Por Leonardo Buitrago, El Ciudadano.
«El extenso listado de adhesiones así como la amplitud de los sectores sociales organizados y personalidades que expresaron su voluntad de adherir a la Denuncia, refleja de un modo inequívoco el anhelo mayoritario de impedir que los graves crímenes de lesa Humanidad cometidos por el Gobierno presidido por Sebastián Piñera, queden en la Impunidad, como ocurrió en la historia reciente de nuestro país. Y que el nuevo proyecto de sociedad que aspiramos construir debe fundarse en la Justicia», indicó la CHDH en un comunicado.
Fabiola Campillai y Gustavo Gatica, ambos cegados por disparos de bombas lacrimógenas y balines efectuados por Carabineros, encabezan el extenso listado de personas que junto con las más de 300 organizaciones sociales nacionales y más de 20 organizaciones del exterior se adhirieron a la denuncia presentada ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), por la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CHDH), en conjunto con tres organizaciones internacionales contra el presidente Sebastián Piñera..
La denuncia que fue presentada el pasado 29 de abril, es patrocinada además por la Fundación Internacional Baltasar Garzón, la Asociación Americana de Juristas y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia, solicitó que el tribunal internacional inicie una investigación que permita enjuiciar y sancionar al mandatario y a sus colaboradores civiles, militares y policiales, por crímenes de lesa humanidad cometidos de manera generalizada y sistemática desde Octubre de 2019.
El escrito con el respectivo listado, remitido a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, incluye la adhesión de las organizaciones de familiares y víctimas de la represión post 18 Octubre, así como de organizaciones de derechos humanos y de familiares de víctimas de la época de la Dictadura y sitios de Memoria, junto con organizaciones feministas, sindicales, de derechos humanos sectoriales, de las Culturas, indígenas, ambientalistas, migrantes, estudiantes y pobladores, ollas comunes y organizaciones barriales, artistas e intelectuales, organizaciones de la diversidad sexual, colegios profesionales, juntas de vecinos, además de decenas de organizaciones del exterior, integradas por chilenos y nacionales de los respectivos países, tanto de Europa como de América Latina.
«El extenso listado de adhesiones así como la amplitud de los sectores sociales organizados y personalidades que expresaron su voluntad de adherir a la Denuncia, refleja de un modo inequívoco el anhelo mayoritario de impedir que los graves crímenes de lesa Humanidad cometidos por el Gobierno presidido por Sebastián Piñera, queden en la Impunidad, como ocurrió en la historia reciente de nuestro país. Y que el nuevo proyecto de sociedad que aspiramos construir debe fundarse en la Justicia», indicó la CHDH en un comunicado.
La organización agradeció a todas las organizaciones que colaboraron en la implementación exitosa de esta iniciativa.
Justicia ante crímenes de lesa humanidad
Para justificar la intervención de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), uno de los principales argumentos es el cierre de 3.050 causas por violaciones a los derechos humanos que debían ser investigadas por el Ministerio Público y que están asociadas a las manifestaciones registradas desde finales de 2019.
“Los hechos acontecidos tras el estallido social revisten categoría, creemos, de crímenes de lesa humanidad. La denuncia ante la fiscalía de la Corte Penal Internacional quiere poner de manifiesto la impunidad que se esta viviendo en Chile”, indicó el abogado Baltazar Garzón en declaraciones ofrecidas a CIPER al momento de presentar la denuncia..
El requerimiento plantea que es necesaria la intervención de la CPI debido a que en el país estos casos son erróneamente calificados como delitos comunes y su investigación ha sufrido demoras injustificadas y actuaciones que no se ajustan al principio de igualdad ante la ley.
“(Los casos) son fraudulentamente calificados e investigados en Chile como delitos comunes, con el deliberado propósito en primer lugar, de sustraerlos de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y en segundo lugar, para preparar las condiciones que permitirían favorecer su posterior impunidad con la eventual aplicación de las reglas de la prescripción, o mediante la aplicación de posibles indultos, amnistías o leyes de punto final. Además, los organismos del Estado encargados de investigar y juzgar, como lo son el Ministerio Público y el Poder Judicial, han tenido una demora injustificada en la sustanciación de estos procesos y sus actuaciones no revisten la necesaria independencia e imparcialidad y el debido respeto por el principio de Igualdad ante la Ley. Todo ello hace procedente y necesario el ejercicio de la jurisdicción complementaria de la Corte Penal Internacional”, señala el texto presentado ante la CPI.
Asimismo plantea que el «elevado número de víctimas y el impacto que estas violaciones tienen en la población chilena y en la opinión pública internacional son de una gravedad tal, que se hace necesario abrir investigaciones por parte de la Corte”, insiste el escrito presentado por Baltasar Garzón, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la AAJ y el CRED.
El requerimiento recuerda que las conductas denunciadas no son aisladas o independientes, sino que se enmarcan en un plan destinado a llevar a claro un ataque organizado, masivo, extenso y sistemático contra la población civil, «con el objetivo de reprimir las manifestaciones de disenso y contener las demandas sociales, ejerciendo intimidación política mediante el uso de la brutal violencia policial”.
“La naturaleza generalizada y sistemática de las violaciones cometidas, se confirma por el gran número de víctimas provocadas, por la extensión geográfica del ataque, por la extensión temporal del ataque y por el involucramiento directo en la comisión de los crímenes por un aparato organizado de poder encabezado por el Presidente de la República y que se revela en toda la línea de mando de las instituciones castrenses y de orden y seguridad (Carabineros de Chile y Fuerzas Armadas)”, plantearon el abogado Garzón, la CHDH, la AAJ y el CRED) en el texto
Por su parte, el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el abogado Carlos Margotta, explicó que la medida busca sancionar a las máximas autoridades del país, incluyendo a los sucesivos ministros del Interior y Defensa, así como a los generales directores de Carabineros.
En declaraciones a CIPER subrayó que “los tribunales chilenos han incumplido su deber de administrar justicia”.
Fuente de la nota: El Ciudadano.