Por Margarita Bastías (ANSA) – Santiago de Chile, 04 de noviembre – El presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta, dijo desconocer las fuentes del actual ministro interino de Interior, Francisco Galli, según las cuales menos del 10% de los detenidos por el estallido social del 18 de octubre de 2019 se encuentran encarcelados

«Las cifras nuestras demuestran que la cantidad de presos políticos que están bajo prisión preventiva son 288 y 216 están bajo arresto domiciliario. Estos números son del Ministerio Público, no son cifras que hayamos recogido de fuentes informales», detalló Margotta en diálogo con ANSA

A raíz del rechazo del gobierno a aplicar un indulto como pidió el partido de izquierda Convergencia Social, Galli aseguró que por Ley de Seguridad del Estado se presentaron 219 querellas contra 1.073 imputados, de los cuales tres están en prisión preventiva.

Añadió que el resto de los encarcelados se distribuyen por desordenes públicos, control de armas o agresión a Carabineros (64); saqueos (58); incendios a las estaciones de Metro (7); otros incendios (5; delito terrorista (3)

Galli resumió que de los 1.782 imputados por mas de 534 querellas presentadas hace un año, 103 personas han recibido condena, hay 145 en prisión y 302 con medidas cautelares

Margotta replicó que la Comisión Chilena de Derechos Humanos no solo ha denunciado la cantidad de personas privadas de libertad «sino también las duras condiciones procesales, la falta de respeto al principio de inocencia, al principio jurídico que la prisión preventiva no puede ser la regla general, el permanente interés de los abogados del Ministerio del Interior que en sus alegatos ante las Cortes de Apelaciones tratan de revocar las modificaciones a las medidas cautelares que han decretado los juzgados de garantía»

Opinó que «el interés del gobierno, a través de sus abogados, ha sido siempre mantenerlos privados de libertad con grave vulneración a normas y principios que transgrede el debido proceso y normas expresas de pactos y convenciones de derechos humanos»

Para el activista humanitario, las declaraciones del «ministro del interior interino constituyen una falacia y una forma de distorsionar la realidad de modo grosero»

La Comisión sigue atenta el proceso constituyente que surgió a partir de las manifestaciones sociales y que se ratificó tras el triunfo del Plebiscito del 25 de octubre que aprobó la redacción de una nueva Constitución en reemplazo de la Carta Marga de 1980 hecha y aprobada bajo dictadura y que rige aún hasta la fecha

«Nosotros hemos promovido desde hace mucho años la necesidad de que el pueblo chileno pueda ejercer el derecho de libre determinación, consagrado en el artículo primero del pacto de derechos civiles y políticos, el cual significa establecer soberanamente su condición política que se expresa en la elaboración de una constitución», argumentó el abogado

Recalcó que venían «bregando hace muchos años, antes del estallido social porque la Constitución actual es un obstáculo para el respeto y garantía de los derechos humanos»

Para la Comisión, añadió, la nueva Carta Magna que redactará una convención de 155 miembros «no parte de una hoja en blanco sino que hay un marco referencial obligatorio, que son los pactos y convenciones de derechos humanos suscritos por el estado de Chile. Esto significa que ni un artículo ni ninguna disposición puede ir en contra de las normas que están contenidas en esos pactos, por el carácter obligatorio que tienen».

Por AnsaLatina, publicado en Clarín (Argentina).


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