Defensa Alberto Espina me informó que había antecedentes, que a su turno había recibido de las FF.AA., probablemente de la Unidad de Inteligencia del Ejército. Yo no leí ese informe, pero entiendo que en él se daba cuenta que habrían ingresado al país ciudadanos extranjeros, principalmente cubanos y venezolanos, que podrían haber participado en los hechos de violencia. Yo le pedí que esos antecedentes los pusiera en poder de la Fiscalía.

A su pregunta: La única decisión que se adoptó en función de ese informe fue poner los antecedentes a disposición del Ministerio Público. No hubo otra decisión adoptada en función del informe. He aprendido a ser muy prudente con este tipo de informes.

A su pregunta: No, la decisión de decretar Estado de Excepción no obedece a dicho informe porque, de hecho, en ese instante aún no lo conocía. Mi decisión obedece al estado grave de alteración del orden público (OP), a la violencia desatada y al hecho de que las Fuerzas de Orden y Seguridad estaban siendo superadas por la ola de violencia y el OP no estaba siendo debidamente resguardado.

A su pregunta: Yo tuve una reunión con el general Iturriaga antes de decretar el Estado de Emergencia, la noche del 18.OCT. para explicarle la naturaleza de las funciones que debía asumir como jefe de la Defensa Nacional. Le planteé que la razón para decretar el Estado de Emergencia eran los saqueos, incendios, principalmente atentados incendiarios a estaciones de metro y edificios públicos, privados, los atentados contra la infraestructura pública y privada y gravísimas alteraciones al OP. En estas circunstancias, Carabineros se vio superado por la violencia, porque no tenía la capacidad humana ni material para asegurar el resguardo del OP. Así me lo planteó el ministro del Interior después de hablar con el general Rozas. Le dije al general Iturriaga que su misión era resguardar el OP con pleno respeto a los DD.HH. y el Estado de Derecho.

La violencia inusitada que sufrimos el 18 de octubre nos llevó a decretar Estado de Emergencia, el cual siempre quisimos que fuera lo más breve posible. Dada la violencia inusitada y que el Estado de Excepción de Emergencia no se aplicaba desde hacía décadas, siempre buscamos que las Fuerzas de Orden y Seguridad resguardaran el orden público lo antes posible para restablecer la normalidad constitucional, y con pleno respeto por el Estado de Derecho y los DD.HH. Desde el mismo 18 de octubre empezamos a tomar distintas medidas de prevención para resguardar los DD.HH., como tomar contacto con los organismos de DD.HH. e invitarlos a Chile a observar e informar la situación y recomendar medidas para proteger mejor los DD.HH. Adicionalmente, coordinamos acciones con el Poder Judicial, Ministerio Público, INDH, Defensoría de la Niñez, y la Defensoría Penal Pública para asegurar el cumplimiento de sus funciones.

-¿La frase «estamos en guerra contra un enemigo poderoso…» que usted pronunció el 20.10.2019 fue definida y consensuada en alguna instancia de asesoría comunicacional? ¿Cuál fue el propósito?

No. Nunca se acordó expresar esa frase en ningún comité comunicacional o político del gobierno. Es una frase retórica, no literal, que ocupo con mucha frecuencia. Suelo decir que estamos en guerra contra el COVID, contra el narcotráfico o contra la pobreza, procurando así identificar males que hay que combatir. El 20.10.2019 asistí a una reunión en dependencias de las FF.AA. en la que estaba el ministro de Defensa, el comandante en Jefe del Ejército y el jefe de la Defensa. Hicimos una evaluación de los hechos de violencia que se había incrementado en magnitud y gravedad y que se estaban extendiendo a todo Chile. A la salida de esa reunión hice una declaración en la que reafirmé el compromiso del gobierno de resguardar el orden público y enfrentar estos hechos con los instrumentos que establece la Constitución y la ley. Yo me estaba refiriendo obviamente a la violencia y destrucción y no, por cierto, a los manifestantes. De hecho, en esa misma declaración, si se escucha completa, hago un reconocimiento y valoración del derecho a manifestación pacífica de los ciudadanos. Durante todos los hechos posteriores al 18 de octubre, incluido el periodo de excepción, siguió en plena vigencia el Estado de Derecho, funcionando con total autonomía el Poder Judicial, PL, el Ministerio Público, el INDH y la Defensoría de la Niñez y se mantuvo en todo momento la libertad de prensa y la libertad de expresión.

-Tras el 18 de octubre diga cuáles fueron las principales instrucciones impartidas por usted, como jefe de Estado, al ministro del Interior y subsecretario del Interior.

Una de las principales preocupaciones que tuve como Presidente fue mantener el orden público y proteger la seguridad de la ciudadanía, pero con pleno respeto al Estado de Derecho y con absoluta protección de los derechos humanos de todos. Por eso, instruí al ministro del Interior que adoptara todas las providencias para que así ocurriera, siempre y en todo lugar, tiempo y circunstancia. El ministro del Interior implementaba estas instrucciones directamente o a través de los subsecretarios de su cartera.

En ese sentido, le pedí al ministro del Interior que velara porque, ante cualquier eventual abuso en el uso de la fuerza, se iniciaran los sumarios administrativos correspondientes, se pusieran todos los antecedentes a disposición del Ministerio Público, se apartara al funcionario involucrado de funciones operativas y se siguiera una política de total transparencia, subiendo la información respectiva a las plataformas web de los ministerios.

Personalmente me contacté con otros poderes del Estado, Ministerio Público, INDH, Defensoría de la Niñez, para ofrecerles todo el apoyo logístico, de recursos de movilidad, para que pudieran cumplir el rol que les corresponde en defensa de los DD.HH. Lo mismo hicimos con la Defensoría Penal Pública.


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