Por: The Clinic.

La acción judicial interpuesta por la Comisión Chilena de Derechos Humanos apunta a que las autoridades acusadas han intervenido en contrataciones iregulares y pagos injustificados por servicios no otorgados.

La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) informó que este viernes el 7º Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella interpuesta en contra del presidente Sebastián Piñera, el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, y el ex Subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, por el presunto delito de corrupción en las estrategias sanitarias implementadas durante la pandemia del Covid-19.

 

El organismo detalló en un comunicado que la acción judicial se centra en los resultados de la auditoria realizada por la Contraloría sobre la habilitación de residencias sanitarias, acusando que existen graves antecedentes que hacen necesario investigar, establecer la responsabilidad y sancionar a los querellados, con las penas de presidio e inhabilitación absoluta perpetua para cargos u oficios públicos, conforme su participación como autores, cómplices o encubridores, de acuerdo a la penalidad asignada a los delitos de corrupción denunciados.

La querella sostiene que los delitos por los cuales debe perseguirse la responsabilidad penal de las mencionadas autoridades públicas, corresponden a Fraude al Fisco, en razón de haber intervenido en contrataciones iregulares y pagos injustificados por servicios no otorgados, como es el caso de Hotel Alto del Sol de la comuna de Mejillones por $513 millones o el caso del Hotel Clínico de Santiago por $205 millones, por atenciones a “pacientes fantasmas” que se encontraban fuera del país en fecha anterior al período de pandemia en Chile.

Además, se ha denunciado que existe responsabilidad penal por los delitos de Negociaciones Incompatibles y Tráfico de Influencias, en tanto las autoridades se han interesado en las negociaciones, contratos y operaciones desde una posición de ventaja, influyendo en las decisiones que produce derivación de beneficios económicos, como es el caso de la “doble contratación” del denominado Hospital de Emergencia Huechuraba (Espacio Riesco), por $2.900 millones.

Finalmente, la CCHDH recalca que “la corrupción es un factor determinante que horada las bases de la democracia, desviando recursos públicos necesarios para que los Estados atiendan oportuna y suficientemente a los sectores más vulnerados de nuestra sociedad. Los actos de corrupción amenazan en definitiva, la calidad de vida y la seguridad de las personas, fomentan la desigualdad y socavan la confianza de la opinión pública, atentando contra normas expresas contenidas en tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, y por tanto obligatorias en su cumplimiento, para todos los Órganos y Poderes del Estado”.

Fuente: The Clinic.

Imagen de portada: Agencia Uno.