Su presidente, Carlos Margotta, explicó que las medidas anunciadas por el Ejecutivo para ayudar a las víctimas de traumas oculares son una «burla», ya que por ejemplo, de las más de 400 personas que han sufrido daños de este tipo, el 26,2% pertenece a la región de La Araucanía y para poder atenderse, debe viajar a Santiago, ya que el programa sólo se hace cargo del tratamiento en el Hospital Salvador. Así, las víctimas deben costear sus pasajes, estadía, alimentación, entre otros gastos.


 


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