Por: The Clinic.
Desde el organismo pidieron al Gobierno considerar lineamientos internacionales en esta materia.
En medio de la discusión en el Congreso del proyecto de Ingreso Familiar de Emergencia, la Comisión Chilena de Derechos Humanos instó al Gobierno a reevaluar la iniciativa, la que calificaron de “insuficiente” por sus montos y extensión.
En una declaración pública, el organismo pidió considerar los lineamientos internacionales en la materia aunque esto signifique un aumento en la deuda pública “a niveles razonables”. “Cabe recordar que la pobreza propicia la privación sistemática y grave de los Derechos Humanos y, que el proyecto de ley enviado por el Gobierno, no alcanza a cubrir la línea de la pobreza, lo que lo convierte en una iniciativa absolutamente insuficiente”.
Fuente: The Clinic.
La declaración íntegra, a continuación:
DECLARACIÓN PÚBLICA
En relación al Proyecto de Ley del Gobierno sobre Ingreso Familiar de Emergencia, en actual tramitación legislativa, la Comisión Chilena de Derechos Humanos desea declarar lo siguiente: Nuestra Institución aspira a avanzar hacia el establecimiento de una sociedad plenamente democrática basada en el pleno respeto y garantía de los derechos humanos. Para ello, resulta indispensable que el Estado chileno cumpla con las obligaciones contraídas en virtud de la suscripción y ratificación de los diversos Pactos y Convenciones sobre la materia, entre los que se cuentan, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y la Convención Americana de Derechos Humanos. En abril pasado, y en consonancia con lo expresado por el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, los dos órganos de protección que estableció la Convención Americana de Derechos Humanos, dictaron sendas Resoluciones dirigidas a los Estados suscriptores de la Convención, en las que estableció estándares y recomendaciones para enfrentar la pandemia del Covid-19. En efecto, tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos expresaron “que las medidas adoptadas por los Estados en la atención y contención de la pandemia, deben tener como centro el pleno respeto de los derechos humanos” al mismo tiempo que convocaron a los Estados a no olvidar
que los problemas y desafíos, deben ser abordados “respetando las obligaciones internacionales”.
Particular relevancia para el debate legislativo en curso, dice relación con lo señalado por la Comisión Interamericana, que convoca a los Estados a una efectiva protección social, incluyendo, entre otros, el otorgamiento de subsidios, rentas básicas u otras medidas de apoyo económico, para lo cual se debe disponer y movilizar el máximo de los recursos disponibles, incluyendo acciones de búsqueda permanente de dichos recursos a nivel nacional y multilateral, para hacer efectivo el derecho a la salud y otros DESCA, con objeto de prevenir y mitigar los efectos de la pandemia sobre los derechos humanos, incluso tomando medidas de política fiscal que permitan una redistribución equitativa, incluyendo el diseño de planes y compromisos concretos para aumentar sustantivamente el presupuesto público para garantizar el derecho a la salud. En este mismo sentido, la Corte IDH, señaló que “se debe velar porque se preserven las fuentes de trabajo y se respeten los derechos laborales de todos los trabajadores y trabajadoras. Asimismo, se deben adoptar e impulsar medidas para mitigar el posible impacto sobre las fuentes de trabajo e ingresos de todos los trabajadores y trabajadoras y asegurar el ingreso necesario para la subsistencia en condiciones de dignidad humana. En razón de las medidas de aislamiento social y el impacto que esto genera en las economías personales y familiares, se deben procurar mecanismos para atender la provisión básica de alimentos y medicamentos y otras necesidades elementales a quienes no puedan ejercer sus actividades normales, como también a la población en situación de calle”.
La Comisión Chilena de Derechos Humanos estima que estos lineamientos deben ser incorporados en la discusión legislativa, y por tanto, los montos y extensión del ingreso familiar, deben establecerse según los criterios señalados, haciendo uso de los recursos fiscales que el Estado posee, aumentando su deuda pública a niveles razonables, tal como lo han sugerido diversos economistas transversalmente, a la vez que se deben tomar medidas específicas para aumentar el patrimonio fiscal, como gravar el patrimonio de las grandes fortunas y terminar con las exenciones tributarias para las grandes empresas, entre otras medidas. La desigualdad estructural propia del modelo vigente, que impide que millones de chilenos y chilenas puedan ejercer derechos sociales básicos como la salud, el trabajo y una remuneración justa, y por tanto, a acceder a condiciones de vida dignas, se ha expresado con toda su crudeza con ocasión de la pandemia. El surgimiento del hambre y las ollas comunes como esfuerzo solidario colectivo para mitigarla, comienza a constituirse en un fenómeno masivo.
Cabe recordar que la pobreza propicia la privación sistemática y grave de los derechos humanos y, que el Proyecto de Ley enviado por el Gobierno, no alcanza a cubrir la línea de la pobreza, lo que lo convierte en una iniciativa absolutamente insuficiente.
En consecuencia, el Gobierno y el Parlamento, deben procurar que en toda iniciativa legislativa dirigida a enfrentar los efectos económicos y sociales de la pandemia, primen sólo los intereses y necesidades de la gran mayoría de los chilenos y chilenas, adoptando para ello los criterios sugeridos por Naciones Unidas y el sistema interamericano. No hacerlo, importará aumentar el descrédito internacional del Estado de Chile en materia de respeto y cumplimiento de los pactos y convenciones a que se encuentra obligado, cuyo reproche por la violación grave, masiva y sistemática de los derechos humanos cometida durante el estallido social, ya fuera consignado y representado en los cuatros informes elaborados por organismos internacionales.
COMISION CHILENA DE DERECHOS HUMANOS
Santiago, 9 de Mayo de 2020.-